El Fiscal General de la Nación, Fabio Espitia, recibió la denuncia penal en contra de 34.641 personas que juraron ante la Unidad para las Víctimas y aportaron pruebas presuntamente falsas que las acreditaron como afectados por el conflicto armado colombiano.
Vladimir Martín, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad, explicó que “esas conductas están catalogadas por la legislación colombiana como fraude procesal, fraude de subvenciones y fraude al Registro Único de Víctimas”.
Esto se da en medio de un proceso de depuración del registro que ha venido realizando la entidad desde septiembre de 2018.
Su director, Ramón Rodríguez, señaló que unos 200.000 casos generaron sospecha en el cruce de base de datos, ya que habían hechos que no coincidían con las declaraciones. Por ejemplo, las personas no vivían en el lugar en el que supuestamente ocurrieron los hechos relatados para la época de la supuesta ocurrencia, al ser consultadas en las bases de datos del Sisbén. Este tipo de irregularidades generan alertas que más adelante son investigadas a más profundidad.
De esos 200.000 casos, hasta ahora han sido analizados unos 15.000 y de ahí fueron excluidos 6.177 del registro con 34.641 personas vinculadas, “quienes ya quedaron marcadas como falsos reclamantes. Son personas que estaban tratando de aprovecharse de esta condición para llevarse los recursos de la Unidad”, dijo Rodríguez.
Desde el 2011, la Dijín ha capturado a 56 personas en Antioquia y Bogotá por haberse declarado falsamente como víctima o por pertenecer a redes de tramitadores que pretendían estafar a verdaderas víctimas, de ellas 16 han sido condenadas por los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático, violación de datos personales agravados y fraude procesal.
Martín aseguró que no es posible saber cuál ha sido el monto total de las defraudaciones y que solo con el desarrollo de los procesos penales podrá conocerse. Aunque sin importar la cuantía, todos los recursos son necesarios, ya que el universo de víctimas es amplio: 8,8 millones de personas, y solo en este cuatrienio serán reparadas, al menos, 510.000.
Las devoluciones
Ayer la Unidad recibió 22 millones de pesos de 12 personas que conformaron una red para suplantar la identidad de verdaderas víctimas del conflicto armado colombiano.
Este entramado fue identificado en 2016 cuando uno de los implicados llegó al Banco Agrario con la carta de indemnización a reclamar los recursos. “En la taquilla el funcionario identificó que la cédula daba visos de irregularidad y en ese momento la persona fue entregada a las autoridades”, contó Martín.
Durante el proceso fueron aclarando el panorama, quiénes eran los responsables de identificar a las víctimas que podían ser beneficiadas con medidas económicas, quiénes falsificaban los documentos y quiénes las suplantaban. En total, las autoridades capturaron a 12 personas, que podrían haber defraudado a la Unidad en 130 millones de pesos.
Ahora ellos podrían acogerse a un principio de oportunidad por haber resarcido parte del daño causado al haber devuelto 22 millones de pesos a la entidad. El abogado Martín no está de acuerdo y cree que deben aplicarse penas ejemplarizantes para que esto no vuelva a ocurrir.
En medio de procesos judiciales, la Unidad ha recuperado 60 millones de pesos.
