viernes
5 y 1
5 y 1
El Colombiano | Publicado el 05 de abril de 2022
El registrador Alexander Vega les pidió a la Fiscalía y Procuraduría investigar si dentro de las miles de inconsistencias en el preconteo de votos en las elecciones al Congreso hubo gente que “metió la mano intencionalmente” en los Formularios E-14.
Esa labor estará bajo la lupa de dichos órganos luego de una auditoría interna a 22.255 fallas, y se ejecutarán en días en los que Vega –y la entidad que dirige– no pasa por su mejor momento, pues este martes está citado a debate de control político en el Congreso, y el miércoles se desempolva en el Consejo de Estado la demanda en contra de su elección.
Asimismo, aunque abiertamente dice haber tomado las críticas de forma positiva, estas no le dejan de llover desde diversos sectores políticos que piden su cabeza.
Algunos de ellos son el Centro Democrático y la Alianza Verde, partidos que le pidieron apartarse del cargo luego de enterarse de que hubo equivocaciones en las mesas, que llevaron a que principalmente el Pacto Histórico pueda alcanzar hasta 20 curules en el Senado.
En total, Vega admitió que en las cerca de 23.000 mesas auditadas pudo haber errores humanos, aunque pidió ponerle bien el ojo en 5.109, que son en las que jurados de votación habrían actuado de manera dolosa, es decir, premeditadamente a la hora de diligenciar los Formularios E-14.
Frente a esto, en entrevista con la Revista Semana, el registrador explicó que dichos documentos estaban tan mal completados que era casi imposible leer las casillas de los votos, plagadas de tachones a varios partidos.
También solicitó que en los análisis que haga la Fiscalía y la Procuraduría se indague si en caso de encontrarse falencias, se dieron de manera colectiva, bajo el entendido de que pudo haber jurados que actuaron en grupo y a favor de una determinada colectividad política.
Pasa a frente en el Congreso
Por las fuertes quejas, el registrador fue citado a la plenaria del Senado de este martes. En ella se espera que explique detalladamente cómo fue que se dieron las irregularidades a partir del 13 de marzo, día de las elecciones.
Para estar preparados para el debate, el lunes la Procuraduría respondió a una solicitud del secretario del Congreso, Gregorio Eljach, dirigida a establecer cuántas actuaciones disciplinarios se han encontrado a la fecha.
En el documento de cuatro páginas –revisado por este diario– se lee que hay 1.693 quejas en curso, en su mayoría por negligencia de servidores públicos, quienes no habrían garantizado una plena inscripción de cédulas, habrían omitido la entrega de tarjetones e incurrido en propaganda electoral.
Lo que responda el registrador será escuchado por congresistas que le han lanzado fuertes críticas precisamente debido al manejo que le dio al preconteo, a la seguridad electoral, al comportamiento de jurados de votación y a la privacidad de los votos. Pero los problemas no le paran ahí.
Revive lío en la justicia
Luego de dos años de no moverse su expediente, el Consejo de Estado convocó para este miércoles a una audiencia pública en la que esclarecerán los puntos importantes de las dos demandas que piden tumbar la elección de Vega en el órgano electoral.
El magistrado Luis Alberto Álvarez citó a las partes a que se conecten mañana de forma virtual y así comunicarles qué viene en el proceso, y qué es lo que él va a tener que decidir luego de reunir dos demandas en una contra el nombramiento, confirmación y posesión de Vega en 2019.
Ese año hubo actuaciones irregulares en su entrevista, la cual lo terminó favoreciendo gracias a un cambiazo de los tres presidentes de las altas cortes, quienes modificaron el reglamento para –al parecer– beneficiarlo.
Una vez sea enterado de lo que viene en este proceso, el magistrado pasará a evaluar el material probatorio. Mientras que la Fiscalía se empieza a mover tras el pedido que les hizo Vega de revisar las cerca de 5.000 mesas.
La Procuraduría, por su parte, ya desplegó a un equipo con cuatro procuradores especializados y varios abogados, quienes tienen la tarea de averiguar si algún funcionario público incurrió en delitos electorales castigados por la Ley.
