La Fiscalía 11 Delegada ante la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio a siete ex funcionarios del DAS por el caso de los seguimientos e interceptaciones ilegales realizados a magistrados, periodistas, dirigentes sociales y miembros del Gobierno.
Según Jenny Claudia Almeida, jefe de la unidad delegada ante la CSJ, los llamados a juicio son José Miguel Narváez, ex subdirector del organismo; Jackeline Sandoval Salazar, ex directora de Contrainteligencia; Jorge Armando Rubiano Jiménez, ex funcionario de la subdirección de Contrainteligencia.
También serán procesados Martha Inés Leal Llanos, ex coordinadora del Grupo de Inteligencia Estratégica; Hugo Daney Ortiz, ex subdirector de Operaciones; José Alexánder Velásquez Sánchez, ex coordinador del grupo de verificación de la subdirección, y Enrique Alberto Ariza Rivas, ex director de Inteligencia, quien en la actualidad está prófugo.
"Estos hechos datan del 2004 al 2005, ya que ellos organizaron un grupo, G-3, que se dedicaba a cometer delitos contra organizaciones de derechos humanos, sus dirigentes, algunos periodistas y algunos dirigentes políticos", dijo Almeida.
Los procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, utilización ilegal de equipos de transmisores y abuso de autoridad. Por este último delito no deberá responder Narváez.
A este último se le atribuye la conformación del llamado G-3 que fue el encargado de los seguimientos e interceptaciones.
Además está detenido desde agosto del año pasado por su presunta vinculación con grupos paramilitares.
Más investigaciones.
La Fiscalía 11 también ordenó compulsar copias para investigar a funcionarios activos del DAS y del Gobierno, porque sabían de la actividad ilícita de los uniformados.
La expedición de copias, según la Fiscalía, es para que se investigue a quienes conocían los ilícitos.
"Las copias se dan por los relatos de ex funcionarios a través del radicado 12753 que se adelanta en el mismo despacho, por violación a la intimidad", sostuvo la jefa de la Unidad Delegada Ante la Corte. Las personas perjudicadas se podrán convertir en parte civil del proceso.
Almeida afirmó que para no entorpecer las investigaciones, sólo daba a conocer el radicado del proceso y no podía suministrar los nombres de los funcionarios actuales que son investigados.
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