La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que no existe sistematicidad en el asesinato de al menos 462 líderes sociales y 135 exguerrilleros de las Farc en los últimos tres años ya que el narcotráfico es el origen de tales hechos.
“Nosotros consideramos que no existe una sistematicidad. Definitivamente, el origen y las causas de estas amenazas y los crímenes obedecen al narcotráfico y las economías ilegales”, dijo Gutiérrez.
Para la ministra, “ha sido identificada la génesis de quienes están matando a los excombatientes y a los líderes sociales: el narcotráfico. Por eso, la acción del Estado está concentrada en combatir a las organizaciones ilegales”.
Según el análisis hecho por el Gobierno, los homicidios y amenazas de las que han sido objetivo exguerrilleros y líderes sociales se presentan en sectores en donde hay una disputa territorial por las economías ilegales producto del tráfico de drogas.
Por ello, la ministra indicó que es “importante fortalecer la investigación criminal no solo para investigar los ataques sino para tener la posibilidad de identificar a los autores intelectuales de los mismos”.
Al menos 462 líderes sociales fueron asesinados del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo.
El último de ellos fue el defensor de derechos humanos José Arled Muñoz Giraldo, quien estaba registrado como víctima del conflicto armado como desplazado y fue asesinado este mismo jueves en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.
Según un informe de la ONG Instituto de Estudios sobre Paz y Desarrollo (Indepaz) y el movimiento político Marcha Patriótica, ya son más de 700 líderes sociales y 135 excombatientes de las Farc asesinados desde 2016, año en el que se firmó el acuerdo de paz.
Los asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales en Colombia aumentaron casi un 50 % en 2018 en medio de la impunidad, ya que en tres de cada cuatro casos ni siquiera se establece la autoría del crimen, según el último informe de la ONG Somos Defensores.
Según su reporte, 2018 fue uno de los años más sangrientos para los defensores de derechos humanos en Colombia porque fueron asesinados 155 de ellos, lo que supone un 46,2 % más que los 106 documentados en 2017.
El presidente colombiano, Iván Duque, anunció este jueves 23 nuevas medidas para proteger a los excombatientes de las Farc, entre ellas la creación de un cuerpo élite para investigar amenazas contra ellos y un centro de información liderado por el Ministerio de Defensa parar prevenir crímenes.
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