Antioquia es el segundo departamento, despúés de Meta, con mayor biodiversidad del país, con 15.199 especies, según el Sistema de Información sobre Biodiversidad (SiB) y un territorio que concentra ecosistemas tan variados como los manglares, los bosques húmedos, secos, de niebla y los páramos.
Por esta razón, los expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que el próximo gobernador tendrá en sus manos la tarea de proteger ese recurso ambiental, muchas veces irrecuperable.
Las gestiones tienen tareas en varios frentes. En primer lugar, señalan los expertos, está el tema de deforestación. Según datos de la Gobernación, entre el 2000 y 2017 en Antioquia se perdieron 440.000 hectáreas de bosque; es decir, el equivalente a 12,2 veces el territorio de Medellín.
Pese a esto, los investigadores apuntan que hay avances, pues el departamento ha abandonado el primer lugar en las listas de deforestación. El foco de preocupación, que estará entre los primeros puntos del próximo mandatario departamental, es el Bajo Cauca antioqueño, donde la presencia minería ilegal profundiza los problemas de conservación.
En segundo lugar, está la protección del agua. Los expertos señalan que el futuro gobernador deberá detener el proceso de erosión costera y recuperar las zonas más críticas en los 500 kilómetros de litoral con los que cuenta Antioquia.
En este sentido, es preciso un control estricto de las licencias mineras que corresponde otorgar a la gobernación, debido al impacto de esta actividad en las fuentes hídricas y a que el departamento es el que cuenta con mayor número de títulos mineros en todo el país, alrededor de 1.300.
Los expertos destacan que la institucionalidad del departamento no está sola. Cuenta con iniciativas apoyadas por varios sectores como el Observatorio de Bosques de Antioquia, y de las investigaciones académicas que ayudan a trazar el camino, a veces difuso, entre la sostenibilidad y el desarrollo. Los profesores también señalan la importancia de estudios como el Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, el cual identifica 661.000 hectáreas de tierra disponibles para la utilización con fines productivos sin riesgo ambiental.
El departamento, concluyen, no está aislado de un contexto global. De la gestión del próximo gobernador en la conservación de la riqueza natural depende que la crisis ambiental mundial –acelerada por el cambio climático– encuentre en Antioquia un atenuante
Materializar proyectos para detener la erosión costera
Mauricio Andrés Correa
Jefe del Centro de Extensión Académica de la Facultad de Ingeniería – Universidad de Antioquia
Antioquia, es catalogado a nivel nacional e internacional, como una de las regiones de Colombia con mayores atributos ambientales. Este reconocimiento obedece a los particulares atributos geográficos, físicos, naturales y climáticos que no tienen parangón. Estas características, hacen del territorio un lugar estratégico por su diversidad de especies, importante caudal hídrico, entre otros. De acuerdo con lo anterior, las amenazas ambientales que viene afrontando se transforman en los principales retos que deben estar en la agenda del próximo Gobernador. La conservación y restauración de ecosistemas estratégicos (protección de páramos y humedales, detener el avance de la frontera agrícola y ganadera en estos territorios); materializar proyectos estratégicos para detener el proceso de erosión costera y recuperar sus playas en los 500 km de litoral que ostenta el departamento; velar por la protección del agua, en términos de calidad y cantidad para las comunidades (Gestión Integral de Cuencas: implementar redes de monitoreo y gestión del riesgo en las diferentes subregiones (caso de éxito “Programa Integral Red Piragua-Corantioquia), detener la deforestación, controlar la entrada de sedimentos, fortalecer los programas para el control de vertimientos de aguas residuales, promover y fomentar programas de educación ambiental, manejo de residuos sólidos, ahorro y uso eficiente del agua, entre otros); armonizar la actividad minera en los territorios con los componentes social, cultural y ambiental (Antioquia es el departamento de Colombia que cuenta con el mayor número de títulos mineros, alrededor de 1300, solo por mencionar la minería formal); estas y muchas más en materia ambiental son tareas sine qua non para el futuro administrados.
Deforestación del Bajo Cauca, un tema para revisar
Juan Fernando Díaz Nieto
Profesor Departamento de Ciencias Biológicas - Eafit
El departamento cuenta con una inmensa riqueza biótica albergada en diversos bosques como manglares, bosques húmedos, secos, de niebla y páramos, los cuales nos ubican como el segundo departamento con mayor biodiversidad en Colombia (15.199 especies según el SiB). Los bosques proveen las mayores contribuciones para la viabilidad de la humanidad (agua y aire) y por tanto su protección no debe ser subestimada. Por el contrario, debería estar en el escalón superior de las prioridades. Antioquia no escapa a escenarios internacionales, según la última evaluación del estado de la biodiversidad a nivel mundial (Ipbes 2019) nos encontramos en un punto de inflexión para tomar acciones en contra de los efectos catastróficos que puede tener la masiva pérdida de biodiversidad, donde el evento que contribuye en mayor medida a dicho escenario es la pérdida de bosques nativos. Si bien Antioquia dejó de estar en el frente de la deforestación nacional hemos perdido el 65 % de los bosques. Según la alerta temprana de deforestación del Ideam, el Bajo Cauca antioqueño está en los puntos críticos de tendencia de deforestación nacional. Tal y como lo sugiere el Ipbes, la sociedad antioqueña tendrá la tarea de: desarrollar incentivos para la preservación de bosques, promover la interacción entre las diferentes entidades que toman decisiones y generan conocimiento, fortalecer la generación e implementación de políticas ambientales, y generar sistemas ecológicos y sociales resilientes a escenarios futuros inciertos. Afortunadamente, la institucionalidad no está sola en esta tarea, una fuerte academia en temas bióticos a nivel departamental, iniciativas multisectoriales y una sociedad comprometida ayudarán a generar el cambio adecuado en el rumbo de nuestros bosques.
