El ministro de Salud y Protección Social, Guillermo Alfonso Jaramillo, y la exministra Carolina Corcho, están siendo investigados por la Procuraduría General de la Nación por presunta omisión de sus funciones al momento de garantizar medicamentos para el país, dada la escasez registrada en los últimos meses tras su llegada a la cartera.
La decisión fue tomada por la Sala Disciplinaria de Instrucción, y ahora será ella quien determine las causas por las que al parecer el funcionario y la exfuncionaria del Gobierno Nacional, se retrasaron de manera injustificada en las respectivas gestiones para enfrentar la situación, dado que estas pudieron derivar en afecciones directas a la salud de los colombianos, así como en la interrupción de algunos de sus tratamientos.
Pero no son los únicos que se encuentran en la mira del ente investigador. También está siendo indagada la directora de Medicamentos y Tecnología en Salud, Claudia Marcela Vargas, quien desde el mes de julio del presente año está siendo investigada “por los retrasos en el trámite para la expedición de registros sanitarios para la producción o comercialización de moléculas que estaban desabastecidos o en riesgo de estarlo”, motivo por el cual, se toma la decisión de adherir su caso a este nuevo procesamiento.
De llegarse a comprobar que Jaramillo y Corcho incurrieron en una conducta de omisión, esta podría ser calificada como una falta disciplinaria y la Procuraduría entraría a establecer si esta se presentó o no en amparo de alguna causal de exclusión de responsabilidad.
Así las cosas, y en pro de establecer los motivos de sus actuaciones, se ha solicitado que se practiquen varias pruebas, “entre ellas las publicaciones hechas para advertir la escasez, la política diseñada para garantizar el suministro correspondiente de medicamentos y la coordinación con otros sectores para superar la situación”.
Es de señalar, que la escasez de medicamentos está siendo analizada por el órgano de control desde marzo de este año, luego de que abriera un proceso de indagación preliminar contra funcionarios del Ministerio de Salud y el Invima, solicitándole a esta última entidad, aportar con información sobre el número de “solicitudes de registro para producción, comercialización e importación de medicamentos, las fechas en las que fueron hechas, los datos de las personas encargadas de esos trámites, y los planes y estrategias para superar el atraso en la expedición de los registros sanitarios pendientes”.
Al respecto, el Ministerio de Salud indicó por esas fechas, que los actores encargados de suministrar de manera oportuna no solo los medicamentos, no comunicaron las dificultades en la entrega, no lo hicieron.
“El nivel de respuesta fue aceptable entre gestores, laboratorios farmacéuticos y algunas IPS, no siendo así para la mayoría de las IPS, ni de las EPS del sector, se destaca que ACEMI no ha entregado la información requerida”, señaló el ministerio, y estableció 10 mesas de trabajo con diversas organizaciones del sector, para identificar las causas del desabastecimiento.
Se reunió entonces, con la Asociación de Oncólogos Pediatras, la Asociación Colombiana de Infectología, la Asociación de Medicina Nuclear, la Asociación Colombiana de Radiología, y varias entidades estatales, llegando a la conclusión de que algunas de esas causales, están estrechamente relacionadas con el incremento en la demanda, las restricciones por marcas o fabricantes en la contratación entre EPS y gestores.
Además de los retrasos en la entrega oportuna de los pedidos a los gestores; los trámites en curso con el Invima; los problemas de adquisición de materias primas; la pérdida de interés por parte de la industria en comercializar algunos productos de baja rentabilidad, pero esenciales para la atención en salud: los problemas comerciales entre fabricantes y distribuidores, y finalmente las restricciones en el acceso a algunas marcas comerciales, que pueden conseguirse con facilidad en el mercado.
