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Así están las cargas en el debate por reformar al Ejército y la Policía

  • La pregunta de si el Ejército y la Policía necesitan reformas se instala en el debate público. Foto: Colprensa.
    La pregunta de si el Ejército y la Policía necesitan reformas se instala en el debate público. Foto: Colprensa.
  • Carro en el que se transportaba Juliana Giraldo con su esposo, en el Cauca.
    Carro en el que se transportaba Juliana Giraldo con su esposo, en el Cauca.
  • Así están las cargas en el debate por reformar al Ejército y la Policía
Juan Diego Quiceno Mesa | Publicado el 27 de septiembre de 2020

Volver a esa secuencia de momentos, recorrer con él su desesperada búsqueda de compresión: “No tenemos armas, no tenemos droga, no llevamos nada. No tenemos nada”. Y tras cada asomo de duda, de qué pasó, por qué pasó, la sentencia: “Me mataron a Juliana”.

Las imágenes divulgadas esta semana muestran cómo, en una carretera en el norte del Cauca, Francisco Larrañaga corre alrededor del cuerpo muerto de su esposa y ‘esquiva’ el silencio y quietud de los hombres de camuflado que permanecen allí con sus fusiles en dirección al suelo.

De uno de ellos salió la bala que mató a Juliana Giraldo, una mujer de 38 años que se movilizaba junto a su esposo hacia Corinto. Viajaban desde Miranda, donde ambos vivían: él comerciando pollo y pescado; ella soñando con su propio salón de belleza. La mañana de ese jueves 24 de septiembre se encontraron con el Batallón de Alta Montaña N.°8 José María Vesga, del Ejército. Tras una confusa situación que está siendo investigada, Francisco perdió a Juliana ese jueves.

Carro en el que se transportaba Juliana Giraldo con su esposo, en el Cauca.
Carro en el que se transportaba Juliana Giraldo con su esposo, en el Cauca.

Las horas desde su asesinato han transcurrido rápido en Colombia, en medio de señalamientos, anuncios de investigación y muchas preguntas. Además, el país ha asistido a intentos de reconciliación entre los protagonistas de varios de estos hechos y también ha visto otro factor de polarización entre quienes defienden a una institución clave para la democracia y los que piden cambios de fondo para garantizar su permanencia y apoyo ciudadano. ¿Necesitan una reforma las fuerzas Militares y de Policía?

Reclutamiento, de nuevo en debate

Los focos de investigación de lo sucedido en Cauca apuntan en varias direcciones y una de ellas señala al soldado que mató a Juliana como el síntoma de una ‘enfermedad’ mayor. Oriundo del norte del Valle, se trata de un joven de 20 años, campesino, con 20 meses de servicio en la institución.

Aquí surge el primero de los cuestionamientos, porque no es la primera vez que se ponen en tela de juicio los parámetros de reclutamiento obligatorio en Colombia y se habla de la necesidad de una mayor profesionalización de los soldados.

De hecho, en 2014, en medio del proceso de paz con las Farc, el entonces presidente Juan Manuel Santos señalaba la necesidad de transitar hacia modelos, entre otros, como el servicio social obligatorio. “Vamos a hacer lo que hacen muchos ejércitos y es el reclutamiento voluntario, y por eso vamos a eliminar, porque ya no se va a requerir, el servicio militar obligatorio”, afirmaba el entonces mandatario, confiando en el éxito de las negociaciones que llevaba con la guerrilla.

Santos redujo el servicio militar de 24 a 18 meses en 2017, aunque no logró sacar adelante su propuesta de eliminarlo del todo, lo que devela las resistencias que enfrenta una medida de esta naturaleza.

“¿Cuánto le vale al Ejército tener soldados profesionales? Colombia no tiene plata para tener un Ejército de más de 200 mil hombres profesionales. Hoy a los soldados no se les paga ni siquiera horas extras”, afirma Jhon Marulanda, experto en seguridad.

Debate para reformar el ejército y la Policía en Colombia

En un informe de la Contraloría, titulado “Pie de fuerza militar y capacidades de las fuerzas militares en la disminución del conflicto y la construcción de la paz 2008 – 2017”, se señala que a diciembre de 2017 las Fuerzas Militares contaban con 237.876 uniformados efectivos. Y, según Marulanda, esos números no han variado mucho hasta hoy.

De ellos, los soldados y/o infantes bachilleres regulares representaban el 36,2% del total de activos; seguidos por los soldados profesionales (36%); los suboficiales (19%); oficiales (6%); y el personal en formación (2%).

