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¿Qué sigue en el caso de Mario Montoya?
El proceso del excomandante del Ejército despertó una discusión sobre las competencias de la Fiscalía y la JEP.
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Mario Montoya ha sido investigado en la Fiscalía por la presunta comisión de 150 casos de falsos positivos. FOTO Colprensa
27 de agosto de 2021
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El próximo lunes el Tribunal Superior de Bogotá determinará si la imputación que le hizo la Fiscalía al general en retiro y comandante del Ejército entre 2007 y 2008, Mario Montoya, es procedente o no.
La defensa de Montoya le solicitó a la Justicia Especial para la Paz (JEP) que sea el único ente competente para llevar a cabo el proceso penal del exmilitar, pero la Fiscalía siguió adelante con la formulación de imputación de cargos, pues señala a Montoya por que presuntamente “cometió 105 homicidios como determinador de falsos positivos”.
Si la JEP responde de forma positiva a la solicitud del abogado Andrés Garzón, defensor de Montoya, el caso podría pasar a la Corte Constitucional, que tendría que dirimir el conflicto de competencias que hay entre la JEP y la Fiscalía en este caso.
Además, si el Tribunal Superior de Bogotá señala que la imputación de la Fiscalía no es procedente, el ente acusador tendrá que retirarla y entregarle a la JEP la información que ha recabado durante su investigación. Pero si el tribunal le da la razón a la Fiscalía, la audiencia de imputación podrá continuar.
En torno al caso hay un álgido debate jurídico, pues algunos penalistas consultados por EL COLOMBIANO señalan que, como lo sostuvo la defensa, el ente acusador no puede hacer la formulación de imputación de Montoya.
“Es muy claro que la JEP tiene competencia prevalente sobre cualquier caso, conducta o hecho que haya tenido lugar en el marco del conflicto armado y que haya sido realizado por cualquiera de los comparecientes obligatorios, que son Fuerza Pública o exintegrantes de las Farc”, explicó María Camila Correa, profesora principal de derecho penal de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.
“Lo que debería hacer la Fiscalía es entregarle a la JEP todo lo que ha adelantado, bien sea de investigación o de indagación, para que la jurisdicción lo integre en el Caso 003, que es el que se conoce como de falsos positivos”, añadió Correa.
Entretanto, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, ha negado en reiteradas oportunidades que exista un conflicto de competencias. Bajo su tutela, la Fiscalía emitió una circular en la que sus funcionarios quedan habilitados para llegar hasta el paso de imputación del proceso penal en aquellos casos que tienen que ver con al JEP.
Además, ha señalado que él mismo velará para que la Fiscalía colabore en las labores de investigación en esa jurisdicción. “Este país verá al Fiscal General de la Nación, seguramente, entregarle esa imputación o esas actuaciones a la JEP”, dijo Barbosa en una intervención que hizo esta semana en la Cumbre de la Justicia y del Derecho, realizada por la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
Más debates de jurisdicción
Esta no es, sin embargo, la primera vez que hay dudas sobre la competencia que tiene la Fiscalía para actuar en casos que tuvieron que ver con el conflicto armado antes de 2016.
Por ejemplo, ese ente acusador y la JEP tuvieron un choque por los bienes no reportados por la extinta guerrilla de las Farc. En octubre de 2019, la Corte Constitucional resolvió que la Fiscalía era la que tenía la competencia de “adoptar medidas cautelares sobre los bienes objeto de extinción de dominio”.
Pero en el caso del exsenador Álvaro Ashton, investigado por el escándalo de corrupción del ‘Cartel de la toga’, la Corte Constitucional resolvió que la investigación y el juzgamiento le correspondían a la JEP. Además, explicó que la Fiscalía no podía argumentar que había un conflicto de competencias, pues no tenía “facultades jurisdiccionales”.
Iba a ser médico, pero me volví periodista. Me gusta debatir y hablar mucho y de todo. Creo que la información es un patrimonio inmaterial y público.
