La Oficina de Control Interno Disciplinario de la Presidencia citó a audiencia pública al exasesor presidencial, Andrés Mayorquín, según lo anunció el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Víctor Muñoz.
A Mayorquín se le indagarán dos cargos en su contra, de manera provisional, “por la presunta comisión de faltas disciplinarias calificadas como gravísimas, de acuerdo con lo establecido con el Código Único Disciplinario”, según Muñoz, en el caso de los múltiples contratos con el Estado que fueron entregados a su esposa, Karen Váquiro.
La audiencia se realizará el próximo 3 de febrero y, en caso de confirmarse las faltas, podría generarse una destitución e inhabilidad de 10 a 20 años para Andrés Mayorquín. Por ahora, el expediente tiene reserva y no será hasta la audiencia que se conozcan los detalles de los avances.
A pesar de su poca experiencia, Váquiro obtuvo 24 contratos con entidades estatales como la Presidencia de la República, la Alcaldía de Bogotá, los ministerios de Cultura, Justicia y Deporte, la Presidencia del Senado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Icetex y la Aeronáutica Civil.
Por esta razón, y debido a que el total de los contratos suman más de 1.200 millones de pesos, la Contraloría General ya está indagando a dichas dependencias del país para revisar la forma en que fueron supervisados los mismos y los soportes de pagos de cada uno.
Además, Váquiro habría mentido al declarar conflictos de interés en las hojas del Sigep, tras asegurar que estaba soltera, lo que se consideraría un posible acto de corrupción por falsedad en documento público.
Así mismo, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria para establecer si Mayorquín habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses, luego de que le fueran otorgados a su esposa una alta cantidad de contratos en un lapso menor a dos años.
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