Un nuevo tema será el eje central de las conversaciones entre el Gobierno y las Farc cuyo ciclo 40 iniciará el próximo jueves. La justicia transicional, el punto más agitado en las últimas semanas —junto a la forma de refrendación de los acuerdos—, ocupará el trabajo de las subdelegaciones y, de esta forma, avanzar en la mesa.
En esa vía, las Farc se reunieron con Luis Moreno Ocampo, exfiscal de la Corte Penal Internacional, y analizaron temas relacionados con las penas que los jefes guerrilleros deberían pagar por los delitos cometidos, sin contemplar que estas sean en una cárcel.
Antes de viajar, Moreno precisó que los jefes guerrilleros deben cumplir con sus responsabilidades por los actos cometidos, pero no deberían vestirse con “pijama de rayas”.
“La cárcel o privación de libertad no significa mandarlos a mazmorras (celdas), lo que la Fiscalía dice es ver una salida por la alternativa que está viendo Colombia”, dijo.
Para dar luces al anterior concepto, el analista y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz, Alejo Vargas, indicó la necesidad de entender la justicia no como sinónimo de cárcel, sino desde el punto de vista restaurativa, es decir, reivindicando los derechos vulnerados a las víctimas durante más de 50 años de hostilidades.
“La mirada exclusivamente vengativa-punitiva que tuvo la justicia en la perspectiva histórica se ha ido enriqueciendo y ampliando y que hoy podemos decir, sin lugar a dudas, que hay muchas opciones alternativas de sanción”, expresó el catedrático.
En esa discusión de penas alternativas para los delitos cometidos no solo por las Farc, sino también por los actores del Estado, no puede olvidarse el papel de la verdad para las víctimas.
El presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, recomendó que en el marco de esa justicia transicional se debe garantizar que se diga toda la verdad.