El Gobierno y el Comité de Paro de Buenaventura acordaron la creación de un “Corredor por la vida y por la paz”, con el objetivo de poder movilizar la carga que se encuentra represada en el puerto.
Ese aspecto está incluido en un documento que, además, establece una revisión que tendrá “acompañamiento” de “máximo 10 delegados del comité de paro”, garantizado que estos realicen registro audiovisual “como garantes”. La intención es verificar que se cumpla lo suscrito, de acuerdo con lo informado por las partes.
Además, en el acta quedó establecido que será la Policía Nacional la que adelante la inspección documental sobre sellos de garantía y seguridad a las tractomulas, así como inspección documental y ocular a la carga.
Sin embargo, a las pocas horas de conocerse ese contenido, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras realizó unas duras crítica a este acuerdo mediante un trino desde su cuenta, señalando que el Gobierno entregó la soberanía por considerar que se le otorgaban facultades al comité del paro que son propias de la Policía Nacional.
En el mensaje Vargas Lleras dijo: “Con la firma del acuerdo con el Comité Distrital del Paro de Buenaventura, el Gobierno Nacional ha entregado el control y la soberanía sobre el territorio nacional, otorgando a los promotores facultades de control y vigilancia sobre la carga”.
Así mismo, calificó como “descriteriados” a los viceministros Juan Camilo Restrepo (agricultura y recién nomrbado Comisonado de Paz) y Juan Pablo Díaz Granados (Interior y Relaciones Políticas) por haber firmado el acuerdo con los voceros del Comité Distrital del Paro Nacional-Buenaventura.
Otra de las voces que se sumó al rechazo de esos acuerdos fue la del expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez, quien sostuvo: “Sustitución de la autoridad legítima. El paro de Buenaventura da permiso y define cuántos camiones pueden entrar y salir, los días y los productos autorizados. Se pierde la autoridad, se pierde el Estado y avanza el camino de más anarquía y de más violencia”.
Los senadores del Centro Democrático, Gabriel Velasco, Paloma Valencia y Nicolás Pérez también salieron a criticar este preacuerdo.
De hecho, el foco de sus declaraciones se centró en lo que ellos consideran es la pérdida de autonomía de las instituciones y la falta de garantías, de acuerdo con sus pronunciamientos, para el respeto de la legalidad.
Ante todas estas afirmaciones, el Díaz Granados salió al paso y desmintió los hechos. Aseguró que la administración nacional “no ha cedido un centímetro de institucionalidad”.
“No hemos facultado a particulares a inspeccionar carga en Buenaventura. Esa facultad la ejerce de manera exclusiva la Policía. Cosa distinta es el ejercicio de veeduría ciudadana en el marco de la ley. No hemos cedido un centímetro de institucionalidad”, concluyó Granados.
El documento está firmado por parte del Gobierno, por el viceministro de Desarrollo Rural, Juan Camilo Restrepo y el viceministro de Relaciones Políticas, Juan Pablo Diaz Granados. Además de voceros del comité del paro, unos facilitadores y acompañantes del proceso de la Alcaldía de Buenaventura, la Iglesia y la ONU y otros garantes de la Personería, Procuraduría y Defensoría.
Mininterior desautoriza acuerdo
En la mañana de este viernes el ministro del Interior, Daniel Palacios, desautorizó el acuerdo, aunque aseguró que “ninguna de las funciones de la fuerza pública es usurpada”.
“Ninguna de las funciones de la fuerza pública es usurpada. Una cosa es la intención y otra lo que está escrito y, en ese sentido, lo que tiene que quedar claro es que nadie podrá hacer inspección además de la fuerza pública”, sostuvo Palacios en entrevista con Blu Radio.
Así mismo, se mostró en desacuerdo ante la posibilidad de que particulares decidan sobre la carga de los vehículos. “Pretender que los del Comité del Paro decidan qué puede o qué no puede entrar, no estoy de acuerdo”, afirmó el funcionario a la emisora.
“No estamos de acuerdo con que se entienda que existe una capacidad del comité del paro de inspeccionar carga. Con lo que sí estamos de acuerdo es que sea la Policía. Y si se entiende así en la redacción, eso no está autorizado”, concluyó.
