Las listas de aspirantes del Centro Democrático al Congreso de la República se vieron empañadas por cuenta de los problemas con la justicia de dos candidatos a Senado y Cámara, avalados por esa colectividad cuyo líder natural, Álvaro Uribe, también tiene un proceso judicial pendiente.
Este jueves, por medio de un escueto comunicado, ese partido político le solicitó a Daniel García Arizabaleta que renunciara a su aspiración al Senado, debido a la imputación anunciada en su contra por la Fiscalía General de la Nación por su presunta relación en el escándalo de corrupción de Odebrecht.
“El Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht radicará solicitud de audiencia de imputación contra Daniel García Arizabaleta, como presunto responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad en documento privado”, expuso el ente investigador.
De acuerdo a la Fiscalía, entre 2009 y 2013, García Arizabaleta habría recibido pagos por parte de Odebrecht, y presuntamente la multinacional brasileña utilizaba a la empresa Consultores Unidos para no dejar trazabilidad.
“La empresa recibió cuentas de cobro y facturas falsas por servicios que nunca se prestaron y se desembolsaron los recursos al señor García Arizabaleta sin dejar rastro de su relación con Odebrecht. La investigación da cuenta de que el indiciado presentó un incremento patrimonial injustificado de $360’000.000”, apuntó el ente investigador.
“Con enorme tristeza, pero con la cabeza en alto, renuncio a mi candidatura al Senado de la República y también al partido que durante años ayudé a construir”, dijo Arizabaleta y después afirmó que hasta “hoy” creyó en el partido Centro Democrático.
García Arizabaleta había sido destituido e inhabilitado en 2008 por la Procuraduría para ocupar cargos públicos por 12 años, el entonces funcionario falsificó su experiencia laboral para aterrizar en Coldeportes (hoy Ministerio del Deportes) y el Invías. Fue entonces que en 2010 saltó a la esfera privada y fue contratado por Odebrecht.
Aunque con esta decisión el uribismo sacó de sus filas a uno de sus candidatos con más influencia, no pasó lo mismo con la aspirante a la Cámara de Representante por Quindío, Rosa Patricia Buitrago, quien fue imputada por el presunto delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales por supuestos hechos de corrupción cuando fue alcaldesa del municipio de La Tebaida, entre 2016 y 2019.
En la imputación, la Fiscalía argumentó que la exmandataria no verificó $1.000 millones que eran destinados para atender a 250 adultos mayores por medio de la estampilla pro bienestar del adulto mayor, donde particulares se habrían apropiado de dichos recursos públicos.
Buitrago no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía en su contra y desde el Centro Democrático decidieron no pronunciarse frente al caso.
A la par de estos problemas con la justicia, este jueves se aplazó de la audiencia de preclusión de Uribe. La jueza Carmen Ortiz la reprogramó para el próximo 18 de marzo. En esa sesión participará el exmandatario imputado por fraude procesal y soborno a testigos.
Las palabras de Uribe se iban a dar luego de que sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana ya hubieran intervenido ante el despacho de la jueza, desestimando los puntos que han expuesto los apoderados de las víctimas
