Durante los próximos ocho años la Nación ejecutaría 6,35 billones de pesos en la reincorporación de cerca de 12.973 excombatientes de las Farc acreditados por la oficina del Alto Comisionado para la Paz. Así quedó establecido en un documento Conpes con el que se busca garantizar el regreso a la civilidad de aquellos que alguna vez se alzaron en armas.
A grandes rasgos lo que busca la nueva Política Nacional de Reincorporación Económica y Social conocida por EL COLOMBIANO, es brindar acompañamiento en todas las esferas necesarias para una reintegración exitosa: “incluye el acompañamiento psicosocial, el acceso a la formación educativa y laboral, el aseguramiento en salud y seguridad social para ellos y sus familias, así como actividades encaminadas a la reconstrucción del tejido social en las comunidades donde se desarrolla la reincorporación”, es decir, no irían a economías individuales de los exguerrilleros sino a proyectos para reincorporación.
Dichos recursos, previamente asignados a cada una de las entidades competentes (ver gráfico), no van únicamente a crear las condiciones de vida digna para los que dejaron las armas sino también, como lo explicaron asesores del Gobierno, beneficiará las comunidades donde exguerrilleros hacen su nueva vida, a través, por ejemplo, de programas de salud rural o de formación del Sena.
Está basado en cuatro enfoques, así como está establecido en el Acuerdo de Paz y como quedó en las leyes que lo implementan: territorial, de género, de derechos y étnico.
Alba García, asesora de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, aseguró que el Conpes es “una decisión del gabinete de Gobierno, por lo que es una orden muy importante para las entidades”.
Sin embargo, la coyuntura política del gobierno saliente de Juan Manuel Santos, y el que llega en cabeza de Iván Duque, permiten pensar que es posible que esta inversión no se dé, por lo menos de la forma que lo pretende el actual mandatrio, dadas las contradicciones políticas.
“El próximo presidente puede tomar la decisión que prefiera sobre estas instancias, lo que hemos aconsejado en el empalme es que se mantengan porque fueron construidas desde la experiencia”, aseguró Jeferson Mena, también asesor de esa Oficina.
Contrario opina Jorge Gaviria, experto en procesos de reintegración, quien afirmó que hay una experiencia muy grande, de 15 años, que se transforma por las exigencias de las Farc.
Y agregó que “el Gobierno llegó a las carreras a hacer ese Conpes para obligar al próximo Gobierno a ejecutar una pólítica tal y como la había preparado en el proceso de paz. Pudo haber sido una transición más respetuosa con el próximo Gobierno”.
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