La Misión de Verificación de la ONU, que está en el país desde el 26 de septiembre de 2017, estará encargada también del monitoreo y verificación de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Así lo adoptó este martes el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, atendiendo a la solicitud elevada por el presidente Iván Duque el 13 de enero pasado, en la que estuvo de acuerdo el partido Comunes (antigua guerrilla de las Farc).
La Resolución 2574 del Consejo de Seguridad indica que la nueva tarea será “verificar que las personas sancionadas cumplen las sanciones y que las autoridades estatales colombianas establecen las condiciones necesarias para ello”.
Y, además, aclara que “la Misión de Verificación adoptará un enfoque estratégico e inclusivo al llevar a cabo dicha verificación, tal como se describe en la carta del Secretario General, observando la propuesta que figura en dicha carta de centrar el monitoreo en las tendencias generales de cumplimiento y casos individuales concretos”.
Este mandato se suma al que viene desempeñando desde 2017, referido a la reincorporación económica y social de los excombatientes de las Farc y a las garantías de seguridad. Igualmente, cada tres meses la Misión informa al Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, de la implementación del resto del Acuerdo de Paz.
Dicho mandato fue prorrogado hasta el 31 de octubre y, seguramente, será ampliado de nuevo con anticipación como ha venido ocurriendo.
Emilio Archila Peñalosa, consejero para la Estabilización y la Consolidación, celebró la decisión del Consejo de Seguridad como un triunfo del Gobierno, con miras a garantizar que “sanciones de la JEP a los comparecientes efectivamente se cumplan y que tengan contenido de justicia, verdad, reparación y garantías de no repetición”.
Desde la JEP
El magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, señaló que la decisión del Consejo de Seguridad abre un capítulo nuevo en el mundo, ya que valida la conexión de la justicia transicional. Y señaló que al vincularse la ONU a la verificación de este tipo de sanciones, una vez más reconoce la importancia medular del Acuerdo Final de Paz.
La participación de la Misión en el monitoreo de este tipo de sanciones implica, de acuerdo con la jurisdicción, “el más sólido respaldo internacional a la justicia restaurativa que imparte la JEP, dado que las sanciones propias comportan un redimensionamiento del paradigma de justicia predominante, pues da cabida a sanciones que no implican penas carcelarias, sino la restricción de derechos y libertades, siempre y cuando que las mismas sean idóneas para reparar a las víctimas y promover la restauración del daño causado durante el conflicto”.
El impacto
De acuerdo con el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, se trata de “una verificación de apoyo al proceso de paz, particularmente en el sentido de que, en efecto, se cumpla lo convenido, y tenga lugar la justicia - con el carácter especial que se pactó en el Acuerdo y que se desarrolló en las normas constitucionales y legales aprobadas-”.
Desde luego, continúo, “es una colaboración en búsqueda del oportuno establecimiento de la verdad, la justicia, la reparación a las víctimas y la garantía de no repetición de los hechos criminales que tuvieron lugar dentro del conflicto armado. Y creo que también es un respaldo, desde Naciones Unidas, a la JEP, que algunos han propuesto suprimir o modificar drásticamente”.
Lo que implica
La Misión de la ONU le explicó a EL COLOMBIANO que iniciará inmediatamente con todos los preparativos para estar listos para cuando se emita la primera resolución de conclusiones o proyecto de sanción de parte de la JEP.
De hecho, la Sala de Reconocimiento de la JEP ha señalado que tiene como meta emitir la primera resolución de conclusiones ante el Tribunal de Paz, en la que se incluye un proyecto de sanción, a finales de diciembre de 2021 y que en el primer semestre de 2022 el Tribunal impondría la primera sanción. Estas primeras sentencias tendrían que ver con el caso 01, en el que investiga a los exintegrantes de las Farc por secuestro.
“La Misión esta estructurada para cumplir a cabalidad con el mandato actual, y contará con apoyo adicional para esta función nueva. Parte de los preparativos es el adelanto de un estudio de las implicaciones que tiene esta nueva labor de monitoreo y verificación para la Misión en términos de personal, funcionamiento, modalidad de trabajo y presencia territorial”, detallaron desde la Misión de la ONU.
Además, dijeron que mantienen comunicación con la JEP para conocer el número estimado de sancionados y en dónde podrían cumplir su sanción. Las normas señalan que los comparecientes cumplirán sus sanciones propias en diferentes lugares, tanto en zonas rurales como en urbanas. La ventaja es que muchos de los comparecientes y de los macrocasos de la JEP están en regiones donde hoy está presente la Misión.
