El proyecto de ley que aprobó el Senado en la noche de este lunes para luchar contra la corrupción, también lleva un artículo que, como quedó, parece que luchará más contra los medios y la libertad de información en Colombia, que contra el verdadero desangre del erario.
Puntualmente, el Artículo 28 de este proyecto, que espera la conciliación en la Cámara de Representantes, para que posteriormente pase a sanción presidencial, señala que “el servidor público que indebidamente dé a conocer documento o noticia que deba mantener en secreto o reserva incurrirá en multa y pérdida del empleo o cargo público”.
Sin embargo, el asunto no queda ahí, pues también señala que de filtrar información, el funcionario podrá ser condenado a una pena de entre 16 y 54 meses de cárcel, es decir, hasta cuatro años y medio tras las rejas y, además, deberá pagar una multa de entre 20 y 90 salarios mínimos legales, es decir, 74.530.440 pesos con el salario mínimo de hoy.
El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, queriendo desvirtuar que era un ataque contra la libertad de información, señaló que la sanción no caerá contra el periodista que reciba la información, sino contra quien la suministre. “El periodista no tendrá que responder por este tipo de filtración”, indicó el senador.
Pedro Vaca Villarreal, director de la Fundación para la libertad de prensa (Flip), considera que este artículo sí se constituye como un ataque a la libertad de prensa, pues va en contra de lo dicho por la Corte Constitucional en diversos fallos, que puntualmente ha señalado que “cuando se restringe el acceso a fuentes de información se constituye una censura previa”.
Esto, para Vaca, es lo que pasará con este artículo, pues el funcionario no dará la información, pese a que conozca de hechos de corrupción en donde se encuentre laborando.
Para Vaca hay dos asuntos de especial preocupación. “El primero, es que hay una ironía y una contradicción tremenda, y es que un proyecto de ley que quiere combatir la corrupción, pero no debería tener un mecanismo que perpetúa la corrupción”, dice, al señalar que cuando un funcionario público conoce de hechos reprochables “no los dará a conocer porque ni quiere perder su trabajo ni se quiere ir a la cárcel, entonces esto lo que hace es que a través de documentos cerrados se desincentive la denuncia”.
Lo segundo, según Vaca Villarreal, tiene que ver con que el país ha sacado pecho por ingresar al club de buenas prácticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que promueve estrategias de acceso a la información pública para sus integrantes.
Ahora, plantea Vaca, la Ocde dice que hay que darles garantías a los denunciantes e informantes de hechos de corrupción, pero con este artículo esta premisa no se cumple. Finalmente señala que estas personas, lejos de ser delincuentes, son unos héroes, que ayudan a mostrar estos hechos y, por último deja una reflexión: “Si se restringe el acceso a fuente, la prensa se queda sin fuentes y los ciudadanos se quedan con menos información”.
