en definitiva
Con esta sentencia, la Corte Constitucional abre el camino para que el Estado garantice los derechos de las personas en situación de discapacidad, tal cual sucedió con Ana.
Ana es una niña con discapacidad auditiva y de habla y a sus 13 años vive en Colombia. Es la protagonista de un cuento con un cielo gris. Su educación, salud y el Estado, que debería permitirle ser feliz, le han fallado. Pero eso empezará a cambiar.
Sus padres, en septiembre de 2017 notaron comportamientos agresivos y su preocupación los llevó hasta la escuela donde estudiaba para averiguar qué le pasaba; sin embargo, la respuesta de la sicóloga del colegio fue enviarla a un instituto, alejada de ellos.
Por eso, en octubre de ese mismo año, al ver que su vida no era la misma sin su hija, decidieron interponer una acción de tutela para proteger los derechos de Ana.
El caso lo estudió la Corte Constitucional, integrada por unos señores de toga negra, que en esta ocasión se la quitaron para agarrar unas hojas cuadriculadas, crayones y empezar a dibujar un mundo mejor para ella y para todos los niños con discapacidad en el país. La Corte, en su sentencia, dice que no hubo “ningún respaldo científico, ni técnico y sin ningún protocolo” para tomar la decisión de alejarla de su familia. Ese fue el primer argumento para defenderla, como si encarnara a una superhéroe.
Para la Corte, el colegio, la EPS y el Juzgado de Familia fueron los responsables de que esto pasara y por eso les ordenó que debían hacer lo posible para que su sonrisa reaparecería y la tranquilidad reinara en la familia, pues no había gozado de una formación académica adecuada, no tuvo acceso efectivo a citas ni tratamientos, y la alejaron de su entorno familiar
Sobre este último punto, la Corte cita al procurador que acompañó el caso, quien señala que “el único problema de los padres es la pobreza y que la vivienda no tiene las condiciones habitacionales que espera la Defensoría de Familia. Son personas pobres, pero honestas, correctas... a quienes les arrebataron a su hijita enferma en una decisión a todas luces ilegal”. Una tragedia para la familia, pues desconocieron que los derechos de los niños son prioridad en este país.
Notificación sensible
Pero la decisión no fue como de costumbre, llena de documentos y sentencias anteriores, sino que la Corte escribió una carta para que ella entendiera su decisión.
En la misiva, hecha con dibujos de crayolas de colores, le explica quiénes la integran, qué hace y cuál es su labor. En este caso, es “proteger los derechos de los niños y las niñas como tú”.
Le dice que conocieron su situación y que ha tenido que vivir entre su casa y el instituto. Lamentan que se haya sentido “incómoda, triste o molesta” y por ello “hemos decidido que tienes el derecho a que conozcan lo que sientes, tus preocupaciones, tus miedos y tus intereses”. Además, le recuerda que puede exigir respeto de sus padres, profesores y de quienes la cuidan. “No pueden hacerte daño y tienen que hacer todo para que seas feliz”.
Para Ximena Norato, directora de la Agencia Pandi –entidad que vela por la infancia– la sentencia es una muestra clara “del interés superior de la niñez” y añade que nunca había visto que “con cariño y amor”, le escribiera a una niña, explicándole las razones que la llevaron a protegerla.
Para ella, la Corte, con sentido social y viendo la infancia como una prioridad, firma “una decisión ejemplarizante de lo que es el interés superior de la niñez, donde la protegen de manera integral, y que se expresa en una carta en la que se toman el trabajo de explicarle, con respeto, la decisión que se ha tomado”, resalta Norato, quien también llama la atención, tanto de las instituciones como de las familias, para que hagan valer los derechos de la infancia.
¿Qué van a hacer?
La Corte se compromete con Ana y con la niñez en que hará lo posible para que el Estado se encargue de velar por los derechos de los niños del país.
Por eso, el Juzgado de Familia debe definir en dos meses si continúa en el instituto en el que se encuentra o si la envía con sus padres, pero siempre teniendo claro que el Juzgado “debe garantizar la protección de sus derechos”.
También, en la sentencia se ordena que se coordinen las entidades del Estado para que garanticen el acceso a las citas médicas, al colegio y coordinar las visitas de sus padres y hermano. Además, en estas visitas a los padres les enseñarán el lenguaje de su hija, para que “de esta forma puedas expresarles todo lo que sientes”.
También le dice que Juliana Pungiluppi, directora del ICBF, la acompañará. “Ella –Pungiluppi– te va a ayudar para que nunca dejes de ir al colegio y para que aprendas un lenguaje con el que puedas decir lo que sientas y piensas”.
Pungiluppi manifiesta que “no podemos postergar las deudas que tenemos con esta población, en especial con nuestra infancia”.
La directora destaca que las tareas que dicta la Corte no están lejos de lo que como Gobierno se está realizando, tanto así que el Ministerio de Salud expidió en 2019 la Resolución 246 en la que se extendieron los términos de la Resolución 583 de 2018 en la que se trazó la ruta para que se avance en identificar a la población con discapacidad y “sus necesidades para orientar nuestra oferta”, labor que empezó ayer, 1 de febrero.
De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadísticas (Dane), en el país hay 3.065.361 personas en situación de discapacidad, aunque la directora del ICBF asegura que por eso la Corte pone la tarea de caracterizarlos, pues de esta manera se podrán entender cuáles son las necesidades e identificar las estrategias a implementar.
Otros casos
Aunque el caso de Ana deja un precedente, no es el primero que plantea el desafío de la atención en discapacidad.
En el Instituto Los Álamos, una ONG sin ánimo de lucro en Itagüí, en la actualidad hay 1.600 personas, entre adultos y niños, en situación de discapacidad que son atendidos.
Cindy Arrubla, coordinadora de la modalidad de internado, explica que quienes llegan allí, remitidos por el ICBF, tienen la característica de que han sido vulnerados sus derechos. La primera atención que realizan es una evaluación interdisciplinar, en la que revisan qué tipo de cualidades tienen y en qué grupos los pueden ubicar, dependiendo de sus necesidades. “Con la pedagoga y la terapeuta ocupacional analizamos los intereses, gustos y necesidades”, reseña.
EL COLOMBIANO estuvo en Los Álamos y habló con cuatro mayores de edad, a quienes como a Ana, les vulneraron sus derechos en su infancia, y que por su situación de discapacidad, aún son atendidos por Los Álamos, con la sonrisa que la Corte espera que regrese a la vida de Ana y su familia. Estas son sus historias.
