Tan controvertido fue el cambio que introdujo en 2016 el entonces presidente Juan Manuel Santos, en el mecanismo de elección del fiscal general de la Nación, que tan solo un día después de haberse hecho pública la terna, integrada por Mónica Cifuentes, Yesid Reyes y Néstor Humberto Martínez, la ministra de la Presidencia, María Lorena Gutiérrez, renunció a su cargo.
El procedimiento creado por Santos mediante el Decreto 450 de 2016 y que fue derogado ayer por el presidente Iván Duque, establecía que para conformar la terna a fiscal, debía abrirse una convocatoria pública para que los interesados presentaran sus hojas de vida y se hicieran públicas y, tanto la ciudadanía como las organizaciones y las universidades, pudieran hacer comentarios sobre su mérito y trayectoria. El liderazgo de ese proceso de selección fue puesto en cabeza de la ministra Gutiérrez.
Y aunque ella argumentó que su renuncia se debía a razones de índole personal, tal como lo reseñó entonces EL COLOMBIANO, trascendió que su paso al costado se originó por la inclusión de Martínez en la terna, con la que ella no estuvo de acuerdo.
Las razones
La elección de Néstor Humberto Martínez como fiscal, cuyo nombre se dio por sentado en la terna desde antes de iniciar la convocatoria debido a su cercanía con Santos, generó críticas a la transparencia del mecanismo de selección determinado en el decreto.
Ayer, tras la derogación de la norma, la Presidencia de la República explicó que ya la manera de elegir al fiscal general estaba dada por la Constitución, que entrega al primer mandatario la potestad de diseñar la terna y enviarla a la Corte Suprema, y que un mandato de la Carta Magna “no puede ser modificado vía decreto”.
La Presidencia también citó un concepto de la Sección Quinta del Consejo de Estado, que en la Sentencia 2016-00067-00 del 30 de marzo de 2017 determinó que “cuando la Constitución establece la forma de elección de un funcionario, se debe aplicar dicho procedimiento”.
Con estos argumentos coincidió el abogado Pablo Bustos, presidente de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, quien señaló que la derogación del decreto fue una sugerencia formulada por esa organización civil, puesto que “el proceso era un completo fracaso en la medida en que se sabía de antemano quién iba a ser el fiscal general”.
Bustos añadió que el mecanismo que había sido propuesto “tampoco pudo dar cuenta de los requerimientos éticos y las exigencias básicas para poder sacar adelante una designación que acompasara los intereses de los distintos sectores del país y sobre todo, para que tuviéramos un fiscal decoroso. De eso da cuenta que se tuviera que nombrar un fiscal ad hoc para investigar la rampante corrupción”.
Frente a la potestad de diseñar la terna, que vuelve a quedar en manos exclusivas del presidente, Bustos consideró que “es un paso importante que el Gobierno asumiera la responsabilidad política de escoger a la persona que considere más adecuada para ese cargo” y llamó la atención sobre la necesidad de que se haga con prontitud.
Por su parte David Suárez, experto en Derecho Administrativo, Constitucional y Organización del Estado, de Eafit, considera que el decreto era válido, pues el presidente conservaba la función dada por la Constitución de elegir la terna, pero “era un decreto inocuo”.
Para el académico, la norma “de alguna manera quería brindarle cierta legitimidad a un proceso que finalmente termina siendo unilateral: al presidente le llegaban las hojas de vida de 30 o 40 candidatos muy buenos, pero entre esos hay tres que son los que a él le gustan y son los que él va a ternar”.
Por eso consideró que la derogación de ayer “es totalmente irrelevante” y que lo importante es ver “por qué Iván Duque, luego de cerca de dos meses, no ha pasado la terna. Si no necesita esa convocatoria pública, ya debería tenerla lista” .
