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El presidente Gustavo Petro y los líderes del partido Comunes, que representa los intereses de los desmovilizados de las Farc, se reunieron en la Casa de Nariño para dialogar sobre la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana, en medio de varios cuestionamientos en contra de la capacidad del Gobierno para sacarlo adelante.
A la cita, en la mañana de este miércoles, asistieron los congresistas Rodrigo Londoño (Timochenko) y Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada); el delegado de Comunes al Consejo Nacional de Reincorporación, Pastor Alape, y el alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, entre otros.
Al término de la conversación, Londoño trinó que “salimos satisfechos de la reunión que acabamos de sostener con el presidente @petrogustavo, notamos su receptividad frente a las prioridades y preocupaciones que expusimos con franqueza sobre a la implementación integral del Acuerdo Final de Paz”.
Y añadió que “temas como tierras, seguridad para firmantes de paz y comunidades, son de mutua preocupación. Además resaltamos la necesidad que en instancias como la @CsiviComunes (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación) se avance la concertación de acciones concretas respecto a estos puntos”.
La reunión estuvo motivada por varias controversias entre el Gobierno Nacional y el partido Comunes durante el presente año.
El movimiento venía cuestionando la aparente apatía de la Casa de Nariño por la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana. A esta crítica también se había sumado el expresidente Juan Manuel Santos, reclamando que implementar dicho acuerdo era el primer paso para lograr la “paz total” que propone Petro.
Las tensiones se agudizaron la semana pasada, cuando el Jefe de Estado declaró que estaba dispuesto a introducirle modificaciones a ese acuerdo de paz, afirmando que “quedó incompleto”.
Y también por un choque entre Comunes y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, por el desplazamiento de 200 familias del Etcr de Mesetas, en Meta, al parecer ocasionado por amenazas de un grupo armado.
Rueda afirmó que a estos reinsertados se les habían brindado todas las garantías y que la amenaza ya había sido conjurada, cosa que negaron los excombatientes. “No fue una decisión deliberada abandonar el ETCR de Mesetas. Fue un desplazamiento forzado”, trinó Londoño al respecto, exigiendo además una retractación pública del comisionado.
Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.