En un documento, fechado el 7 de noviembre de 2014 en las montañas de del norte del Cauca, 26 representantes de los cabildos de Tacueyó y Toribío, en el Cauca fueron declarados objetivo militar por parte de las Farc, y les dan 48 horas para iniciar el plan de guerra.
En los escritos repartidos se amenaza a: Germán Valencia, Alcibiades Escué, Albeiro Camayo, Ernesto Cunda, Luciano Méndez, Floresmiro Noscué, Yeinis Poto, Emilio Basto, Emilcen Paz, Miller Correa, Pablo Tenorio, Margarita Hilamo, Abel Coicue, Harold Secué, Henri Chocue, Nelson Lemus, Edwin Gobernador de Toez, Leonardo Escue, Danilo Secue, Celia Umensa, Marcos Yule, William Gobernador de López y Alejandro Casamachin.
Además, en el escrito firmado por las Farc - EP, la guerrilla dice que supuestamente los indígenas están trabajando en alianza con el Ejército.
Por su parte, uno de los líderes de Toribío afirmó que los panfletos empezaron a circular también a través de mensajes de texto.
“Hay mucho temor entre la comunidad, pues aunque la guardia indígena ha hecho presencia en la zona, nuestra única defensa es el bastón de mando”, agregó el líder.
Pese a que la autenticidad de los panfletos no ha sido verificada, los líderes indígenas dicen que “independientemente las amenazas sean de la guerrilla o no “, sienten temor de las amenazas.
Varios de los amenazados han preferido no pronunciarse sobre el tema, pues cabe recordar que tan solo hace dos días dos guardias indígenas fueron asesinados mientras desmontaban unas vallas de las Farc en la zona rural de Toribío, en el aniversario de la muerte de Alfonso Cano.
La Defensoría del Pueblo rechazó ese pronunciamiento de las Farc y exigió a los negociadores de las Farc en La Habana aclarar si se trata de una postura oficial y unificada de la organización, o desautorizarla.
“Los voceros de la guerrilla, deberían aclararle a la opinión pública si las manifestaciones del comunicado emitido ayer corresponden a una postura oficial y unificada de la organización, o si por el contrario la desautorizan, pues resulta paradójico además que se esté negociando la paz pero al mismo tiempo se declare la guerra contra los indígenas”, indica el comunicado.
La Defensoría exigió además respeto por los derechos humanos, particularmente por las etnias que gozan de protección por la Constitución y los mandatos internacionales.
“Para la Defensoría del Pueblo resultan inadmisibles tales afirmaciones, pues además de constituir una afrenta explícita contra los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario por involucrar a la población civil en el conflicto, contradicen abiertamente la voluntad de paz expresada por los negociadores de las Farc en los diálogos de La Habana”, indican en el comunicado.
Cabe recordar que estos hechos se suman al asesinato el pasado 5 de noviembre de dos miembros de la comunidad Nasa en la vereda El Tablazo del municipio de Toribío, crimen frente al cual la guardia indígena retuvo a 8 personas que serían juzgadas este domingo bajo los principios de la Asamblea nativa.
Las víctimas fueron identificadas como Manuel Antonio Tumiñá, del resguardo de Toribío, y Daniel Coicué, del resguardo de San Francisco.
Tras el doble homicidio, un grupo de indígenas persiguieron a los siete presuntos guerrilleros involucrados en el hecho, hasta capturarlos.
Por lo que desde este jueves las comunidades indígenas del norte de Cauca se encuentran en Asamblea Permanente, donde se decidirá, cuál será el castigo para los siete presuntos guerrilleros detenidos por la Guardia Indígena.
La Defensoría también insistió para que desde las conversaciones de paz en La Habana se acuerden con urgencia unos mínimos humanitarios a fin de excluir a la sociedad civil de la confrontación, pues negociar bajo el fuego no implica transgredir el Derecho Internacional Humanitario.
La Defensoría hizo un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad, para que adopten medidas a fin de garantizar la protección de los líderes amenazados y de los cabildos, en el norte del Cauca y el resto del departamento.
