“Lo que está ocurriendo contra la Ley de restitución de tierras es una campaña de desprestigio”, así calificó Todd Howland, representante de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, los recientes hechos contra los jueces de restitución y campesinos reclamantes de tierras.
Hoy las personas tienen miedo en varias regiones, citó Howland, y puso de ejemplo lo que ocurre en Cesar, Sucre, Magdalena, Magdalena Medio, Urabá, Chocó y Córdoba, donde, según la ONU, grupos armados, exparamilitares, corrientes políticas y otras personas beneficiadas del despojo, han logrado que campesinos, a los que los jueces determinaron como legítimos propietarios de la tierra en el proceso de restitución, abandonen de nuevo sus predios.
Ricardo Sabogal, director de la Unidad de Restitución de Tierras, aseguró que ha documentado casos de personas que teniendo el derecho a reclamar, se han abstenido de hacerlo por miedo a las represalias.
Howland invitó a las entidades del Estado y a líderes locales y regionales a cobijar a los reclamantes que están en riesgo y a mejorar su seguridad, “para garantizar el goce de sus derechos”.
La preocupación del vocero de la ONU para Colombia es que estas prácticas antirrestitución no son hechos aislados sino que, al parecer, obedecen a una estrategia para estigmatizar y revictimizar a los campesinos que fueron desplazados o despojados.
El representante de la ONU denunció la presencia de documentos distribuidos por la Federación Nacional de Ganaderos, Fedegán, dirigida por José Félix Lafaurie, uno de los más críticos del proceso de restitución, que dicen: “si se hace un análisis geoestratégico, podría concluirse que el procedimiento de microfocalización no se dio en áreas de control territorial de las Farc o el Eln; pero sí en sectores donde perdieron el control y lo pretenden recuperar para formar corredores estratégicos de Oriente a Occidente y de Norte a Sur”.
Howland invitó a Lafaurie a visitar estas regiones. “Yo mismo iría con el presidente de Fedegán a mostrarle a esas familias para que él, con conocimiento de causa, pueda decir si son guerrilleros o no”.
Al respecto, Sabogal manifestó que el Gobierno sigue con el “compromiso de que sean los jueces de la República y no guerrilleros o paramilitares quienes definan la propiedad privada en Colombia”.
“Acepto la invitación del representante de la ONU para que él pueda comprobar las nuevas víctimas que ha generado la Ley de Restitución”, contestó Lafaurie a EL COLOMBIANO.
Según el dirigente gremial, “la Ley de Víctimas y Restitución, proclamada con mucha ilusión por parte de la sociedad victimizada por los actores armados, no puede ser un instrumento para despojar a pequeños y medianos propietarios que compraron de buena fe, y hoy son catalogados como no exentos de culpa por el simple hecho de estar en zonas donde grupos generaron situaciones de violencia”.
La ley merece unas modificaciones, añadió Lafaurie, porque necesita además de un alto contenido moral un gran contenido humanitario.
El presidente de Fedegán advirtió que la Unidad de Restitución de Tierras ha contratado “organizaciones con claros sesgos izquierdistas que manipulan el contexto y luego apoderan a las víctimas, muchas a quienes finalmente jueces terminaron adjudicándoles la tierra como víctimas y son guerrilleros, exparamilitares y pertenecen a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico”.
