De nada sirvió, al desde ayer suspendido magistrado Jorge Pretelt, la hora y media en que, documentos en manos, intentó persuadir a la plenaria del Senado sobre su inocencia e inexistencia de pruebas en la investigación que tiene abierta por el delito de concusión.
Con 55 votos a favor y 5 en contra, pasó la ponencia mayoritaria de la Comisión de Instrucción, que pedía admitir la acusación enviada por la Cámara de Representantes en diciembre del año pasado y darle trámite ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Algunos senadores tenían impedimentos y otros se retiraron al momento de votar, como la bancada del Centro Democrático.
Esta decisión se da año y medios después de que el magistrado Mauricio González, también de la Corte Constitucional, lo denunciara ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Lo señaló de haber recibido 500 millones de pesos para intentar persuadir a los magistrados que tenían a cargo el fallo sobre Fidupetrol, abocada a pagar una multa de 22 mil millones de pesos, más 10 % de intereses.
La CSJ decidirá la suerte del togado, no sin antes escuchar los testimonios y revisar las pruebas recopiladas por ese tribunal y las aportadas por el investigado, como indica la Ley 600 (Código de Procedimiento Penal).
Mientras concluye este proceso, la Sala Plena de la Corte Constitucional deberá nombrar a un magistrado en encargo, máximo hasta marzo de 2017, cuando concluye el periodo de Pretelt. El estudio de ese proceso iniciará la próxima semana.
También podría ocurrir que el magistrado renuncie definitivamente. En ese caso, escogerían un nuevo integrante del alto tribunal.
De igual manera, el Senado votó a favor de continuar el juicio disciplinario por indignidad política, proceso a parte al penal, y que podría demorar otros nueve meses.
El senador José Obdulio Gaviria (CD), quien pidió que el proceso fuera devuelto a la Cámara de representantes por vicios de trámite, le dijo a EL COLOMBIANO que el caso Pretelt desnudó una realidad: que la función judicial del Congreso es una “antigualla jurídica e histórica que está mandada a recoger”. Como senador instructor asegura que es “el caos” este proceso, y cualquiera que se intente adelantar el Congreso.
“La Cámara hizo una investigación cuyas falencias procesales, lógicas y hasta ortográficas, abochornan. Y el Senado, como para dar una idea de la falta de claridad sobre los procedimientos, no sabe qué sigue después haber suspendido al magistrado”, aseveró el senador uribista.
Agregó que espera que la CSJ aproveche el momento para dar directrices procesales que sirvan para futuros procesos: “la nulidad del caso Pretelt servirá a la Corte para moldear una especie de código de los procesos especiales”, agregó Gaviria.
Por su parte, el senador Luis Fernando Duque (PL), precisó que se respetó el debido proceso y las garantías para el magistrado: “será la Corte Suprema la que juzgue si es inocente o culpable”.
Mauricio Lizcano (La U), presidente del Senado, afirmó que cumplió el compromiso que adquirió el día de su posesión de darle tránsito a este proceso antes de un mes, para demostrar que las instituciones en Colombia sí funcionan.
“La plenaria queda con la competencia para iniciar un juicio político por indignidad para que el magistrado sea juzgado por la falta disciplinaria. El mensaje para el país es que aquí no hay nadie intocable, por más alta dignidad que tenga. Por eso hoy la plenaria desaforó al magistrado y permitió que la CSJ lo juzgue”, agregó Lizcano.
Por su parte el senador Roosvelt Rodríguez (La U), miembro de la Comisión Instructora, explicó que el juicio de indignidad podría también terminar con la destitución y pérdida de los derechos políticos del magistrado Pretelt.
En su discurso el magistrado Pretelt, ternado por el entonces presidente Álvaro Uribe, imploró: “No hagan algo por lo que después tengan que arrepentirse”.
En su exposición insistió que es inocente y que lo juzgan con pruebas falsas. Citó la declaración del abogado Víctor Pacheco, quien aseguró que él cobró por el fallo (Fidupetrol).
El magistrado consideró que lo condenan con base en correos electrónicos de Fidupetrol que no lo comprometen frente al fallo de la tutela. Reiteró que nunca recibió un peso por ese fallo, y que en ninguna parte de la acusación hay señalamiento concreto de tener ese dinero
