Luis Carlos Villegas se convirtió en el primer ministro del gabinete del presidente Juan Manuel Santos, a quien la Procuraduría General de la Nación le formula pliego de cargos. A él se suman el comandante de las Fuerzas Militares, general Juan Pablo Rodríguez y al comandante del Ejército, general Alberto Mejía.
Las acusaciones calificadas por el procurador Alejandro Ordóñez como falta grave a título de “culpa grave”, le podrían costar la destitución al ministro y a los altos oficiales por una serie de presuntas omisiones que derivaron en el hecho que delegados de las Farc hicieran una “visita pedagógica” al corregimiento de Conejo, en Fonseca, La Guajira, el 18 de febrero pasado, teniendo contacto con la población civil, armados y sin presencia de la Fuerza Pública.
El pliego de cargos conocido por Colprensa, de 116 páginas, le endilga al ministro Villegas y a los oficiales un único cargo: “presuntamente omitir el deber de dirigir la actividad administrativa del ministerio que preside con el fin que cesara el contacto de miembros armados y uniformados de las Farc (...) pese a estar enterado de esta irregularidad, con el cual se puso en riesgo a la población y no se les garantizó el ejercicio efectivo y pleno de sus derechos y libertades”.
Las pruebas aportadas en el proceso citan un acuerdo firmado el 11 de febrero entre el Gobierno y las Farc en donde se fijaron las reglas para estas actividades de pedagogía que se iban a realizar entre el 1 y el 29 de febrero. La Procuraduría señaló expresamente que el traslado de guerrilleros debía hacerse de civil y sin armas.
Igualmente, se tuvo en cuenta un memorial de entendimiento firmado entre el viceministro de Defensa, Aníbal Fernández de Soto y representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, en donde se señaló el compromiso de levantar operaciones militares desde las 00:00 horas del 17 de febrero hasta las 24:00 horas del 1 de marzo en las zonas en donde el Gobierno Nacional advirtiera.
Según la Procuraduría “se puso en riesgo esta población ante un potencial acto de hostilidad o terrorismo y no se les garantizó el ejercicio pleno de sus derechos y libertades”.
La Procuraduría señaló que el Ejército tenía el deber de protección por ser zona de frontera con Venezuela y que la presencia de la guerrilla generó zozobra y angustia en la población civil.
