Con apenas dos meses como comandante del Ejército Nacional, al general Nicacio Martínez, el presidente Iván Duque le encargó una de las tareas más importantes de su vida militar: sacar al país de la nueva ola de violencia en la que se ha sumido por cuenta de grupos ilegales que reactivaron sus acciones delictivas en varias regiones del país.
La lucha frontal se centra, por ahora, en buscar 40 objetivos de alto valor después de la muerte de alias “Guacho” y “Rodrigo Cadete”, dos jefes de disidencias que se habían convertido en un dolor de cabeza para el Gobierno. Según sus palabras, las operaciones militares contra el Eln se intensificarán tras la ruptura de los diálogos.
Martínez habló con EL COLOMBIANO sobre la seguridad del país y sobre los planes que tienen desde el Gobierno para contrarrestar el accionar delictivo de grupos ilegales.
¿Usted cree que Colombia en los últimos 50 años ha vivido un conflicto interno?
“Este es un tema político que normalmente deciden los presidentes. El presidente Uribe tenía una postura, el presidente Santos tuvo otra y ahora el presidente Duque tiene la propia. Creo que entre lo jurídico y lo político hay una distancia y nosotros como Ejército y como Fuerzas Militares, lo único que tenemos es que cumplir la Constitución y la ley, nuestras responsabilidades dentro del respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH), y dentro de la aplicación del derecho operacional para colocar a disposición a estas personas que están por fuera de la ley. De alguna manera, quienes han llevado el peso de este terrorismo, de los ataques criminales, de estas agresiones, han sido el Ejército y la Policía Nacional. Lo más importante es que estamos enfrentando a unos grupos al margen de la ley, organizados que hay que colocarlos a disposición de las autoridades”.
En los planes anunciados por el Gobierno para la colaboración entre civiles y la Fuerza Pública, ¿cómo garantizar que no se dará pie a que se formen nuevos grupos de civiles que ejerzan la fuerza por su cuenta?
“En la medida en que haya seguridad, haya orden, se cumplan unos derechos y deberes, y se apliquen es cómo debemos organizarnos dentro de la sociedad. En la medida en que creamos en la justicia, en que respetemos las instituciones, en que sepamos en dónde estamos parados, la sociedad tiene que ir cambiando de alguna manera, pues tiene que darse esa condición esencial, de disciplina, de orden dentro de la sociedad”.
Retomando la pregunta, ¿a usted le preocupa que esa dotación de radios y esa creación de redes civiles de apoyo en seguridad, se puedan desbordar y reeditemos fenómenos como el de las convivir?
“No creo. Lo que estamos demandando en esta red cívica es información. Necesitamos que sean los ojos, no estamos diciendo que van a hacer actividades ni mucho menos, simplemente nos van a dar información que se corrobora para convertir eso en inteligencia y desarrollar operaciones del tipo policial y militar en cada una de las áreas. Para mí es muy importante que si la ciudadanía ve algo extraño, informe, no más.
La disposición del señor Presidente de suspender el porte de armas a nivel nacional es un indicador bueno, los que tienen que tener el monopolio de las armas son las instituciones legítimas y las que el Estado ha predispuesto para eso”.
Hay un deterioro del orden público y se ve el incremento de los homicidios, las extorsiones, ataques de grupos ilegales, disputas por territorio y confinamiento de comunidades. ¿Qué está pasando en el país?
“Hay sectores en los cuales se ha incrementado, pero hay otros en los que hemos detectado que hay alarmas, se actúa y esa alarma baja. Por ejemplo, en el Bajo Cauca antioqueño hoy tenemos índices y porcentajes muy favorables, incluso Medellín y el Área Metropolitana, municipios especiales como Yarumal y otros que se han venido mejorando.
También ha habido deterioro, por ejemplo hacia Urabá, es una alarma y seguramente en las próximas semanas tendremos que tomar las medidas para disminuir estos índices. Cualquier colombiano que pierda la vida es importante y nos duele. El ideal es que las instituciones estén haciendo lo que les corresponde para bajar estos índices delincuenciales”.
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