La recaptura de Seuxis Paucias Hernández Solarte, más conocido como “Jesús Santrich” sigue causando efectos días después.
Los excomandantes guerrilleros “Marcos Urbano” e “Isaías Trujillo”, quienes debían rendir ayer su versión voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Medellín, enviaron una carta a la Sala de Reconocimiento advirtiendo que no asistirían a la audiencia dados los hechos recientes que “afectan la seguridad jurídica”.
Así mismo, Iván Márquez, cuyo paradero es desconocido, envió una comunicación a través de su cuenta de Twitter en la cual dijo que “en nombre de los comandantes militares del antiguo Estado Mayor Central de las Farc, comandantes de frentes y columnas, impactados por la traición del Estado al Acuerdo de Paz de La Habana, les reiteramos autocríticamente, que fue un error grave haber entregado las armas a un Estado tramposo, confiados en la buena fe de la contraparte”.
De acuerdo con Henry Acosta, el empresario que estableció los primeros contactos entre el Gobierno de Álvaro Uribe y más tarde el de Juan Manuel Santos con las Farc para los diálogos de paz, todas las situaciones que se han presentado en torno a la implementación del acuerdo, tenga la razón la justicia o no, motiva las disidencias y el temor entre los excombatientes.
“Esto alimenta la sensación de que lo que por mucho tiempo han señalado ‘Gentil Duarte’, Iván Márquez y ‘el Paisa’ es cierto; para ellos era un error dejar las armas antes de que se implementara el 100 % del Acuerdo”, recordó Acosta.
Al respecto, Rodrigo Londoño, “Timochenko”, dijo a medios que si Santrich delinquió después de la firma del Acuerdo debía ser vencido en juicio, y que todavía los exguerrilleros siguen con la intensión de cumplirle a la paz.
De otro lado, el expresidente y ahora senador Álvaro Uribe manifestó después de una reunión con su partido, convocada por el presidente Iván Duque, que los excombatientes no pueden seguir en el Congreso sin haber cumplido las condenas “simbólicas” que les imponga la JEP. Estos factores dejan un ambiente de tensión entre todos los involucrados que ponen a tambalear el Acuerdo de Paz firmado hace más de dos y medio.
El mensaje del Gobierno
Emilio Archila Peñalosa, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, aseguró que “el caso de ‘Jesús Santrich’ es una situación individual que, en ningún caso, puede hacerse extensiva a otro de los excombatientes. Se trata de actuaciones judiciales por presuntos delitos que se habrían cometido con posterioridad a la firma del Acuerdo y no por conductas relacionadas con su condición de excombatiente. Por eso, las decisiones de las autoridades en este caso no se pueden extender a ningún otro ciudadano: se refieren solo a él”.
Y agregó que con respecto a todos los demás “no se verá afectada de ninguna manera la firmeza de nuestro compromiso con su reintegración”.
Imputación suspendida
“Viva la soberanía de Colombia, abajo la república banana”, fueron las palabras de Santrich, visiblemente recuperado de sus achaques de salud, al entrar al complejo judicial de Paloquemao, para su audiencia de imputación de cargos, oportunidad en la que la Fiscalía debía destapar parte de las pruebas que permiten concluir al juez si amerita abrir un proceso judicial en contra del exguerrillero por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Esta es la primera vez que un exmiembro de las Farc de su nivel de mando está ante los estrados judiciales y será juzgado por la justicia ordinaria, y se da después de que la JEP hubiera determinado su libertad al no contar con pruebas suficientes para establecer la fecha en la que presuntamente conspiró para enviar cocaína a los Estados Unidos.
La audiencia fue suspendida porque la defensa recusó a la jueza, ya que “durante la audiencia de legalización de captura manifestó que la medida de aseguramiento procedía cuando esa no era la etapa procesal, porque ni siquiera era el momento de que la Fiscalía lo pidiera. Así que como prejuzgó, está contaminada, y debe hacerlo otro juez en respeto del principio de legalidad e imparcialidad”, anotó Eduardo Matías, abogado defensor.
La jueza decidió que es la Corte Suprema de Justicia quien debe resolver la competencia en el caso. En tres días, ese alto tribunal deberá resolver y determinar al competente para investigar al exlíder de las Farc.
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