Iván Duque quedó en medio de tormenta por la JEP

  • Presidente de la JEP, Patricia Linares, y el fiscal general Néstor Humberto Martinez FOTO Colprensa
    Presidente de la JEP, Patricia Linares, y el fiscal general Néstor Humberto Martinez FOTO Colprensa
Por OLGA PATRICIA RENDÓN M. | Publicado el 20 de febrero de 2019
11.700

personas se han
sometido a la Jurisdicción Especial para la Paz

en definitiva

Tanto el fiscal general como el jefe del partido de Gobierno solicitaron al presidente Iván Duque no sancionar la ley estatutaria de la JEP, lo que dejaría en el limbo a 11.700 comparecientes.

Conforme pasa el tiempo, el plazo que el presidente Iván Duque tiene para sancionar la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se acaba, y la presión para que la objete o la firme es mayor.

Desde que llegó el texto a la Presidencia empezó un fuerte rumor acerca de que sería objetada por inconveniencia; incluso la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que la revisión de la Oficina Jurídica sería muy juiciosa para ver si había argumentos para hacerlo.

No obstante, el presidente Duque dejó entrever en la mañana del lunes, a medios de comunicación, que la sancionaría. “No voy a entrar a controversias con la Corte Constitucional”, dijo, y agregó que es preferible tener Ley Estatutaria de la JEP que no tenerla, porque se necesitan normas claras y no la incertidumbre normativa.

Pocas horas después, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, le envió una carta en la que manifestaba sus inquietudes, para que le sirviera de análisis al momento de revisar la norma.

Más contundente fue el expresidente y ahora senador, Álvaro Uribe, quien lanzó siete trinos en los que acogió las tesis del fiscal y sugirió que, mejor que objetar la JEP, es acabar con ella.

¿Se puede objetar?

La objeción de una ley estatutaria, como esta, no tiene precedentes en Colombia, según la representante a la Cámara, Juanita Goebertus, una de las encargadas de darle forma a la JEP.

Los gobiernos anteriores lo han hecho con leyes ordinarias, especialmente argumentando inconveniencia económica o inconstitucionalidad. Por ejemplo, el presidente Juan Manuel Santos no sancionó las leyes de infertilidad, de madres comunitarias y de cotización al sistema de salud por parte de los pensionados.

Pero esta, al ser de carácter estatutario, tiene revisión previa, automática e integral de la Corte Constitucional, como se hace desde 1994. Es decir, ya no puede ser objetada por inconstitucionalidad (la corte no considero que hubiera sustitución), solo queda la objeción por inconveniencia económica, social o política, y es a esos argumentos que muchos han acudido.

Para el expresidente de la Corte Constitucional, José Gregorio Hernández, “ya efectuada la revisión de las normas y proferido el fallo de la Corte Constitucional, este debe ser acatado aunque se discrepe del mismo. Es la regla democrática y el deber del Gobierno y de todo ciudadano”.

Pero más allá del deber ser, “aunque la Corte ha admitido que puede haber objeción presidencial por inconveniencia, lo cierto es que en el evento de ser aceptadas (las objeciones) por las cámaras, si se le fueren introducidos al proyecto nuevos textos normativos o modificaciones de fondo, resulta evidente que, en cuanto a ellos, tendría que regresar a la Corte Constitucional para que se pronunciara acerca de la constitucionalidad de reglas que no pudo tener en consideración cuando efectuó el examen de control previo inicial”, argumentó el jurista.

Es decir, el proceso para que al fin quede en pie la norma tardaría mucho y la JEP seguiría operando según su propio reglamento.

De acuerdo con la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, “es importante que la Ley entre en vigencia porque indudablemente genera mucha más seguridad jurídica, se pueden superar debates en torno a la garantía del debido proceso y aplicar la norma especial producida para el tipo de procesos que desarrolla la JEP”.

Esto teniendo en cuenta que hasta el momento 11.700 personas se han sometido a esa Jurisdicción, entre excombatientes de las Farc (9.691), agentes del Estado (1.958) y terceros (51).

Por eso, Miguel Ceballos, alto comisionado para la Paz, expresó que “así como hay una necesidad de que se implementen los acuerdos dentro del marco de la Constitución y la Ley, compromiso que ha expresado con toda claridad el presidente Duque, también el mandatario tiene un plazo para analizar todas las implicaciones que se relacionan con la ley. Es derecho y deber del presidente y Colombia debe ser respetuosa”.

El plazo al que el funcionario se refirió vence el próximo 11 de marzo, cuando el mandatario deberá decidir si firma el proyecto y lo convierte en Ley o lo objeta y lo devuelve al Congreso. Sin embargo, Ceballos aclaró que aún cuando el presidente objetara la Ley, la JEP sigue funcionando como lo está haciendo hasta ahora.

Objeciones constitucionales

Catalina Botero, decana de Derecho de la Universidad de los Andes, advirtió que todas las objeciones que han surgido (ver módulos) no son de inconveniencia sino de constitucionalidad: “Las críticas de la Fiscalía se refieren a aspectos de la Constitución o de sentencias de la Corte Constitucional (que interpreta la Carta Magna) con las que no está de acuerdo. La objeción presidencial no es el espacio para plantear ese debate”.

Y agregó, que la falta de esta ley sería más inconveniente que las objeciones mismas, porque como la JEP ya tiene en sus manos los procesos, serían los jueces quienes tendrían que llenar ese vacío en la reglamentación. “Se requiere una ley clara que ofrezca seguridad jurídica y esa es la ley estatutaria de la JEP”.