Mientras los soldados regulares ganan, desde 2017 con la nueva Ley de Reclutamiento, un promedio de 221.000 pesos, los profesionales reciben poco más de 2 millones de pesos, según sostuvo Guillermo Botero en agosto de 2019, cuando era ministro de defensa. “Sostener un ejército de soldados profesionales no es una opción en Colombia. El gobierno tiene que sostener sus instituciones militares con base en el reclutamiento obligatorio”, agrega Marulanda.

Sin embargo, en medio de esta discusión, han surgido otras opciones. “En materia de capacitación es mucho lo que se puede hacer. Hay que mejorar los estándares de acción en situaciones de alto riesgo, para que en esas circunstancias el soldado no cometa errores. Esa es la única manera de reducir la posibilidad de fallas, a través de la formación técnica y jurídica”, señala Jorge Iván Avendaño Mesa, jefe de Programa de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín.

Pero tanto Avendaño como Marulanda concuerdan en que se debe analizar con lupa el tipo de cambios que requiere una institución como el Ejército, lo cual no significa que no se deba dar el debate.

“El Ejército necesita revisar la doctrina que se comenzó a aplicar en el gobierno de Santos. Hubo una máquina de guerra que respondió a las amenazas serias de la seguridad del país. Y de un momento a otro, esa máquina de guerra se paró”, precisa Marulanda.

La doctrina, ¿el problema?

En noviembre de 2015, el entonces comandante del Ejército Nacional, general Alberto José Mejía Ferrero, anunció que había ordenado la “revisión formal y total de toda la doctrina militar”. Horas después aclaró que el proceso de revisión había comenzado en realidad cuatro años antes, en 2011.

Esa última precisión la hizo por cuenta de la lluvia de suspicacias que había generado su declaración, precedida por la oficialización de la creación de la Justicia Especial de Paz, en el marco del proceso de negociaciones con la extinta guerrilla de las Farc.

Durante toda la duración de ese proceso, Santos defendió la idea de realizar cambios en el Ejército para afrontar el posconflicto. El tema de reclutamiento solo era una de las aristas de esa nueva institución, que visualizó en muchas ocasiones como un Ejército “multimisión e integral”.

Entre sus líneas de acción apoyó –por ejemplo– la contribución al desarrollo que podrían hacer los soldados participando de la construcción de cierta clase de obras en comunidades; o la cooperación internacional, entre otras.

De hecho, en ese último punto, aprobó en 2015 una participación inédita de Colombia en las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU con el envío de 5.000 cascos azules de forma gradual durante tres años.

“Se vendió la idea de que estábamos en paz. Y muchos mandos medios la compraron. Se introdujo una doctrina que mira más el modelo europeo de la OTAN que nuestra realidad. Todo con el presupuesto de que estábamos en paz. La guardia se bajó y aquí estamos pagando las consecuencias”, señala Marulanda. Por eso, el tema de los mandos medios puede ser clave en la actual coyuntura.

Alejo Vargas, analista político de la Universidad Nacional y experto en temas de seguridad y defensa, señala como posibilidad que estos mandos estén sufriendo la parálisis de un proceso de transformación iniciado con Santos que no se continuó en el actual gobierno de Iván Duque, una decisión que critica.

No es la época en la que el Gobierno combatía a las Farc, que requería miles de hombres, divisiones dedicadas a eso, eso ya no tiene sentido. Ese adversario se acabó. Sigue habiendo muchos rezagos de la guerra fría, en esa lógica del enemigo interno que obviamente no tiene sentido en una democracia”, enfatiza Vargas.

El experto agrega que espera que, debido a los últimos acontecimientos, el Ministerio de Defensa, liderado por Carlos Holmes Trujillo, retome esa senda, ya que son varios sectores de opinión los que lo ven como un Ministro con responsabilidad en lo que está pasando con las Fuerzas. Pero, sin titubeos, el presidente Duque y el grueso de su partido –el Centro Democrático– resaltan su gestión

El asesinato de Juliana hace parte de una serie de hechos que durante los últimos meses han puesto en el foco del debate ciudadano a la fuerza pública. El 22 de abril de 2019 se conoció el asesinato de Dimar Torres, un desmovilizado de las Farc, a manos de militares en Norte de Santander.

Un mes después, el periódico The New York Times revelaba una orden firmada por el entonces comandante del Ejército, Nicacio Martínez, en el que se les pedía a los soldados mejores resultados a cambio de incentivos, una motivación que recordó los llamados “falsos positivos”.

¿Qué va a pasar con el Ministro?

