Un párrafo de solo 4 líneas, que quedó dentro de la cirugía a la ley de orden público, se convirtió en la carta jurídica con la que el Gobierno del presídete Gustavo Petro abre la puerta para que el narcodisidente ‘Iván Márquez’ pueda subirse al bus de la paz total.
En ese apartado de la reforma, cuya conciliación final se vota este miércoles en las plenarias de Cámara y Senado, queda autorizada una especie de figura que les da accesos a beneficios jurídicos a quienes en el pasado ya hayan traicionado acuerdos de paz, pero que ahora ayuden a desmontar organizaciones criminales.
“Se entenderá como parte de una estructura armada organizada de crimen de alto impacto a los exmiembros de grupos armados al margen de la ley, desmovilizados mediante acuerdos pactados con el Estado colombiano, que contribuyan con su desmantelamiento”, se lee en documento conciliatorio, al que algunos ya bautizaron en el Congreso como el “artículo Márquez”.
Esas líneas están mimetizadas en el cuerpo del artículo 2 del proyecto, muy cerca de la parte en que queda claro que ese tipo de organizaciones, que no son otras que las narcodisidencias que desertaron de los acuerdos de La Habana, tendrán una ruta para intentar que dejen sus actividades ilícitas.
Por eso, se plantea de forma explícita que el Estado podrá ejecutar “acercamientos y conversaciones con grupos armados organizados o estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, con el fin de lograr su sometimiento a la justicia y desmantelamiento”.
Y, para más señas de que el destinatario de este apartado es ‘Iván Márquez’ y su narcobanda, se deja claro que las “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto” son todas aquellas que respondan a una estructura jerárquica y/o de red, que ejecuten crimines como los establecidos en la Convención de Palermo –documento de la ONU que da guía sobre cómo combatir la delincuencia organizada transnacional–, y que “se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen, y cumplan funciones en una o más economías ilícitas”.
En todo caso, si este proyecto pasa su examen final en las plenarias, el comisionado de Paz, Danilo Rueda, y otras entidades –incluyendo al Ministerio de Defensa– quedarán facultadas para analizar a cuáles estructuras se les aplicará o no esa denominación.
Pero Rueda ya habló directamente con ‘Márquez’ y Petro le planteó lo mismo a su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, durante su almuerzo de este martes en Caracas. La razón es que el narcodisidente está escondido en territorio del país vecino y la forma de que le lleguen estos mensajes con claridad pasan por el Palacio de Miraflores. En todo caso, solo en la tarde de este miércoles se sabrá cómo queda el andamiaje jurídico.
Lea a continuación todo el texto de la conciliación de la ley de orden público:
