Debido al hacinamiento de detenidos en las unidades de Reacción Inmediata (URI) del país, la Fiscalía General de la Nación no seguirá efectuando capturas en 11 regiones, incluyendo Medellín.
Así lo advirtió el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en una carta enviada al director general del Inpec, William Ernesto Ruiz, en la que señaló que en las salas de paso de la Fiscalía aún permanecen personas capturadas desde febrero de 2017.
En el escrito, el fiscal afirmó que las URI solo tienen infraestructura para alojar 686 personas, pero en ellas están recluidas 926, incluyendo aquellas que ya han sido condenadas y deberían ser trasladadas a cárceles del Inpec.
Para el caso de la capital antioqueña, la comunicación alerta que dicha seccional cuenta con espacio para máximo 35 personas, pero actualmente son 86 las que se encuentran allí.
Al respecto, el Ministerio de Justicia destacó que la jefe de esa cartera, Gloria María Borrero, ha sido insistente en señalar el difícil panorama del sistema penitenciario en el país, que ha servido de diagnóstico para la construcción del Plan de Transformación y Humanización del Sistema Carcelario.
Según datos del Ministerio, las cárceles operadas por el Gobierno nacional tienen capacidad para 80.000 internos, pero actualmente albergan 120.000, lo que representa un hacinamiento del 40 %.
Parte del problema es que mientras la Nación debe recluir a los condenados en cárceles del Inpec, son las entidades territoriales las responsables de alojar a los sindicados, pero los cupos son insuficientes y, según datos del Ministerio, el sostenimiento de un recluso cuesta 26 millones de pesos al año.
El fiscal Martínez concluyó la misiva indicando que espera que desde el Inpec “se adopten soluciones estructurales a este problema”, puesto que desde el año anterior ha hecho requerimientos “pero no se ha obtenido una solución eficaz” .
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