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Así habrían desfalcado la salud de los más pobres
Desde tres regiones, una presunta red criminal habría estafado al Régimen Subsidiado.
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Estos son los establecimientos realmente ubicados en las direcciones en que aparecían registradas las IPS Clínica San Jorge y 1A Asistir . FOTOS Robinson Sáenz y Cortesía -
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23 de abril de 2019
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Una historia clínica diligenciada a mano, hecha toda con el mismo tipo de letra, llamó la atención de los empleados de Compuredes que auditaban en 2014 las cuentas médicas de la EPS-S Comfama -que desde 2013 es socia de Savia Salud-. Era como si durante toda su vida, un paciente hubiera acudido al mismo médico. Sin importar la fecha o la especialidad de la consulta, el registro había sido llenado por la misma persona.
Esa fue la primera alerta que permitió desentrañar toda una presunta red de estafa que, desde Tolima, Santander y Caldas, habría captado ilegalmente $2.600 millones del sistema de salud al que pertenece la población más pobre y desprotegida: el régimen subsidiado.
Tras seguir la pista, Compuredes, entidad que había sido contratada desde 2013 por Comfama para hacer una auditoría interna, encontró en 60 historias clínicas de pacientes residentes en Antioquia, registros de procedimientos médicos de alto costo supuestamente practicados en Ibagué y cobrados por IPS con sede en esa ciudad. Sin embargo, al contactar a los pacientes, se verificó que a ninguno se le hizo los procedimientos médicos, nunca consultaron en las IPS registradas, incluso, muchos de ellos nunca habían estado en la capital del Tolima.
¿Cómo operaba la red?
El pasado 5 de abril, la Fiscalía General de la Nación informó la captura de siete hombres en operativos realizados en Tolima, Quindío y Santander. Todos ellos, con algo en común: eran trabajadores del sistema de salud.
Estas detenciones son producto de la labor investigativa adelantada por el ente acusador, a partir de la denuncia que Comfama formuló en 2014 por el cobro que las IPS Clínica Especializada San Jorge, 1A Asistir S.A. y Clínica Ibagué hicieron de servicios médicos no prestados.
Durante la exposición del caso que se presentó en las audiencias preliminares, la Fiscalía explicó que los capturados integrarían una presunta red criminal, que no solo habría estafado al sistema de salud en Antioquia sino también en otras regiones del país, a través del robo y posterior venta de medicamentos controlados, como anfetaminas, y también mediante la comercialización de fórmulas médicas en blanco y formatos para la autorización de medicamentos no incluidos en el POS, documentos por los que cobraban hasta $6 millones.
El primer eslabón de la cadena sería un hombre que se había identificado como Ricardo Mora y que en la información que remitió Comfama aparecía como representante legal de las IPS 1A Asistir S.A. y Clínica Especializada San Jorge al momento de haber sido creadas. Ambas entidades aparecían como responsables de los cobros a Comfama y a Savia Salud. Pero cuando el personal de Compuredes lo contactó telefónicamente, Mora no fue capaz de suministrar con claridad su número de documento de identidad.
Tras comparar datos como números telefónicos, direcciones de residencia y números de documentos registrados, la empresa auditora logró establecer que Mora era, en realidad, César Armando Rojas Alba, actual facturador del Hospital de Puente Nacional, Santander, quien aparecía como responsable de facturación de la Clínica Especializada San Jorge.
Al verificar el registro empresarial de dicha IPS, el verdadero representante legal registrado era Jorge Enrique Albadán Rodríguez, pero cuando personal de Compuredes se desplazó hasta la dirección de domicilio consignada, encontró que en el lugar no funcionaba la Clínica San Jorge sino una droguería. De eso da cuenta el registro fotográfico adjuntado por la Fiscalía al expediente del caso. Sin embargo, por cuenta de servicios a pacientes, la Clínica San Jorge había cobrado a Savia Salud cerca de $954 millones, de lo que dan cuenta varias transacciones bancarias.
La empresa auditora tampoco tuvo éxito en verificar la dirección de la IPS 1A Asistir S.A. Al hacer presencia en el sitio, constataron que se trataba de un local en el que estaba Julio César Barrios, quien después, según las pruebas, era un administrador de cuentas médicas, dueño de una tercera IPS, identificada como Más Salud S.A.S.
Todos esos hechos sirvieron de base para la investigación que abrió la Fiscalía, bajo la tesis de que las IPS involucradas eran empresas de papel creadas específicamente para hacer los recobros irregulares. En 2018 fue interceptado el teléfono de César Armando Rojas Alba y durante las audiencias preliminares del caso, el ente acusador aportó audios en los que se escucha a Rojas conversar con Óscar Alexander Velásquez Orozco, exauditor de cuentas médicas del Hospital Regional de Líbano, en el Tolima.
Durante la llamada, ambos hablaban directamente de fórmulas médicas, formatos CTC (necesarios para la autorización de medicamentos no incluidos en el POS) y de “conseguir los formatos para hacer esos cobros”. Esta conversación sería la prueba reina para establecer que además de efectuar cobros por servicios no prestados, las IPS también comercializarían documentación médica necesaria para acceder a medicamentos restringidos. Por cada fórmula o formato, habrían cobrado hasta $6 millones.
Luego de que la Fiscalía imputara a los capturados los delitos de estafa agravada, violación de datos personales y concierto para delinquir, la juez 15 penal municipal de Medellín con funciones de control de garantías, asignada al caso, manifestó durante una de las audiencias preliminares su sorpresa, pues en las llamadas interceptadas, los hombres “ni siquiera utilizaban lenguaje cifrado, todo lo contrario, se escuchan muertos de la risa porque estaban haciendo un negocio redondo”.
