El crimen de la lideresa María del Pilar Hurtado Montaño, ocurrido el pasado 21 de junio frente a dos de sus cuatro hijos en Tierralta, Córdoba, evidenció, una vez más, la cruda radiografía del conflicto armado que azota el sur de ese departamento.
Lo ocurrido, a parte de generar un rechazo generalizado en todo el país, también obligó a que la Comisión de Paz del Senado de la República viajaran hasta esa zona del país para conocer de primera mano lo que está ocurriendo. Entre los congresistas que viajaron estaban: Iván Cepeda, Antonio Sanguino, Paloma Valencia, Ruby Chagüi y Roy Barreras.
Aunque las autoridades manejan varias hipótesis sobre el homicidio y aún no se atreven a inclinarse de manera pública por alguna de ellas, lo que sí aseguran líderes sociales y la Defensoría del Pueblo, es que lo ocurrido con María del Pilar está directamente relacionado con la disputa territorial que tienen al menos tres grupos armados ilegales en la región y, cómo ha ocurrido durante tantos años de guerra, la comunidad siempre está en el medio.
EL COLOMBIANO ha denunciado desde enero, que los municipios de San José de Uré, Tierralta, Puerto Libertador, La Apartada y Montelíbano, han sufrido los efectos de una guerra por las rutas de narcotráfico y la minería ilegal entre el Clan del Golfo y una alianza de los Caparros y las disidencias del frente 18 de las Farc.
“La zona hace parte de una ruta estratégica para los bandidos que inicia desde el Bajo Cauca y puede terminar en las costas de Urabá o el norte de Chocó”, explicó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la Séptima División del Ejército.
Lo ocurrido con María del Pilar es una consecuencia de esta situación que, a parte de causar al menos tres desplazamientos masivos en lo que va corrido de este año, también generó los homicidios de 23 líderes desde 2016. “En ese contexto mataron y asesinaron la esperanza de cuatro niños”, afirmó el defensor del pueblo, Carlos Negret.
Efectos de este crimen
Mientras en Tierralta se encuentra un cuerpo élite especializado de la Policía cuya misión es esclarecer lo ocurrido con María del Pilar Hurtado, los efectos de su asesinato aún se sienten en esa región.
Una de esas consecuencias tiene que ver con la polémica generada por la alcaldía del mencionado municipio que, por medio de un comunicado, afirmó que de acuerdo con lo manifestado por el compañero sentimental de Hurtado Montaño, ella “no pertenece a ninguna asociación ni figura como líder social”.
Esa publicación generó el rechazo de diferentes líderes y organizaciones sociales, además de la Defensoría del Pueblo, que por medio de su cuenta de Twitter, aseguró que la información que desvirtúa la condición de líder social de María del Pilar y menciona al Ministerio Público como institución que respalda esa afirmación, “no corresponde a la realidad”, y agregó que la situación de la líder sí era conocida con antelación.
Al respecto, el alcalde de Tierralta, Fabio Otero, en entrevista con el diario La Piragua, dijo que al momento del crimen y de la publicación del comunicado se encontraba en vacaciones, pero que “puedo responder que si María del Pilar en el Cauca hacía parte de una organización claro que lo reconocemos, y no tenemos ningún inconveniente de cambiar el documento que esta Administración pudo haber emitido por falta de información”.
Por su parte, Andrés Chica, defensor de derechos humanos, también sufrió otro de los efectos de este crimen y en las últimas horas tuvo que abandonar esa misma región por amenazas en su contra.
“Necesitamos que las medidas que se tomen en el sur de Córdoba no solo se ven reflejadas en aumento o mejoras de esquemas de seguridad. Las medidas que pueden detener estos homicidios sistemáticos tienen que estar relacionadas con el desmonte real del paramilitarismo y de la estructura de corrupción que hay en el departamento”, afirmó el defensor.
Otro líder asesinado
Manuel Gregorio González Segura, quien era un campesino que hacía parte de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor). Había desaparecido desde el pasado miércoles, pero un día después fue encontrado sin vida atado de las manos atadas y con signos de tortura.
Lo último que se supo de la víctima fue desde que salió de su casa en Veredas Unidas, corregimiento El Palmar, en Montelíbano.
Presencia militar en la zona
La Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles, adscrita a la Séptima División del Ejército, es la unidad militar encargada de la seguridad de 14 municipios en el sur de Córdoba y Bajo Cauca de Antioquia.
En menos de seis meses de operaciones, el general Juan Carlos Ramírez, principal cabeza de la nombrada división, afirmó que hasta el año pasado solo se tenía ocupación militar en el 25% de dicho territorio, mientras que ahora se llegó a un 95%
“Estamos cumpliendo con las recomendaciones de la Defensoría por las alertas tempranas. Estamos ocupando las áreas donde se ha denunciado presencia de grupos armados ilegales. Solo en Tierralta ingresaron 200 soldados y ya hemos ubicado y destruido seis campamentos del Clan del Golfo”, añadió el oficial.
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