Desarrollar un modelo de gestión del recurso hídrico
Robert Ng Henao
Coordinador de la Maestría en Gestión y Transformación de Ciudades Inteligentes y Sostenibles – Universidad de Medellín
Durante los últimos 4 años las prioridades ambientales estuvieron delineadas a través de dos líneas estratégicas del Plan de Desarrollo, que se orientaron en forma directa alrededor de la gestión de la sostenibilidad ambiental y en forma transversal a la consolidación de un nuevo enfoque de la ruralidad como eje generador de equidad y sostenibilidad para el territorio. La próxima administración debe generar conciencia de la necesidad de asumir ambiciosos retos en función de una serie de factores que amenazan seriamente el desarrollo. Entre los más importantes, podemos ubicar: la trasformación acelerada de los usos del suelo, la variabilidad climática, la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y los modelos de desarrollo territorial basados en lógicas extractivistas. Algunos de los elementos que el próximo Gobernador debe considerar con mayor prioridad son: La planificación del territorio y gestión de proyectos bajo la consideración de escenarios de vulnerabilidad climática, análisis de riesgos y crecimientos basados en bajo nivel de carbono. Perfilar cualquier inversión como una oportunidad para el desarrollo humano de las comunidades, con proyecciones compatibles con el cambio climático, el desarrollo sostenible y la compensación. Desarrollar un modelo integral de gestión del recurso hídrico que permita además de asumir con antelación los riesgos del agua, enfrentar el déficit de agua potable en muchas comunidades rurales, así como algunos municipios y cabeceras urbanas. Definir las prioridades de conservación ecosistemica para garantizar las condiciones de funcionamiento, favorabilidad y permanencia de especies en el territorio. Integrar los principios de gestión y competitividad sostenible en las actividades relacionadas con la explotación minera.
Se debe garantizar la protección de los bosques
Guillermo Vásquez velásquez
Decano Facultad de Ciencias Agrarias – Universidad Nacional
Con cerca de 6,3 millones de hectáreas, valles, cañones, montañas, altiplanos, llanuras y una amplia diversidad de climas, suelos y formaciones vegetales, Antioquia tiene una condición geográfica privilegiada para fundamentar buena parte de su desarrollo económico en el sector agrario y ambiental; sin embargo, este potencial ha sido medianamente aprovechado o mal utilizado. El Plan de Ordenamiento Territorial Agropecuario, Pota, elaborado por la U. Nacional, sede Medellín, para la Secretaría de Agricultura de Antioquia, ha revelado muchas realidades agrarias y ambientales. Tiene cerca 661 mil hectáreas de tierra disponibles para la utilización irrestricta en 72 renglones productivos o tipos de uso, 33 agrícolas, 20 pecuarios, 12 forestales y 7 silvopastoriles; a estas se puede agregar cerca de 2,7 millones de hectáreas en tanto se definan algunos condicionantes legales y técnicos. De esta manera, este es un instrumento genuino para decidir las inversiones en el sector agrario, canalizar los recursos de cooperación, desarrollar la reforestación comercial, fomentar la agricultura campesina y el empleo rural, en aras de garantizar la soberanía alimentaria y generar excedentes de exportación.
Pero el Pota también ha revelado otra importante realidad para Antioquia: la disponibilidad de 2,9 millones de hectáreas, 46% del Departamento, que brinda servicios ambientales de gran valor en momentos de la mayor crisis ambiental global: bosques naturales, páramos, humedales, áreas generadoras de agua, sumideros de carbono atmosférico, biodiversidad florística y faunística, y paisajes admirables. Es un inmenso patrimonio ambiental de todos los antioqueños, que el próximo gobernador debe proteger.
Calidad del aire y movilidad: en el resorte del gobernante
Juan Daniel Martínez
Profesor del Grupo de Investigaciones Ambientales (GIA) - UPB
Sin ánimo de suscitar polémica, hago mención a dos aspectos que aparecen con mayor frecuencia y preocupación. En este sentido, los indicadores de calidad del aire y de movilidad no muestran los números y la aceptación social que garanticen el derecho a la vida y a la salud y que vulneran lo reglamentado en la Constitución; y que, por cierto, es responsabilidad del Gobernador velar por su cumplimiento. Estos aspectos podrían ser encarados desde la perspectiva de sostenibilidad, en coordinación y colaboración armónica con las demás autoridades ambientales, reflexionando sobre la capacidad que tiene la región; y específicamente, el área metropolitana, para alojar un número finito de vehículos motorizados que circulen de manera fluida cumpliendo los umbrales para una excelente calidad del aire. Adicionalmente, planteo una serie de consideraciones con el fin de encontrar mecanismos que puedan aportar a la solución de estas preocupaciones: ¿tienen las regiones la capacidad para alojar más vehículos y, en consecuencia, más emisiones de material particulado, monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y de azufre, y demás agentes contaminantes? ¿los vehículos pesados que van hacia el norte o hacia el sur deberían seguir atravesando la mayor parte del área metropolitana? ¿se deben construir cinturones de intercambio vehicular para aquellos carros que no precisan ingresar al área metropolitana? ¿tiene el conductor una pauta de manejo que contribuya a un mínimo consumo de combustible y a disminuir las emisiones? ¿los límites de emisión regulados por la tecno-mecánica son los adecuados para garantizar una buena calidad del aire? ¿cumplen los centros de diagnóstico automotor su labor? ¿es posible seguir el ejemplo de otras ciudades que han restringido la circulación de vehículos diésel en el área metropolitana?
