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Hasta hace pocas semanas los colombianos veían cómo varios países del mundo afrontaban una epidemia, cómo los sistemas productivos se fueron afectando a la par que los casos de contagiados con coronavirus aumentaban, cómo las instrucciones de los gobiernos se fueron endureciendo mientras los hospitales colapsaban. Pasó en China, pasa en Europa, y por eso Colombia extrema medidas para evitar que el contagio se propague.
Con 57 casos positivos, los sectores salud, transporte y migración operan a todo vapor tratando de identificar a los pacientes que podrían haber adquirido el virus por contagio, realizando pruebas, garantizando el aislamiento de los extranjeros que alcanzaron a llegar al país y de los residentes que llegan cada día, analizando con los demás países cuáles pueden ser las soluciones. Tomando determinaciones con el presidente Iván Duque a la cabeza.
El resto de las entidades del Estado trabajan a media marcha, porque tienen la responsabilidad de prestar sus servicios vitales, pero a la vez la de conservar el bienestar de sus colaboradores. El discurso del Ejecutivo pasó en cuestión de días de exigir a los ministros que vayan a las regiones a encerrarlos en sus despachos y prohibir las reuniones. Un escenario inédito.
Desde el domingo se anunció que los colegios públicos y privados cerrarían sus puertas y que las instituciones tendrían que ofrecer facilidades para que los niños y jóvenes estudiaran en casa, mientras llegaba el 1° de abril cuando empezarán a contabilizarse sus vacaciones. Y en muchas empresas cuyas labores lo permiten empezaron a teletrabajar, para evitar la expansión del virus y para que los padres de familia pudieran cuidar a sus hijos.
El Congreso, que iniciaba ayer sus sesiones ordinarias, decidió aplazarlas, por lo menos, hasta el 13 de abril, porque, según el presidente del senado, Lidio García Turbay, el reglamento, contemplado en la Ley 5ta de 1992, no permite sesionar sino de forma presencial. El tiempo perdido, señaló, será recuperado en sesiones extras.
Mientras tanto, el representante a la Cámara José Daniel López radicó un proyecto de ley para que el Congreso pueda sesionar digitalmente, aunque aseguró que su colectividad prefiere que el Gobierno lo promulgue vía decreto ley, en el marco de un Estado de excepción.
En consideración de Carlos Andrés Arias, experto en opinión pública de la Universidad Externado, “el Estado de excepción sería la mejor normativa que podría acoger hoy el gobierno dado que la situación en temas económicos, laborales, de salud y demás colaterales podrían estar afectando a millones de colombianos por el auto aislamiento”.
El otro poder público también está cerrado. Aunque el Consejo Superior de la Judicatura había dicho que esta semana los juzgados funcionarían a puerta cerrada, la decisión de los jueces fue negar sus servicios, porque no existen las garantías. “Hacemos un llamado urgente al gobierno, a la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para que de manera ponderada y atendiendo a la magnitud de la problemática a la que nos enfrentamos todos, brinden alternativas adecuadas para que la prestación del servicio de administración de justicia en la ciudad no vaya en contra del derecho a la vida y a la salud de la comunidad en general”, dijo en rueda de prensa Paula Jiménez, vocera de los jueces de garantías y de tutelas en Bogotá.
PPrecisamente estos jueces son los que tienen unos términos muy ajustados, ya que si una persona es capturada solo hay 36 horas para que un juez legalice su captura y los términos de respuesta para las tutelas son de máximo 10 días.
Para Guillermo Mendoza Diago, ex vicefiscal general, esta situación afectará a la justicia ya que, aunque se suspendan los términos judiciales, no ocurre así con los plazos para que quienes están en prisión preventiva obtengan su libertad si no se han cumplido algunas condiciones en sus procesos.
Sin embargo, “la salud de los jueces, los funcionarios y la comunidad en general está primero”, anotó la jueza.
Por su parte, la Fiscalía sí trabaja ya que “presta sus servicios a los ciudadanos en los temas penales en todo el territorio sin interrupción alguna, principalmente en actividades de actos urgentes”, aunque flexibilizó horarios y permitió el trabajo desde casa para la población en mayor riesgo .