El debate antes de la segunda vuelta presidencial no se dio. Luego de cartas, declaraciones y reuniones Gustavo Petro y Rodolfo Hernández no pudieron acordar un encuentro para discutir sus planes de gobiernos y el plazo se venció.
La campaña de la segunda vuelta contó, hasta este viernes, con 19 días. El tiempo suficiente para realizar un contraste de ideas entre los aspirantes presidenciales, pero hubo negativas. Experto le explicó a EL COLOMBIANO por qué es tan difícil tener un debate presidencial en la recta final de la contienda.
Pese a que la decisión del Tribunal Superior de Bogotá estaba en el medio, los candidatos no pudieron concertar el encuentro antes de la apertura de las urnas este 19 de junio. Según Juan Manuel Muñoz, profesor en el derecho de la comunicación de la Universidad Pontificia Bolivariana, la inasistencia de los candidatos a estos encuentros se da porque no están en la obligación de expresar sus ideas.
“Los candidatos, dentro de su ejercicio de la libertad de expresión, escogen las estrategias de divulgación y comunicación que permitan al electorado conocer sus propuestas de gobierno”, dice Muñoz y añade que “cada quien es libre de expresar o no sus ideas. La posibilidad de participar en un debate es un derecho, pero no puede ser un deber impuesto por un fallo judicial”.
En efecto, el magistrado del tribunal Manuel Zamudio se opuso a la idea de obligar a los candidatos a debatir y aplicó el salvamento de voto alegando que estas decisiones son propias de los aspirantes presidenciales.
“Si el candidato no quiere o no desea exponer sus programas y propuestas en un debate televisivo o por los medios de comunicación dispuestos por el Estado, y con ello priva a los potenciales electores del conocimiento de su programa para convencerlos de un posible apoyo, las consecuencias las recibirá del sufragante, quien en las urnas dará su veredicto el día de las elecciones”, dijo el magistrado.
Ahora, en medio del cálculo político, Hernández puso sobre la mesa los temas a debatir y propuso las periodistas que podrían moderar el fallido debate. Para el experto Muñoz, esta actuación es una vulneración al derecho a la información.
“Es una forma de control y manipulación de la información que atenta contra el derecho que tienen los ciudadanos de recibir información veraz e imparcial. Esta selección afecta el interés general y privilegia un interés particular que termina por configurar una forma de censura, puesto que pretende excluir y sacar posibles temas y preguntas de la discusión pública”, puntualizó Muñoz.
