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EL COLOMBIANO | Publicado el 18 de enero de 2022
La Presidencia de la República impartió nuevas directrices para la contratación por prestación de servicios o apoyo a la gestión pública, luego del escándalo por irregularidades en la contratación de Karen Váquiro, esposa del ahora exasesor presidencial, Andrés Mayorquín.
En el documento expedido este lunes 17 de enero se notifican los lineamientos para que ministros, directores de departamentos administrativos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional garanticen procesos de contratación estatal enmarcados en la “transparencia, la integridad y la legalidad”.
En primer lugar, se ordena que antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista tiene suscrito algún otro contrato de la misma naturaleza con cualquier entidad del Estado. Esto con el fin verificar la capacidad e idoneidad del contratista –persona natural o jurídica– para ejecutar múltiples contratos.
La directiva presidencial reitera, además, la obligación que tienen tanto entidades nacionales como territoriales de registrar la información de todos sus contratistas en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público, Sigep, y anuncia la habilitación de dicha plataforma para que, en el plazo de un mes, los servidores públicos reporten si tienen familiares contratados por el Estado.
También se recuerda la obligación de publicar en el SECOP lo relacionado con contratación que incluya recursos públicos y los documentos que respaldan todo el proceso del acuerdo. Así mismo, sirviéndose de la información consignada en SECOP I y SECOP II, la Agencia Nacional de Contratación Pública enviará reportes semestrales a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, Ugpp, para que vele por el cumplimiento de las obligaciones parafiscales.
Finalmente, las entidades tienen la responsabilidad de hacer seguimiento continuo de las contrataciones para “identificar posibles conflictos de interés y hacer la gestión de riesgos en la toma de decisiones”. En caso de identificar irregularidades en el proceso contractual, deberán hacer el reporte a las autoridades competentes.
Para el caso que habría desencadenado la expedición de esta directriz, con el que se suscribieron 24 contratos con el Estado a Karen Váquiro que sumaban más de $1.200 millones, la Fiscalía ya anunció el pasado 13 de enero que hará las respectivas investigaciones.
Debido al escándalo, Andrés Mayorquín, esposo de Váquiro, se desempeñó hasta la semana pasada como asesor de la jefe de Gabinete de la Presidencia y mano derecha de Iván Duque, María Paula Correa.