Ceballos aclaró que en efecto las inquietudes están relacionadas con artículos que fueron declarados inexequibles por la Corte y que fueron motivo de discusión en el Congreso. “Esa declaración se respeta, se acata y en este momento las objeciones son por inconveniencia”.

En eso estuvo de acuerdo Goebertus, quien aseguró que las objeciones del fiscal son insistir en temas en los que la Corte no le dio la razón.

Presentar otro proyecto

Como una solución salomónica, el expresidente César Gaviria propuso que el presidente Duque sancione la ley, y que más bien “si, él o su Partido, o el fiscal creen que hay que repetir discusiones jurídicas y políticas que se dieron, con todo detalle, en los últimos dos años, que presenten proyectos al Congreso y allá discutiremos la juridicidad y conveniencia de las modificaciones, con la seguridad de nuestra parte que no avalaremos nada que ponga en riesgo algo de lo que hemos avanzado en materia de paz, reconciliación, justicia, verdad y reparación”.

En su férrea defensa de la JEP, Gaviria aclaró que está hecha bajo un diseño “dirigido a satisfacer a las víctimas en su derecho que haya justicia y que contó con un unánime respaldo de la comunidad internacional, y su alcance trasciende la normatividad que proviene de la legislación ordinaria colombiana”.

Contexto de la Noticia

Paréntesis El choque de Uribe con la Corte

Si el presidente Duque no sanciona la ley estatutaria de la JEP se daría un choque de trenes entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional similar al que ocurrió durante el mandato de Álvaro Uribe. En el 2006 la Corte declaró exequible con condiciones la Ley de Justicia y Paz, marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares. Incluyó la garantía de no repetición, las víctimas podían intervenir en los procesos, y el delito de concierto para delinquir no podía equipararse a la sedición, por lo que perdían cualquier posibilidad de elegibilidad política. El Gobierno no estuvo de acuerdo y arremetió contra el alto tribunal.

ejecución permanente

Al fiscal Néstor Humberto Martínez le preocupa que los reincorporados que continúen en el narcotráfico con conductas de ejecución permanente puedan conservar los beneficios de la JEP y no sean investigados ni juzgados por la justicia ordinaria. Se refiere a la conservación o financiación de plantaciones, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles que hayan empezado a cometerse antes del 1° de diciembre de 2016 y se mantengan. Según la congresista Juanita Goebertus, la Corte ya resolvió este asunto: los delitos que iniciaron antes del 1/12/16 se quedan en la JEP; si hay reincidencia, la JEP abre incidente de incumplimiento; y los delitos posteriores van a la justicia ordinaria.

Reincidencia en graves delitos

La JEP está erigida sobre la garantía de no repetición, lo que en el criterio de la Fiscalía implica que el mantenimiento de los beneficios obliga a los reincorporados a abstenerse de la comisión de nuevos delitos. En opinión del fiscal Martínez, esa no repetición implica aceptar el orden jurídico íntegramente y no solo no volverse a levantar en armas contra el Estado. Tal como está la ley, dice el fiscal, si un excombatiente vuelve a secuestrar, a narcotraficar o a matar conservará los beneficios, así ese delito pase a la justicia ordinaria. A lo que la magistrada Patricia Linares contestó que “los delitos que se cometan después de esa fecha son competencia de la jurisdicción ordinaria y la Fiscalía mantiene su competencia”.

Suspensión de investigaciones

Como salió del Congreso la Ley Estatutaria, quedaba claro que la Fiscalía continuaría adelantando las investigaciones relativas al conflicto armado hasta el día que la Sala anunciara públicamete que presentaría su resolución de conclusiones al Tribunal de Paz. La Corte, por su parte, dispuso que los investigadores no podrán ordenar la citación a la práctica de las diligencias judiciales, con lo que ata las manos del ente acusador, según Martínez. Su preocupación es que esta no es forma de responder con el Estatuto de Roma. Para Goebertus es claro que, como quedó la estatutaria, la Fiscalía puede investigar y decretar pruebas hasta la resolución de la JEP; pero no puede capturar, determinar responsabilidades, ni citar a diligencias.

Impunidad para crímenes de guerra

El fiscal Martínez tampoco está de acuerdo con los principios de selección de casos de la JEP, que ante un gigantesco universo de comparecientes y de hechos victimizantes deberá priorizar los casos más representativos y los máximos responsables. Según su análisis, el Estado tiene el deber irrenunciable de investigar, juzgar y sancionar todos los crímenes contra la humanidad. La magistrada Linares explicó que ““no habrá impunidad, precisamente la Jurisdicción fue diseñada para garantizarles a las víctimas y al país que no habrá impunidad, que no se incumplirán los compromisos en la materia y que se sancionará a quienes hayan cometido crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad en el marco del conflicto”.

Violencia sexual contra niños

La Corte Constitucional declaró inexequible el artículo 146, por medio del cual se establecía que en los casos de cualquier tipo de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes se aplicarían las penas contempladas en el Código Penal, sin ningún tipo de beneficio ni subrogado penal. La Corte aseguró entonces que este era un delito conexo al conflicto armado y su competencia es exclusiva de la JEP. Representantes de varias organizaciones de víctimas pidieron al presidente objetar la norma por inconstitucional, ya que va en contra de los derechos de los niños. Desde la JEP han explicado en varias oportunidades que este no es un delito amnistiable y que es sancionado al igual que los otros delitos de lesa humanidad.

Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto términos y condiciones
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS
Notas de la sección