Finalizando 2019, en medio de las protestas contra el Gobierno, fue asesinado el joven Dilan Cruz por un integrante del Esmad. Justamente sobre el manejo que la Fuerza Pública le dio a esas movilizaciones, la Corte Suprema falló ordenando, entre otras cosas, el retiro del arma (escopeta calibre 12) que causó la muerte a Cruz y las disculpas públicas del Ministro de Defensa.

Esto último llegó al límite del tiempo establecido por la Corte y, por su contenido –dijo que ya se habían dado desde el 11 de septiembre, cuando se presentaron abusos de autoridad en otras protestas–, se volvieron objeto de debate político y jurídico.

Sandra Borda fue una de las demandantes de la tutela que falló la Corte Suprema. Borda es una internacionalista y analista de la Universidad Tadeo Lozano y ha seguido de cerca el accionar de la fuerza pública. En una entrevista que le concedió a Yamid Amat, señala que para ella el pronunciamiento de Trujillo es insuficiente y confirma que el grupo de personas que entuteló junto a ella están considerando las acciones a seguir.

En medio de las recientes protestas, y tras la muerte de 10 personas en Bogotá, Borda de nuevo criticó el accionar del Gobierno y señaló que con dichas acciones la fuerza pública pierde legitimidad.

De hecho, en ese contexto, se conoció los reportes de la encuesta Gallup Poll, que, entre otras cosas, reveló que la opinión favorable que tienen los colombianos de las fuerzas militares cayó en junio de un 85% a un 48%. En su último reporte, que data de agosto, esa cifra se recuperó alcanzando una imagen favorable de 56% frente a una desfavorable de 36%.

Ese escenario sirvió de base para que, en medio de esta coyuntura, fuerzas de oposición en el Senado y la Cámara comenzaran a tramitar mociones de censura contra el Ministro, que si bien es difícil que logren el respaldo requerido, sí envían un fuerte mensaje político.

“El problema con el Ministerio de Defensa viene de tiempo atrás. Desde hace mucho tiempo los gobiernos están nombrando personas que no tienen ningún conocimiento sobre ese sector, que aprenden en el ejercicio de sus funciones, lo que hace mucho daño”, remata Vargas. Esto, aclara, no significa que el Ministerio deba ser asumido por un militar, dado que en el país ya existe una amplia oferta académica que ha venido preparando a civiles en conocimiento castrense.

El exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, defendió en un reciente hilo en Twitter la importancia de las Fuerzas Militares y de su victoria para la posibilidad de un acuerdo de paz. Sin embargo, dice, esta fue “desaprovechada”. “El acuerdo de La Habana hoy no trajo la paz, y su consecuencia es impunidad, polarización, alianza política entre los firmantes, economías ilícitas fortalecidas, control de territorios por grupos armados, nuevas instituciones con sesgo ideológico, y debilitamiento de FF.AA.”, señaló el ex ministro.

A todo este panorama hay que sumarle que en el mismo Congreso se han radicado algunos proyectos de ley para reformar a la Policía, también cuestionada por varios de sus procedimientos. Incluso, se ha planteado que debe salir de la órbita del Ministerio de Defensa y pasar, como una fuerza de carácter civil, al del Interior.

Sin embargo, tanto el Gobierno como varios de sus aliados han ratificado que todo lo que vienen pasando en las fuerzas Pública y Militares está relacionado con casos aislados y que las conductas ilegales que individualmente han cometido algunos uniformados están siendo investigadas y castigadas, y que su proceder no obedece a una doctrina institucional.

En todo caso, al volver a la secuencia de momentos que antecedieron el asesinato de Juliana, se revive lo que William Ospina escribe en “Pa’ que se acabe la vaina”, en relación a que no encuentra una nación menos dispuesta para estar unida que Colombia. Por su geografía, por su historia. Esto contrasta con el abrazo de reconciliación en el que se fundieron los familiares de Juliana y del soldado que accionó el arma que le quitó la vida.

Pero entre muchas aristas, incluyendo los gritos de Francisco Larrañaga, las exigencias de justicia de la familia de Dilan Cruz y las vidas que cientos de uniformados han entregado en cumplimiento de su deber y en defensa de la Constitución y las leyes, está parte de la fórmula que se debe analizar para determinar qué tipo de reformas son las que se requieren al interior de unas fuerzas que, no obstante, son claves para el sostenimiento de la democracia.

De hecho, EL COLOMBIANO supo que este proceso ya avanza y es cuestión de días para que se conozcan sus primeros avances.

Juan Diego Quiceno Mesa

Periodista de la Universidad de Antioquia con estudios en escritura de guión de ficción y no ficción.


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