El próximo año se deberán conocer, si la pandemia lo permite, las primeras condenas de la Jurisdicción Especial para la Paz. De momento, los casos que más avanzados van tienen que ver con el secuestro por parte de las Farc y las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate (falsos positivos), por miembros de la Fuerza Pública.
Desde ya la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del Tribunal para la Paz dictó los lineamientos de las Sanciones Propias y de los trabajos, obras y actividades con contenido restaurador-reparador (Toar), que algunos comparecientes deberán realizar y que incluso pueden adelantar antes de la sentencia.
Entre ellos se destacan programas de reparación efectiva para los campesinos desplazados, protección medioambiental de zonas de reserva, construcción y reparación de infraestructuras, eliminación de residuos, mejora de la electrificación y conectividad en comunicaciones de las zonas agrícolas, sustitución de cultivos de uso lícito, recuperación ambiental de las áreas afectadas por cultivos de uso ilícito, construcción y mejora de las infraestructuras viales, alfabetización y capacitación en diferentes temas escolares.
En las zonas urbanas se pueden contemplar programas de construcción y reparación de infraestructuras, de acceso a agua potable y construcción de redes y sistemas de saneamiento, de alfabetización y capacitación.
Y además se pueden adelantar programas de limpieza y erradicación de restos explosivos de guerra y municiones sin explotar en todo el territorio nacional.
“Los Toar deben ser compatibles con las políticas públicas del Estado y armonizarse con las tradiciones y costumbres de las comunidades étnicas”, dice el documento de 19 páginas con los lineamientos para su implementación.
La ONU hará la verificación
El presidente Iván Duque decidió solicitar al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que extienda el mandato de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia hasta el 7 de agosto de 2022, cuando termina su mandato, para que esta instancia pueda ejecutar el monitoreo de las sanciones propias que imponga la JEP, tal como lo solicitó la misma jurisdicción.
El consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, consideró que este apoyo será un aporte a la labor del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, en favor de las víctimas.
En una carta a la magistrada Patricia Linares, presidenta de la JEP, Archila indicó que desde marzo pasado, la Cancillería y la Consejería adelantan las gestiones necesarias ante las instancias correspondientes para lograr ese propósito.
“Aprovecho para reiterarle que, con mucho gusto, en el rol de articuladores del proceso de implementación del Acuerdo con el Gobierno, puede usted contar, señora presidente, con que, desde esta Consejería, continuaremos trabajando en los distintos frentes en que ya lo hacemos para apoyar a la JEP en el diseño y posterior implementación de las sanciones propias”, concluyó el Consejero.
Las víctimas participarán
“Para que haya una sanción propia se debe garantizar la participación de las víctimas, el aporte de verdad detallado y exhaustivo y la aceptación de responsabilidad por parte de los comparecientes. El propósito es alcanzar soluciones que permitan la satisfacción de los derechos de quienes sufrieron graves violaciones de derechos humanos o graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario, la reintegración de quienes cometieron los hechos y la reconstrucción de los lazos sociales afectados o desintegrados por el conflicto, como elementos necesarios para la no repetición”.
Y es que la participación de las víctimas será vital para lograr el objetivo de la justicia transicional. Por ejemplo los familiares de los diputados del Valle, secuestrados y asesinados por las Farc, pidieron la construcción de un megacolegio en su honor, que ayude a mejorar el futuro de la comunidad a la que los diputados le servían.
Sin embargo, Yolanda Perea, víctima de violencia sexual en el marco del conflicto armado, dijo que “no hay nada más reparador y restaurador que la verdad, que es lo que muy poco se ha visto en la JEP. No he visto a los responsables de violencia sexual reconociendo las atrocidades que hicieron, ni en la justicia ordinaria ni en la JEP”.
El Gobierno respalda ese sentimiento de las víctimas, por eso Archila dijo en una reciente entrevista que “lo que nosotros le hemos trasmitido a la JEP es que en nuestra opinión, esas sanciones deben oír la voz de las víctimas. Las funciones reparadoras, las funciones de reconciliación que deben cumplir esas sanciones se dan en la medida que den una respuesta a la manera en cómo las víctimas se han expresado”.
20
años de cárcel podrán recibir, máximo, quienes no reconozcan verdad en la JEP.
17
de julio de 2018, fecha en que se abrió el proceso por los “falso positivos”.
