Tuvo que pasar un mes desde las elecciones legislativas y las consultas para que el registrador, Alexander Vega, reconociera que se le ‘perdieron’ 1’026.000 votos, el doble de los que reclamó desde el principio el Pacto Histórico.
El número no es para nada menor, si se tiene en cuenta que la actual alcaldesa de Bogotá, Claudia López, fue elegida con 1’109.362; y Daniel Quintero, de Medellín, obtuvo poco menos de la tercera parte (304.034) para ganar la elección. De hecho, es 5 veces la votación que obtuvo la senadora más votada el 13 de marzo: María Fernanda Cabal, quien sumó 200.604 votos.
Después de días de escrutinio, lo único claro es que la diferencia entre el preconteo –que no tiene validez legal– y el escrutinio es del 7%, porcentaje que no suele históricamente ser mayor al 3%.
Todavía no está consolidado cuáles partidos se verán más beneficiados, aunque sí se sabe que al menos 400.000 son del Pacto Histórico. El resto los sumaron partidos como el Centro Democrático y el Partido Liberal.
“Toca esperar cómo se distribuye esa cantidad entre los demás candidatos y colectividades y candidatos de Senado”, señaló en la confesión que hizo en una entrevista con Noticias RCN, en la que insistió en su postura sobre la transparencia del proceso electoral.
Los “errores” y los jurados
Sin embargo, les pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría investigar las aparentes irregularidades que dijo se evidenciaron con los jurados de votación en los formularios E-14.
Según él, hubo 23.000 formularios mal diligenciados y en 5.109 mesas los jurados habrían cometido equivocaciones a propósito, con dolo. Justamente, en esas mesas habrá cambio de jurados de cara a las elecciones del 29 de mayo.
Entre las irregularidades se cuentan formularios con asteriscos en casillas donde no se registraba votación por candidatos o partidos. También se evidenciaron rayas, cruces, tachones, líneas en múltiples E-14, lo que –de acuerdo con el Registrador– dificultó la identificación del destinatario de los sufragios.
“Ya tenemos plenamente identificados a los jurados, pero acá demostramos la intención, no solo en el mal diligenciamiento, sino que una vez consignaron la votación de los candidatos, tacharon las cifras, por lo que los testigos presionaron a los jurados para que pusieran asteriscos y tachaduras en todas las casillas en blanco. Se trató de testigos de todas las campañas”, denunció Vega.
En ese sentido y para evitar más cuestionamientos, que también incluyen que el formato era demasiado confuso, la Registraduría ya tiene un nuevo diseño de E-14 para la primera vuelta presidencial del 29 de mayo.
No obstante, puede que las fallas también hayan tenido que ver con la selección y capacitación de los jurados. Para el proceso electoral del 13 de marzo, solo el 80,5% de los seleccionados acudieron a las preparaciones pedagógicas sobre cómo llevar a cabo su labor correctamente.
Todo esto le costó a Vega la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Procuraduría (ver artículo anexo) para verificar las posibles irregularidades en las que habría incurrido en el proceso general de las elecciones del 13 de marzo. Las dudas del Ministerio Público van desde las posibles omisiones del Registrador hasta su presunta extralimitación.
Así mismo, quiere conocer detalles de los contratos con la empresa española Indra, que prestó el servicio de consolidación del preconteo (la página web que el 13 de marzo mostraba los resultados en vivo) y diseñó un software adquirido por el país para la consolidación de los escrutinios nacionales.
Este último, que además solo podrán operar los magistrados del Consejo Nacional Electoral, aún no se ha utilizado porque no han terminado los procesos departamentales de reconteo.
¿Fuego amigo?
A pesar de la seguridad expuesta por Vega, sobre él se cierne un manto de duda porque las críticas en su contra llueven desde distintos sectores.
Primero fue Gustavo Petro, quien planteó un supuesto fraude en contra suya y del Pacto antes de las elecciones legislativas y las consultas de coaliciones.
En ese momento, sin mencionarlo, Vega invitó a no participar en las elecciones a quienes no confiaran en el sistema electoral. Esa respuesta le costó una tormenta.
Después, el movimiento de izquierda logró 20 curules –según resultados preliminares– y Petro 4’495.831 millones de votos. Pero con el reconteo, que empezó apenas un día después de las elecciones, comenzaron a notarse las aparentes irregularidades en los formularios E-14 y, de lado y lado, las exigencias de un escrutinio nacional tomaron fuerza.
Vega casi cede a pedirle al Consejo Nacional Electoral dicho procedimiento después de que el presidente Iván Duque hizo la misma solicitud, aunque eso terminó en nada. Esto le costó dardos de la oposición y de Petro, quien señaló que “ahora sí” se cometería fraude. Pero nadie ha podido probar estas afirmaciones, desde ninguna orilla.
En todo el proceso, el Registrador se ha mantenido en que no hubo ningún hecho de corrupción de parte suya o de la entidad que dirige. Aunque ni siquiera asistió al debate de control político en el Senado, evitándose las penas de esos encuentros acalorados, pero sí ganándose regaños de sus supuestos cercanos políticos.
Es que ni sus señalados copartidarios están de acuerdo con él, y están seguros de que hay más tela por cortar. Y ahora el silencio del Gobierno es diciente, más cuando este no ha desaprovechado sus oportunidades para opinar, así sea con maromas discursivas, sobre las elecciones.
Incluso, el presidente del Congreso, el senador conservador Juan Diego Gómez, pidió un registrador ad hoc para las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Desde su punto de vista, supuestamente Vega ha favorecido al Pacto Histórico, como insinuó en intervención en el Congreso.
Tanta es la presión en contra del Registrador, que desde congresistas como Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, hasta la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, han pedido su dimisión.
Pese a todo, una tutela interpuesta por Antonio Sanguino, de Alianza Verde, para suspender los escrutinios a punto de finalizar y recontar nuevamente todas las mesas, no prosperó. La tutela “no es el camino idóneo para cuestionar la legalidad de un proceso electoral”, le respondió el Tribunal Superior de Bogotá.
Con todo, la ciudadanía y los candidatos aguardan las nuevas medidas anunciadas por Vega para subsanar el daño reputacional y la desconfianza en el sistema electoral.
Está por verse cómo terminará llevándose a cabo el proceso del 29 de mayo, en el que sea cual sea el resultado, el objetivo de las autoridades es evitar un desastre como el del 13 de marzo.
En todo esto aflora lo relacionado con el nuevo Código Electoral, que podría tumbar la Corte Constitucional, pero que para Vega le habría dado más dientes en el proceso, pese a las críticas profundas de Petro y del exvicepresidente Germán Vargas Lleras
