El presidente, Gustavo Petro, se reunió con el fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, en medio de la puja entre la Casa de Nariño y el ente acusador por las liberaciones de los integrantes de la “Primera Línea” y las críticas de la Fiscalía por la designación de los gestores de paz.
“Fue una reunión cordial en la que el Presidente y el Fiscal General hablaron sobre las iniciativas de paz del Gobierno Nacional y de fortalecer de manera conjunta los mecanismos de designación de los gestores de paz que buscarán caminos de negociación con el Gobierno”, detalló la Presidencia en un comunicado.
La reunión de Petro y Barbosa fue la segunda cita entre el jefe de Estado y la cabeza del ente acusador de este mes de enero y la tercera desde que el fiscal comenzó a lanzar críticas contra la “paz total” del Ejecutivo, después de que este anunciara la excercelación de las personas señaladas por presunto vandalismo en el marco de las protestas del Paro Nacional.
El encuentro de este lunes (30 de enero) duró aproximadamente tres horas y fue una de las dos citas que tenía agendadas el presidente para esta jornada con voceros de las instituciones, pues por su despacho también pasará la procuradora Margarita Cabello, quien, al igual que el fiscal, ha cuestionado las decisiones del mandatario sobre los temas de paz.
Al salir del encuentro Barbosa llamó la atención sobre que “tiene que haber justicia retributiva con penas diferenciadas. O sea, cárcel, porque no le pueden dar tratamiento de proceso de paz a un sometimiento a la justicia”.
La antesala de esa asamblea estuvo marcada por las denuncias que Barbosa hizo desde Estados Unidos apuntando que en la lista de gestores de paz del Ejecutivo habría personas con pedidos de extradición de la justicia norteamericana.
Incluso, este fin de semana se conoció que habría una red de abogados, organizaciones y fundaciones que estarían recibiendo pagos millonarios a cambio de declarar a narcotraficantes como gestores de paz, un rótulo que les daría el tiquete de salida a la libertad.
Otro tema que está en la agenda del presidente y en la del fiscal es la radicación del proyecto de ley de responsabilidad penal –conocida como ley de sometimiento– en el Congreso que busca modificar el sistema para que los presos puedan pagar sus penas con trabajo comunitario, inclusión en el mercado laboral y buen compartimiento, otro punto que ha generado asperezas con la Fiscalía de Barbosa.
La visión del fiscal es que “la paz implica justicia transicional con guerrillas que puedan tener origen político y con organizaciones criminales y narcos pues sometimiento a la justicia como ha ocurrido siempre en este país”.
