Quinientos abortos en proceso de investigación, 50 de ellos practicados a menores de edad, conforman el expediente criminal de Héctor Albeidis Arboleda Buitrago, alias “el Enfermero”, uno de los mayores ejecutores de la violencia sexual de género impuesta en el interior de las Farc.
Su captura con fines de extradición en Madrid, España, revivió la polémica sobre esta conducta ilegal y la forma en que debe ser juzgada en el marco del próximo acuerdo sobre justicia transicional con esta organización.
Según el fiscal General, Eduardo Montealegre, “tenemos elementos de juicio para demostrar que el aborto forzado era una política de las Farc”, razón por la cual hizo público el pasado 11 de diciembre que el ente acusador está a la caza de hechos que permitan imputarles a los insurgentes esos delitos, de los cuales tienen documentados al menos 150.
Desde entonces han sido arrestados dos presuntos integrantes de la estructura y autores materiales de los abortos: uno en Medellín y este último en España.
El coronel Pablo Ruiz, jefe de Delitos Especiales de la Dijín, contó que “el Enfermero” tiene una trayectoria de 15 años en la guerrilla y que hacía pocos meses había llegado a Madrid.
Los actos, que describió como “aberrantes”, fueron cometidos durante su militancia en los frentes 47 y noveno de las Farc, los cuales delinquieron en el Oriente antioqueño, el Eje Cafetero y Chocó. Hizo estudios de enfermería en Centroamérica, pero solo los practicó de manera clandestina con sus camaradas.
El informe de la Policía Nacional de España, que lo arrestó el sábado en un allanamiento, detalla que “las víctimas, entre las que había 50 menores de edad, fueron obligadas a abortar hasta con siete y ocho meses de embarazo. Las mujeres habían sufrido violaciones por parte de miembros de la organización”.
El documento precisa que muchos de los casos se perpetraron entre 1998 y 2000, “a raíz de una directiva del Estado Mayor de las Farc, en la que se decretaba que se podía castigar con el fusilamiento a las guerrilleras que se negaran a que les practicaran interrupciones del embarazo”.
La mayoría de las niñas perjudicadas integraban la comunidad indígena zabaleta, asentada en Carmen de Atrato (Chocó), las cuales habían sido reclutadas.
El coronel Ruiz indicó que están pendientes del papeleo, para ver si “el Enfermero” tenía documentación legal para estar en Europa o pasaba de incógnito, con el propósito de definir si llega a Colombia en calidad de extraditado o expulsado. Apenas aterrice, será puesto a disposición de un fiscal especializado de Pereira, que le investiga varios hechos.
Casos sistemáticos
La Dirección de Justicia Transicional de la Fiscalía ha documentado 1.169 hechos de violencia sexual cometidos entre 1995 y 2005, por parte de grupos armados. La estadística incluye acceso carnal y abusivo, explotación de menores, prostitución, esclavitud y abortos.
Dentro de las Autodefensas, las principales estructuras que aplicaron estas prácticas fueron los bloques Central Bolívar, Norte, Héroes de los Montes de María, Catatumbo, Mineros, Puerto Boyacá y Resistencia Tayrona.
En cuanto a las guerrillas, hay acusaciones contra el Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y las Farc.
De esta última agrupación, una de las máximas implicadas es, paradójicamente, una mujer: Elda Neyis Mosquera García, alias “Karina”, quien comandó los frentes 47 y noveno, en los cuales trabajó “el Enfermero”.
A ella la Fiscalía le ha imputado 218 crímenes que dejaron 2.500 víctimas, dentro de los cuales hay ocho episodios de violencia sexual.
Durante sus versiones libres, como desmovilizada y postulada a los beneficios de la ley de Justicia y Paz, “aseguró que dentro de las políticas de las Farc se encontraba el aborto y la planificación forzados y que los delitos fueron cometidos en contra de mayores y menores de edad”, de acuerdo con un informe del ente acusador.
En entrevista con EL COLOMBIANO, el pasado 8 de noviembre, “Karina” dijo: “les he pedido mucho perdón a las víctimas, estoy arrepentida de corazón”.
La presión contra las guerrilleras que quedan embarazadas es enorme y podría conducir a la muerte, a menos que la futura madre sea la pareja de un comandante, según lo denunciado por varias reinsertadas de las Farc.
El anterior 1 de julio, durante el acto de clausura de un programa de resocialización liderado por el Ministerio de Justicia en Chiquinquirá (Boyacá), en el que se graduaron 34 mujeres excombatientes, una de ellas narró su drama.
Con identidad reservada, expresó a los asistentes que fue reclutada cuando tenía 11 años y al poco tiempo quedó encinta. En un principio se negó a abortar, pero le aplicaron un consejo de guerra. Para salvarse, no tuvo más remedio que renunciar a la vida que crecía en su vientre.
¿Cómo se juzgará ahora?
La guerrilla respondió ayer a los señalamientos a través de una de sus cuentas asociadas en la red social Twitter, llamada “Mujeres de las Farc” (@mujerfariana).
Allí postearon imágenes de combatientes femeninas y escribieron mensajes como “le notificamos a la @FiscaliaCol que no renunciaremos a nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos”; “aborto en la guerrilla es voluntario y libre, conquista de todas las mujeres”; y “las luchas de las mujeres son de hace siglos, luchamos por la igualdad social y la igualdad de género”.
Pese a esto, el tema tiene hondas implicaciones de cara al posconflicto y el sistema de justicia transicional que negocian el Gobierno y los rebeldes. El pasado 23 de septiembre, cuando las partes firmaron en La Habana un acta de preacuerdo sobre la jurisdicción especial para la paz, presentaron un comunicado conjunto de 10 puntos.
El número 4° señala que “el Estado otorgará la amnistía más amplia posible por delitos políticos y conexos” y que “no serán objeto de amnistía o indulto los delitos de lesa humanidad, el genocidio y los graves crímenes de guerra, entre otros delitos graves como la tortura (...) y la violencia sexual”.
Añade que “estos delitos serán objeto de investigación y juzgamiento por parte de la Jurisdicción Especial para la Paz”.
El director de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía, Luis González León, manifestó que a “el Enfermero” “se le van a imputar delitos de lesa humanidad e infracciones al derecho internacional. Por esas conductas varias mujeres murieron y otras quedaron con lesiones, otras refirieron que esto para ellas fue una tortura”.
Apenas llegue a suelo colombiano, el insurgente será presentado en el estrado bajo cargos de concierto para delinquir, tortura agravada y aborto sin consentimiento.
El abogado penalista Jairo Herrán Vargas, quien fue personero de Medellín, aseguró que más allá de los autores materiales, “tendrá que responder el Secretariado de las Farc, porque los de mayor responsabilidad son los determinadores”.
La situación no solo pasa por el aspecto de la justicia, también hay que mirarlo desde el plano de la salud física y mental y los derechos de la mujer. Eliana Mejía, especialista en Psicología Jurídica, opina que “por el momento no se han implementado los programas de atención psicosocial a estas personas, pero cuando se firme el tratado de paz se creará esa necesidad y se empezará a satisfacer la demanda del servicio”.
30%
de las víctimas sexuales del conflicto están en el rango de los 15 a los 18 años de edad.
5
años de edad tiene la víctima más pequeña, y 79 años la más adulta.
1.169
hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado ha documentado la Fiscalía.
500
abortos forzados habría hecho “el Enfermero”, pero solo le documentaron 150.
25%
de las víctimas sexuales del conflicto armado en Colombia son menores de 14 años.
23
hechos de violencia de género le imputaron al líder del Erg, alias “Cristóbal”.
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