La controversia por la propuesta de una Comisión Internacional que sirva para apoyar la investigación de delitos en Colombia sumó un capítulo más.
El presidente del Tribunal Superior Militar y Policial, Jorge López Galeano, publicó un comunicado en el que señaló que la “Reforma a la Justicia. Propuesta desde la Justicia Penal Militar no obedece a un ejercicio concertado con esta judicatura”. Esto para indicar que la iniciativa que se había entendido era de la colectividad, realmente era “un acto unilateral e inconsulto con la misionalidad por parte del doctor José Reyes Rodríguez Casas, en su condición de director de la Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar y Policial”.
En resumen, lo que López hizo fue sumarse a quienes ya manifestaron su oposición a la idea de crear una Comisión Internacional de Justicia contra la Impunidad para casos nacionales, como lo propuso Reyes.
El debate sobre la Comisión ya hace parte de la mesa de discusiones de los expertos que fueron convocados por el Ministerio de Justicia para construir una posible reforma al sistema de justicia en el país.
La propuesta de Reyes, un documento de 48 páginas y presentada en la Sala Plena del Tribunal, sugiere que esta instancia internacional realice un acompañamiento que permita reducir los índices de impunidad y corrupción en casos relevantes, relacionados con temas como el narcotráfico y desmantelamiento de bandas criminales.
El texto presentado por Reyes señala puntualmente que “como sociedad estamos frente a un problema excepcional de efecto global que nos corresponde afrontar mediante mecanismos idóneos igualmente extraordinarios”.
En otra parte, el proyecto establece que dicha Comisión trabajaría conforme a la Constitución y las leyes del país, y con los criterios establecidos por los acuerdos internacionales. Es decir que sea una instancia de cooperación entre las autoridades nacionales y los organismos internacionales de justicia.
En términos prácticos esta sería como la comisión que fue creada en Guatemala y en la que participó el actual ministro de defensa, Iván Velásquez.
La Comisión contaría con la cooperación de organismos internacionales como la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).
En Guatemala la Comisión fue creada a finales de 2006, mediante un acuerdo entre la ONU y el Estado, y funcionó hasta 2019, sus funciones fueron apoyar al Ministerio Público, la Policía y a otras instituciones, en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en el desmantelamiento de estos grupos.
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Otro de los objetivos de la Comisión, según la propuesta, sería trabajar en contra de la infiltración de estructuras criminales dentro de las estructuras de justicia y administrativas de Colombia.
La idea, sin embargo, no ha sido recibida con buenos ojos, porque para muchos podría abrir una puerta a perder la soberanía nacional y, además, demerita el sistema judicial y penal del país.
Una de las primeras instituciones en alzar la voz y rechazar la propuesta fue la Corte Suprema de Justicia, al considerar que cualquier modificación de las instancias judiciales nacionales pueden poner en riesgo la democracia del país.
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El nuevo presidente de la CSJ, el magistrado Gerson Chaverra, dijo que si se insistía en la discusión de la creación de dicha Comisión Internacional, la Corte se “abstendrá de seguir participando en la comisión de reforma a la Justicia”.
Lo que sería un duro golpe y un gran debilitamiento para el proyecto de reforma a la justicia que se planea e, incluso, para las mismas discusiones de expertos que se están llevando a cabo.
Para otros, la propuesta de una Comisión Internacional puede ser pertinente en un país como Colombia, con altos índices de impunidad en el sistema judicial, pero parece que a las altas cortes no les agrada la idea de reconocer que la justicia no está funcionando como debería y necesita una ayuda extra.
La discusión está sobre la mesa, y a pesar de las críticas el propio presidente Gustavo Petro y otros líderes políticos del Gobierno, como el ministro Velásquez y el canciller Álvaro Leyva, han mostrado su disposición y hasta interés en que la idea de la creación de la Comisión sea discutida.
Antes Velásquez, por ejemplo, ya hizo pública la idea de que se crea una institución que entre a reforzar las labores de la Fiscalía General de la Nación en temas como el contrabando a gran escala, el narcotráfico, la corrupción, la minería ilegal y el lavado de activos.
La controversia está sobre la mesa y las opiniones muy divididas, lo que sí parece claro es que el Gobierno está dispuesto a abrir la puerta a la discusión, incluso en medio de los choques políticos que vive con algunos representantes de las altas cortes.
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