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Gobierno ‘asegura’ dinero para reincorporación

Los próximos dos mandatarios deberían ejecutar los recursos. Sin embargo, existe la posibilidad de que en la era Duque se dé una asignación diferente.

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04 de julio de 2018
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Durante los próximos ocho años la Nación ejecutaría 6,35 billones de pesos en la reincorporación de cerca de 12.973 excombatientes de las Farc acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Así quedó establecido en un documento Conpes con el que se busca garantizar el regreso a la civilidad de aquellos que alguna vez se alzaron en armas.

A grandes rasgos lo que busca la nueva Política Nacional de Reincorporación Económica y Social conocida por EL COLOMBIANO, es brindar acompañamiento en todas las esferas necesarias para una reintegración exitosa: “incluye el acompañamiento psicosocial, el acceso a la formación educativa y laboral, el aseguramiento en salud y seguridad social para ellos y sus familias, así como actividades encaminadas a la reconstrucción del tejido social en las comunidades donde se desarrolla la reincorporación”, es decir, no irían a economías individuales de los exguerrilleros sino a proyectos para reincorporación.

Dichos recursos, previamente asignados a cada una de las entidades competentes (ver gráfico), no van únicamente a crear las condiciones de vida digna para los que dejaron las armas sino también, como lo explicaron asesores del Gobierno, beneficiará las comunidades donde exguerrilleros hacen su nueva vida, a través, por ejemplo, de programas de salud rural o de formación del Sena.

Está basado en cuatro enfoques, así como está establecido en el Acuerdo de Paz y como quedó en las leyes que lo implementan: territorial, de género, de derechos y étnico.

Alba García, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que el Conpes es “una decisión del gabinete de Gobierno, por lo que es una orden muy importante para las entidades”.

Sin embargo, la coyuntura política del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, y el que llega en cabeza de Iván Duque, permiten pensar que es posible que esta inversión no se dé, por lo menos de la forma que lo pretende el actual mandatrio, dadas las contradicciones políticas.

“El próximo presidente puede tomar la decisión que prefiera sobre estas instancias, lo que hemos aconsejado en el empalme es que se mantengan porque fueron construidas desde la experiencia”, aseguró Jeferson Mena, también asesor de esa Oficina.

Contrario opina Jorge Gaviria, experto en procesos de reintegración, quien afirmó que hay una experiencia muy grande, de 15 años, que se transforma por las exigencias de las Farc.

Y agregó que “el Gobierno llegó a las carreras a hacer ese Conpes para obligar al próximo Gobierno a ejecutar una pólítica tal y como la había preparado en el proceso de paz. Pudo haber sido una transición más respetuosa con el próximo Gobierno”.

Respeto a la individualidad

Pese a que en el Acuerdo siempre se habló de una reincorporación colectiva, el Gobierno logró en el Consejo Nacional de Reincorporación, que es la instancia en la que discute con miembros de Farc la ruta y política para la atención de sus miembros, incluir la posibilidad hacerlo individualmente.

“Se reconoce la decisión de cada uno de los integrantes de las Farc. No es que tengan que estar en colectivo a través de Ecomún, del partido o del centro de pensamiento, desde la institucionalidad podemos ayudarlos a reincorporarse individualmente”, explicó Mauricio Restrepo, de la ARN.

Pero además de incluir el componente individual, los recursos destinados para la ejecución de un proyecto productivo también podrán ser destinados para vivienda. Se habla de hasta 8 millones de pesos para cada excombatiente, previo cumplimiento de requisitos exigidos para tal fin.

Los espacios territoriales

Lo que antes se conocía como zonas veredales, hoy Espacios Territoriales de Capacitación y Normalización, existirán hasta el 16 de agosto de 2019 y podrán ser ampliados por el próximo Gobierno. Sin embargo, si las condiciones se dan para terminarlos antes puede hacerse, tal como está ocurriendo en este momento en Vigía del Fuerte (Antioquia) y El Gallo (Córdoba).

Y aunque el abastecimiento de alimentos estaba en firme solo hasta el 30 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz espera extender el contrato hasta finales de agosto, cuando el próximo presidente pueda tomar una decisión informada al respecto.

Hoy en esos espacios según la OACP conviven cerca de 5.100 personas: 4.082 excombatientes y sus hijos. En un poco más de un año, cuando la figura del los ETCR termine, el Ejecutivo tomará la decisión de qué hacer con ellos. Durante el empalme, los funcionarios de Santos le aconsejaron al equipo de Duque que los entregue a los alcaldes para que determinen cuál es la mejor función que pueden cumplir esos escenarios en la constrrucción de paz territorial.

Así es como a pocas semanas de terminar este periodo presidencial, el Gobierno deja lista y con recursos una política pública para atender a excombatientes, creada con colaboración de ellos mismos para volver a la vida civil.

12.973
excombatientes de las Farc fueron acreditados por el Alto Comisionado para la Paz.
2
millones de pesos es la asignación única entregada a desmovilizados de Farc.
6,35
billones de pesos es el valor del Conpes para garantizar la reincorporación de Farc.
Infográfico
Gobierno ‘asegura’ dinero para reincorporación
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