La carretera que moviliza el 65 % de la carga nacional, la misma que es la columna vertebral para comunicar a siete departamentos de los Llanos Orientales con el centro del país, lleva 17 días cerrada. Esa es la Bogotá-Villavicencio, una vía en la que el Gobierno invierte desde hace dos década 9 billones de pesos y que hoy está cerrada debido a un enorme derrumbe.
Las hipótesis sobre lo que está pasando, puntualmente en el kilómetro 58, cerca al municipio de Guayabetal, son múltiples. Algunos expertos responsabilizan a los galpones de pollos (hay unos 250 mil animales) que están en la parte alta de la montaña, otros a las obras de ingeniería que se realizan en la carretera y otros a los aguaceros que están cayendo en la región.
Mientras el Gobierno soluciona la situación, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmó que el tiempo estimado de cierre será de tres meses, por el momento, y que este plazo está condicionado a que el clima en la zona mejore. Enfatizó, además, que para el Gobierno la prioridad es salvaguardar la vida y la seguridad de los usuarios y pobladores vecinos al corredor.
¿Qué es la obra?
Esta vía tiene 85,6 kilómetros, los cuales están divididos en dos concesiones (ver infografía). La primera es una de Primera Generación adjudicada a Coviandes y que empezó a ejecutarse en agosto de 1994 y en la que se invierten recursos por 3 billones de pesos y según la ANI tiene un avance del 99 %. Va desde Bogotá hasta Guayabetal. Es ahí en donde en la actualidad se concentra la gran mayoría de puntos críticos que el Estado tendrá que intervenir porque no estaban contemplados en el contrato de concesión. Este proyecto finalizaba obras en junio de 2018, pero hace falta la construcción del nuevo puente de Chirajara.
La otra concesión es de Cuarta Generación y va desde Chirajara hasta Villavicencio,. Se empezó a construir en septiembre de 2016 y tiene un avance de obra del 53 %. La inversión es de 6 billones.
Frente a estas obras, la Contraloría General ha dicho que lo más grave no son los derrumbes, no, lo más complejo es que aunque en los dos contratos de concesión se invierten 9 billones, ninguno de los dos le da solución definitiva a los problemas de estabilización que tiene la carretera.
La auditoría que realizó la Contraloría en mayo de este año encontró que los continuos deslizamientos y cierres en puntos críticos no fueron incluidos en los contratos de concesión, por ende, “se continuará sin dar solución definitiva, manteniéndose la comunidad afectada y a los usuarios del corredor”.
Según el organismo de control, en la estructuración de la concesión de Cuarta Generación, se detectó que la atención de sitios críticos e inestables del corredor Bogotá -Villavicencio, “se limita a limpieza de obras hidráulicas, sellado de fisuras y grietas, reparación de adoquín y señalización horizontal y vertical, excluyendo del alcance del concesionario la implementación de soluciones definitivas sobre esta infraestructura”, dijo la Contraloría a través de un comunicado de prensa.
Además, considera el organismo de control que la problemática actual del corredor vial Bogotá-Villavicencio “es producto de la insuficiente estructuración y ejecución del proyecto para dar soluciones de fondo a los temas recurrentes de los puntos críticos e inestabilidades en la vía, siendo de ello responsable tanto las entidades del Estado como el concesionario que ha tenido a su cargo el corredor”.
Cosa muy distinta piensa la Cámara Colombiana de la Infraestructura, que aseguró, a través de un comunicado, que la responsabilidad de la emergencia en este corredor vial es de las autoridades locales y regionales.
Juan Martín Caicedo Ferrer, aseguró que las gobernaciones, las alcaldías, las corporaciones regionales y las autoridades ambientales, tienen una enorme responsabilidad por no ejercer controles adecuados de cara a la deforestación, el cambio climático y el uso del suelo, sin duda, tres elementos que están incidiendo de forma directa sobre los deslizamientos de tierra y la afectación de los materiales de las bases en las vías.
Entretanto, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez le dijo a este diario en entrevista publicada el domingo, que en la zona donde la montaña se derrumba permanentemente (kilómetro 58), “ha habido gente irresponsable al desarrollar actividades que han erosionado la montaña, tienen hasta criaderos de pollos que han generado deterioro. Pero en este caso el riesgo no es solo por el cierre de la vía, es una obra demasiado importante pero lo que estamos haciendo, es salvar vidas”.
El presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, Germán Pardo, no se aventuró, en declaraciones a medios, a dar su veredicto y se limitó a decir que están recopilando información técnica para evaluar que falló y qué tanta responsabilidad tiene Coviandes en el tema de los diseños y las obras para dar una solución a corto, mediano y largo plazo.
¿Qué se ha hecho?
La realidad es que el derrumbe no es nuevo para el Gobierno Duque. No. En agosto del año pasado un deslizamiento de 26.500 metros cúbicos en el kilómetro 64 fue la bienvenida. En ese entonces, la vía estuvo cerrada 136 días. Por esa época, el Gobierno anunció inversiones por 160 mil millones de pesos. Acá es importante anotar que estos recursos son públicos y no de las concesiones, precisamente por lo mismo que advirtió la Contraloría: en los contratos de concesión no quedó estipulado la atención de puntos críticos que en agosto eran 21.
El viceministro de infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez, explicó en rueda de prensa que desde el día “uno” del Gobierno se decidió darle prioridad a la situación.
“El 25 de agosto de 2018 tuvimos una afectación compleja puntualmente en los kilómetros 46 y 64. En ese momento, el km 58 tuvo afectaciones las cuales no revestían la gravedad que estamos viendo en este momento”, dijo.
De esta manera, de los 137 puntos críticos que fueron señalados por el concesionario lograron la atención de 59 puntos hasta la fecha. Eso implicó inversiones por 60 mil millones de pesos. Dentro de estos puntos críticos –dijo Gutiérrez– se previó la atención del kilómetro 46 y del 64. Con posterioridad el Gobierno Nacional y a través del Invías Instituto Nacional de Vías se hicieron unas contrataciones para la atención de puentes que tenían afectaciones. Esas inversiones fueron de 20 mil millones de pesos.
Gutiérrez explicó que la atención definitiva del kilómetro 46 y del 64 “está prevista” y tienen un monto de 30 mil millones de pesos que serán ejecutados por el Invías.
En total, revelo el funcionario que en los últimos nueve meses se han invertido recursos por más de $220.000 millones para la atención de diferentes puntos críticos en este corredor vial.
“Puntualmente, en el kilómetro 58 la situación se ha venido agravando. Desde el principio el Ministerio de Transporte presentó una serie de observaciones sobre la forma cómo se estaba utilizando el suelo en el lugar. La situación se ha agravado asociada a factores hidrológicos según los estudios que tenemos en el Ministerio de Transporte”, dijo Gutiérrez.
9
billones de pesos ha invertido el Gobierno en esta carretera en los últimos 25 años.
3
meses estará cerrada la vía al Llano, según el Ministerio de Transporte.
