El ente de control advirtió por la falta de coordinación y articulación entre los diferentes niveles de gobierno para desplegar acciones que impacten fenómenos criminales.
En desarrollo de sus labores de vigilancia preventiva ante fenómenos de inseguridad ciudadana, y tras una reunión con entidades del orden nacional, este jueves la Procuraduría General de la Nación lanzó una alerta por la violencia y la criminalidad que azota a 10 departamentos del país.
Según el organismo, que advirtió que la problemática se presenta en zonas urbanas, pero especialmente en entornos rurales, la situación afecta a los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Bolívar.
En esa línea, aunque el organismo reconoció que existen actuaciones en el ámbito operativo, administrativo y coyuntural por parte de autoridades nacionales y departamentales, reclamó que no se evidencia una coordinación y articulación que permita desplegar acciones integrales que impacten de forma eficaz los fenómenos criminales con características estructurales en los territorios.
“A pesar de que las entidades cuentan con una priorización territorial que atiende factores como la implementación de instrumentos de seguridad y convivencia, estadísticas de criminalidad y demandas institucionales, no fue posible reconocer criterios compartidos y acciones concretas que permitan articularse para luchar de manera unificada contra la criminalidad y la violencia”, alertó el ente de control.
La Procuraduría alertó también por la falta de comunicación entre los organismos de seguridad y la ciudadanía, así como la necesidad de consolidación, análisis y socialización de información en materia de orden público de municipios y departamentos afectados por violencias estructurales y emergentes provenientes de grupos armados organizados y bandas criminales.
De acuerdo con el organismo, esas situaciones agravan el riesgo para la ciudadanía y permite consolidar estructuras criminales para la generación de violencia, además de desgastar las capacidades de actuación del Estado.
Adicionalmente, el ente de control pidió a los gobiernos plantear una hoja de ruta contingente para lo que resta del año frente a la ejecución de los actuales Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC) y los que se formularán para el periodo 2024-2027, que permita coordinar acciones inmediatas e integrales bajo un plan de trabajo que mida su eficacia y resultados.
Se evaluó también la necesidad de activar las instancias de coordinación para el fortalecimiento de la gobernanza para la seguridad y convivencia ciudadana, como el Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, Comités y Subcomités de Prevención y Protección en el nivel territorial, con el fin de abordar estrategias encaminadas a mitigar los fenómenos y riesgos identificados, y generar acciones concretas en el corto plazo.