Pero entonces, ¿cómo lograron estas personas acceder a la información de las bases de datos de pacientes de Comfama y Savia Salud, y a sus historias clínicas para alterarlas y hacer los cobros? Aunque los hechos siguen siendo materia de investigación, el enlace habría sido, según las autoridades, Rojas Alba, quien en 2012 trabajó para una empresa contratista que prestaba el servicio de administración del sistema de salud a Comfama. De esa manera, Rojas Alba habría tenido acceso directo a la documentación de los pacientes.
El tráfico de medicamentos
En un segundo audio expuesto por el ente acusador, se escucha una llamada obtenida mediante la interceptación del celular de Óscar Alexander Velásquez Orozco, en la que él se comunica con Andrés Lozada Chacón, quien trabajaba prestando servicios de radiología. Ambos acuerdan la compra de anfetaminas, un medicamento de uso restringido que, además, es vendido en el mercado negro como estupefaciente.
Lozada sería un eslabón en la cadena de otra presunta modalidad delictiva: la misma red de IPS de papel habría hurtado medicamentos no incluidos en el POS y que no eran de venta libre al público, para revenderlos en diferentes regiones de Colombia e incluso en Guatemala.
En otra de las interceptaciones, Lozada le manifiesta a Velásquez que “ya para el martes tengo cita con el gerente de la otra IPS”, por lo que deduce la Fiscalía, la red sería mucho más grande y se estaría solo ante una mínima parte de un gran desfalco de dimensión nacional que estaría por determinarse.
En esa misma conversación, Velásquez le pide a Lozada que “consiga todas las anfetaminas en frasco que pueda” y en una llamada más, Lozada le propone a un hombre identificado como Wilson, que no fue vinculado a la investigación, “crear perfiles falsos y contraseñas” de redes sociales, que se usarían para la redistribución de los medicamentos, pero el hombre le responde que no es capaz y que no se atreve a participar en la situación.
Los medicamentos habrían sido transportados en buses de servicio intermunicipal, en cajas embaladas y siempre bajo la supervisión de uno de los integrantes de la red. Las autoridades investigan si para estos propósitos, los capturados sostenían vínculos con organizaciones criminales de Santander, como la banda “Caciques de la esmeralda”.
Otros implicados
Además de Rojas, Velásquez, Lozada, Barrios y Albadán, también fueron capturados Luis Eduardo Mora Patiño, representante legal de la IPS Edsalud S.A.S., en Ibagué, y Germán Alfonso Giraldo, contratista encargado de facturación en el Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar de Líbano, en el Tolima.
Sobre esta última captura, la Junta Directiva del Hospital emitió un comunicado el pasado 6 de abril, en el que manifestó que “el procedimiento se realizó en el lugar de residencia del detenido y no en las instalaciones del centro hospitalario” y que además, “obedece a presuntos hechos de índole personal del ciudadano Germán Alfonso Giraldo y en nada tiene que ver ni afecta al Hospital”.
Las respuestas de Comfama
Durante la audiencia de petición de medida de aseguramiento, realizada ante el Juzgado 15 Penal Municipal de Medellín el pasado 10 de abril, la defensa de Jorge Enrique Albadán Rodríguez aseveró que “si estamos aquí, es en parte por la culpa compartida de Comfama, entidad que en su negligencia y falta de control, no evitó que sus bases de datos fueran vulneradas”.
Al respecto, la Caja de Compensación manifestó a EL COLOMBIANO que “ante la sospecha de inconsistencias en facturación proveniente de algunas IPS del Tolima, se procedió con el bloqueo inmediato de pagos a dichas IPS y se inició una investigación interna que permitió establecer la existencia de irregularidades en la facturación. Además, se reforzaron los controles ya existentes en el procesamiento de cuentas médicas de IPS ubicadas por fuera de Antioquia. Luego de esto se presentó la respectiva denuncia penal en la cual brindamos a la Fiscalía los elementos necesarios para impulsar la investigación”.
Comfama explicó que aunque los hechos que se investigan derivaron en una afectación a la seguridad pública y a los recursos del sistema de salud, “no generaron consecuencia directa alguna a los afiliados del Régimen Subsidiado, puesto que las EPS Comfama y Savia Salud continuaron garantizando la prestación de los servicios de salud de manera ininterrumpida”.
Finalmente, expresó la entidad, “estaremos atentos a los resultados de las investigaciones, acatando las decisiones, respetando la confidencialidad y reserva de la información entregada a las autoridades para el desarrollo de su labor”.
A la cárcel
La Fiscalía pidió al Juzgado que impusiera medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para todos los capturados. El despacho consideró que, aunque las evidencias recopiladas por el proceso de auditoría interna de Comfama datan de 2013 y 2014, las interceptaciones que sirven de prueba en el caso son de 2018, lo que confirmaría que la actividad delictiva se habría extendido en el tiempo y aceptó en primera instancia la petición del ente acusador.
No obstante, la defensa de Andrés Lozada Chacón presentó un recurso de reposición argumentando que él solo había sido vinculado a los hechos de 2018, por lo que el Juzgado le dictó detención preventiva en su lugar de residencia. Los demás, esperarán el juicio en prisión .
2.600
millones de pesos habrían sido obtenidos mediante recobros irregulares: Fiscalía
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