La Presidencia de la República impartió nuevas directrices para la contratación por prestación de servicios o apoyo a la gestión pública, luego del escándalo por irregularidades en la contratación de Karen Váquiro, esposa del ahora exasesor presidencial, Andrés Mayorquín.
En el documento expedido este lunes 17 de enero se notifican los lineamientos para que ministros, directores de departamentos administrativos y entidades de la rama ejecutiva del orden nacional garanticen procesos de contratación estatal enmarcados en la “transparencia, la integridad y la legalidad”.
En primer lugar, se ordena que antes de suscribir cualquier contrato de prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión, se deberá verificar si el contratista tiene suscrito algún otro contrato de la misma naturaleza con cualquier entidad del Estado. Esto con el fin verificar la capacidad e idoneidad del contratista –persona natural o jurídica– para ejecutar múltiples contratos.
La directiva presidencial reitera, además, la obligación que tienen tanto entidades nacionales como territoriales de registrar la información de todos sus contratistas en el Sistema de Información de Gestión del Empleo Público, Sigep, y anuncia la habilitación de dicha plataforma para que, en el plazo de un mes, los servidores públicos reporten si tienen familiares contratados por el Estado.
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