Las 4 claves del pulso que dejó el Acuerdo de Escazú

La ratificación de este acuerdo ambiental desató polémica en el Congreso; el Gobierno celebró la aprobación, pero reconoció que afectaría proyectos.

La ratificación del Acuerdo de Escazú en el Congreso colombiano se destrabó con 120 votos contra uno en Cámara, después de casi tres años de que el país se unió a dicho tratado. FOTO Colprensa

La aprobación del proyecto de ley que ratifica el Acuerdo de Escazú dejó al descubierto la disputa política que hay detrás de este tratado latinoamericano por los compromisos en materia ambiental que asumirá el Estado colombiano una vez esta iniciativa sea conciliada entre la Cámara y el Senado para ser revisada por la Corte Constitucional, y luego sancionada por el presidente Gustavo Petro.

La plenaria de la Cámara se convirtió en un escenario de contrastes con esta ratificación, pues mientras el Gobierno y su bancada celebraron su aprobación con 120 votos a favor y solo uno en contra, los miembros de las bancadas del Centro Democrático y Cambio Radical optaron por retirarse del Salón Elíptico alegando que no tenían garantías para poder tomar una decisión.

Antes de la partida de estos dos partidos de oposición e independiente, respectivamente, en la plenaria se expusieron distintos puntos de vista en los que quedaron consignadas una serie de inquietudes relacionadas con los cambios que tendrá que cumplir el país al sumarse a las 13 naciones de América Latina y el Caribe que ya ratificaron el acuerdo.

Este diario recogió 4 puntos claves para entender por qué este tratado sigue confrontando al Congreso colombiano. Uno de los asuntos que más polémica desató fue la posible afectación de la soberanía del país en materia ambiental, también se habló sobre la capacidad real de garantizar la justicia ambiental, así como la defensa de los líderes ambientales, entre otras.

¿Afectará la soberanía colombiana?

La principal crítica de los opositores a este proyecto es la posibilidad de perder el dominio sobre los recursos naturales por reclamos de daño ambiental y la supuesta imposibilidad de que la justicia local tome sus propias acciones. Uno de los que recurrió a este argumento fue el representante a la Cámara Herán Cadavid, del Centro Democrático, quien reclamó que “no hubo consulta previa, será un vicio en el trámite y cede soberanía en materia de justicia”, señaló.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se opuso a esta versión y destacó que este acuerdo le dará poder público a la sociedad. “El desarrollo debe ser en acuerdo, en concertación social, no puede ser una imposición”, planteó la ministra, quien reconoció que por la participación pública que implica este acuerdo se podrían ver afectados proyectos (ver ¿Qué sigue?) como el tren entre Barranquilla y Buenaventura que prometió Petro en campaña.

Se reforzaría la protección de los líderes ambientales

Con este acuerdo el Estado colombiano tendrá que garantizar que quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales tendrán el reconocimiento y la protección necesaria para el desarrollo de sus actividades. En ese sentido se planteó que la Nación tendrá que garantizar que los líderes ambientales no reciban amenazas, y no se limite su derecho de asociación o de libertad de expresión.

Aunque el Gobierno Petro ha insistido en la necesidad de defender a los líderes sociales, la violencia en su contra sigue vigente e incluso el expresidente Iván Duque reconoció –mientras estaba en el poder– que no es posible garantizarles esquemas de protección a todos los líderes, por lo que este compromiso tendría dificultades para cumplirse.

Se revelará información pública y privada

Otro de los compromisos que asumirá el Gobierno estará enfocado en el acceso a la información. Así, tanto el sector público como el privado se verán en la obligación de divulgar la información ambiental que sea solicitada. Con ese fin, se tendrá que crear un sistema de información que recopile tratados y acuerdos sobre medio ambiente.

Para lograrlo, la ministra de Ambiente planteó que una vez el presidente sancione este proyecto se diseñarán y pondrán en marcha políticas de apoyo a la creación y el fortalecimiento de las veedurías ciudadanas para que la población participe activamente y se creará un sistema de información sobre conflictividad socioambiental.

La ciudadanía será indispensable en las decisiones

Al ratificar este acuerdo la Nación se verá en la obligación de establecer espacios y mecanismos de participación pública en lo relacionado con la toma de decisiones sobre proyectos, actividades o políticas públicas con impactos ambientales o riesgos a la salud humana. Por esa razón, se tendrá que identificar a las comunidades que puedan verse afectadas con los proyectos con el objetivo de que participen a lo largo del proyecto.

No obstante, no está claro el mecanismo de participación, por lo que Muhamad anunció que el Gobierno empezará a diseñar un plan de implementación para tener “más participación de la ciudadanía en las decisiones ambientales y defender a quienes defienden el ambiente”.