El excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, manifestó que no se necesita que el presidente Juan Manuel Santos busque la refrendación de los acuerdos que se alcancen con las Farc en el proceso de paz de La Habana, argumentando que la Ley de Orden Público (418 de 1997), le da facultades para fijar el contenido de lo pactado.
“Las Farc han insistido en que no existe un consenso sobre el mecanismo de refrendación. Y todos sabemos que difícilmente los acuerdos finales estarán listos para esa fecha (elecciones locales y regionales del 25 de octubre)”, señaló Restrepo en una carta enviada al diario El Espectador.
Asimismo, afirmó que persistir en una consulta unilateral, que sólo compromete al Gobierno, no hace más que “enturbiar” el clima político de las elecciones regionales, con el temor de la oposición de caer en una lucha “maniquea” entre ‘amigos’ y ‘enemigos’ de la paz.
“Es claro que el tema de la refrendación sigue abierto, pues no parece adecuado el mecanismo del referendo y surgen dudas sobre la propuesta de una constituyente”, explicó.
Teniendo en cuenta que de todas maneras los acuerdos necesitan un desarrollo legislativo en los puntos relacionados con nuevas normas o instituciones, el excomisionado dijo que “debería tomarse en serio la propuesta hecha por el expresidente Álvaro Uribe de crear un Órgano Legislativo Transitorio, dedicado únicamente a esta materia”.
En este sentido, aclaró que esto tendería un puente con ese sector político, que se puede reforzar si se recogen las 22 propuestas puntuales de aclaración de los acuerdos anunciadas por el senador Alfredo Rangel, y así sumarlas a las 28 salvedades que las Farc dejaron pendientes en la mesa de diálogo. “Tan importantes son las unas como las otras, por lo que merecen igual debate”, puntualizó.
La carta de Luis Carlos Restrepo se dio en respuesta a un artículo publicado en el portal de Internet, en el que se revelan los detalles de una entrevista que concedió en 2003 al diario El País de España, en la que defendió el proyecto de alternatividad penal que se planteaba en ese momento para los grupos armados ilegales, paramilitares y guerrilleros.
Dicha iniciativa, “proponía una pena distinta a la cárcel a cambio de procesos judiciales individualizados, con confesión de delitos y reparación a las víctimas. Entre las penas alternativas estaba la suspensión de derechos políticos. Filosóficamente sigo compartiendo esa postura”, dijo.
Sin embargo, explicó que dicho proyecto no contó con la aprobación plena del gobierno Uribe, pero si tuvo el respaldo del entonces primer mandatario, quien consideraba que era un buen inicio para la discusión.
“De hecho, a raíz de un amplio debate político de casi dos años, el mismo presidente Uribe fue claro al advertir que debían imponerse penas privativas de la libertad entre 5 y 8 años de prisión. Fue lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz”, comentó Restrepo.
Señaló, además, que está dispuesto a defender ante el Centro Democrático esa propuesta de alternatividad penal del año 2003, si el actual gobierno considera que ese proyecto, negado por el entonces Congreso, puede ser útil, considerando que dicha iniciativa puede ser un buen complemento operativo al Marco Jurídico para la Paz, aunque el tema de la cárcel seguirá siendo polémico.
“Tal vez, así podríamos empezar a poner en marcha medidas que permitan desescalar el clima confrontacional que se vive con la oposición política. Si esas medidas sirven a la vez para fortalecer el proceso de paz, generarían un clima de confianza para la consolidación civilista del país”, manifestó.
De acuerdo con lo anterior, planteó la posibilidad de que el gobierno Santos acepte una veeduría internacional para el cese al fuego y hostilidades declarado por las Farc, que podría realizar la Cruz Roja, organismo ya sugerido por el mismo grupo guerrillero.
Agregó que “esa organización tiene presencia en Colombia y contacto con los miembros del grupo guerrillero en el terreno. Se le podría encomendar la elaboración de un censo completo de los miembros de esa estructura guerrillera para informar al Gobierno sobre su ubicación y desplazamientos”.
Sugirió que con esa información de la Cruz Roja, transmitida al Gobierno en tiempo real, “se puede asegurar a los miembros de las Farc la ‘reciprocidad gubernamental’, que consiste en el respeto a sus vidas y cese de acciones ofensivas mientras se cumpla lo prometido.
También justificó que “se deja claro que la responsabilidad del control territorial sigue en manos del Estado y se despejan dudas sobre una eventual parálisis de la Fuerza Pública frente a la protección de los ciudadanos”.
Finalmente, el excomisionado de paz advirtió que sus sugerencias no comprometen al Centro Democrático ni han sido consultadas con sus voceros.
“Con el respeto que me merecen el expresidente Uribe y el partido que lidera, he considerado importante exponerlas directamente ante la opinión pública, con el único propósito de avanzar en la necesaria construcción de un amplio consenso democrático”, concluyó.
