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Leonardo Botero Fernández | Publicado el 28 de enero de 2021
El miércoles en la noche se conoció la primera gran decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en cuanto a los crímenes cometidos por la exguerrilla de las Farc durante el conflicto armado: la imputación al antiguo Secretariado por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra por secuestros.
La jurisdicción explica que la decisión cobija a Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Milton de Jesús Toncel, Juan Ermilo Cabrera, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo y Rodrigo Granda, y que la responsabilidad individual varía según los mandos asumidos en el conflicto. Además, que tendrán un plazo de 30 días hábiles para aceptar, o no, los cargos imputados.
“Privar a las personas de su libertad y condicionar su liberación, así como su bienestar, su integridad y su vida, fue un crimen de guerra, específicamente el de toma de rehenes”, señaló la Sala de Reconocimiento de la JEP para explicar que les imputó otros crímenes de guerra relacionados con el trato a secuestrados, como homicidio, tortura, tratos crueles, atentados a la dignidad personal , violencia sexual y desplazamiento forzado.
Respecto a esta decisión, sin embargo, el Gobierno Nacional ya manifestó su desacuerdo. El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, cuestionó a la JEP por la condena que recibirán los exmiembros del Secretariado.
“El secuestro y la tortura no fue en las Farc cosas de mandos medios o práctica de unos pocos criminales. Fue una directriz general del Estado Mayor de esa organización. ¿Qué pena de cárcel cumplirán los perpetradores’ Ninguna”, escribió Guarín en su cuenta en Twitter.
Guarín también compartió una imagen del Centro de Documentación de los Movimientos Armados (Cedema) sobre los secuestros perpetrados por las Farc entre 1996 y 2006.
En esa década, se registraron 23.144 casos de secuestros. 12.865 personas fueron liberadas, 4.350 rescatadas, 3.181 permanecieron cautivos, 1.254 murieron, 795 fueron liberados por presión, 365 se fugaron y 334 fueron liberados por mediación humanitaria.
Siguiendo con la decisión de la JEP, la Sala de Reconocimiento indicó que “aunque había una orden de buen trato, en la práctica esta se concentraba en mantener al secuestrado con vida, y las consideraciones sobre la dignidad humana quedaban en manos del comandante o guardia de turno”.
En ese sentido, también “estableció la responsabilidad de los antiguos miembros del Secretariado de las Farc-EP por las órdenes de secuestrar que dieron, así como por su omisión de control de los malos tratos que padecieron las víctimas”.
Sobre cómo se llegó a estas conclusiones, se explicó que “el auto es producto de una rigurosa contrastación de fuentes realizada en tres etapas. En un primer momento, se contrastaron los informes entregados por la Fiscalía y por organizaciones de la sociedad civil. En un segundo momento, se dio traslado de estos informes a los comparecientes para que rindieran su versión. Y en un tercer momento se dio traslado de estas versiones a las víctimas acreditadas para que hicieran sus observaciones”.
Respecto a una condena, la preocupación manifestada por el consejero Guarín y en otros momentos por el propio presidente Iván Duque, esta dependerá de si los miembros del secretariado reconocen su responsabilidad.
Si lo hacen, si reconocen su participación en estos crímenes de guerra y de lesa humanidad y si hacen un “aporte a la verdad plena”, la JEP fijará una fecha para una Audiencia de Reconocimiento. En el caso de lo contrario, el caso será remitido a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.
Si los exmiembros del Secretariado reconocen su responsabilidad, luego de la audiencia, se remitirá el caso al Tribunal de Paz para que imponga una sanción. “Esta sanción debe ser consultada con las víctimas, debe tener un propósito reparador, y puede incluir restricciones efectivas de la libertad y otros derechos”.
Periodista de la UPB y especialista en Creación Narrativa de la Universidad Central (Bogotá). Escribo.