¿Sabía usted que en Colombia hay una reglamentación sobre “vagos, maleantes o rateros”? Sí, existe.
Se trata de la Ley 48 de 1936 que estipula que se considera como vago al individuo que habitualmente, o sin causa alguna, no ejerce una ocupación y oficio lícito. Y por lo tanto, dice la norma, es “un elemento perjudicial a la sociedad”.
Esta no es la única. También hay una jurisprudencia que prohibe la importación o venta libre de revistas de literatura infantil que, de acuerdo con el texto de la legislación, “tiendan a distanciar de la realidad la mentalidad de los niños, sin enriquecer sólidamente su imaginación”.
Esta última es el Decreto Legislativo 609 de 1955 y hace parte del conjunto de normas que los colombianos deberían seguir.
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Justo por este tipo de leyes que siguen vigentes a pesar de que datan de décadas atrás, el Gobierno impulsó el Proyecto de Ley de Depuración Normativa , que busca eliminar más de 10 mil reglamentaciones antiguas u obsoletas.
La Cámara de Representantes aprobó el proyecto este martes en último debate.
Con esto, las dos cámaras del Congreso se preparan para la conciliación del texto de la norma, que está programada para la próxima semana, y luego este proyecto estará listo para la sanción presidencial del mandatario Iván Duque.
El profesor de derecho constitucional de la Universidad de la Sabana, Fabio Pulido, explica que este no cambiará nada del ordenamiento jurídico, sino que, al ser de depuración, trata de dar mayor claridad al sistema, omitiendo normas repetidas o que estaban obsoletas. Esto siempre es algo bueno porque hace que haya mayor certeza en el ordenamiento, indica el experto.
No obstante, Pulido señala que “al haber depuraciones se vendrán muchas demandas de inconstitucionalidad en contra de la ley afirmando que se derogan normas que no debían derogarse bajo una ley ordinaria, lo que puede generar confusiones”.
La historia del proyecto de derogación
El Gobierno de Juan Manuel Santos definió que había una serie de textos normativos que ya no se utilizaban. Algunas databan, incluso, de 1858.
El entonces Ministro de Justicia y del Derecho, Enrique Gil Botero, radicó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Depuración Normativa en marzo de 2018, que fue aprobado en el Senado en septiembre y luego pasó a la Cámara.
El profesor de la Universidad de Medellín, José Fernando Botero Bernal, explica que su objetivo es lograr una depuración normativa para buscar una seguridad jurídica, y enuncia leyes y decretos que ya están en desuso porque perdieron su actualidad o pugnan con la Constitución.
Así mismo, invita a diferentes entidades del estado, asambleas y concejos a efectuar la misma tarea.
Botero, quien es profesor investigador de derecho penal, afirma que su “importancia nominal es brindar seguridad jurídica. Sin embargo, ya en la día a día, gracias a la hermenéutica, nosotros los abogados sabemos derogar esas normas. Simplemente es algo práctico”.
Otras leyes cuestionadas
La Ley 85 de 1916 establece la suspensión del ejercicio de la ciudadanía por embriaguez. Además, indica que para ciertas prácticas es necesario que la persona sepa leer y escribir.
Otra de las regulaciones que se depuraría es la Ley 46 de 1918, que establece medidas para el arrendamiento de habitaciones “higiénicas para la clase proletaria”.
En los documentos de la nación también hay una jurisprudencia que prohibe “la importación de chinos para cualquier trabajo en el territorio colombiano”.
Además, está la Ley 11 de 1920 que restringe la venta de jeringas y agujas sin fórmula médica, un elemento que en la actualidad se compra con facilidad.
