En épocas electorales es muy común que en Colombia se traiga a discusión el viejo problema de la tierra y, en especial, el relacionado con lo que se ha denominado como reforma agraria.
Sin embargo, el problema de la tierra tiene ahora un ingrediente adicional, el acaparamiento de este recurso por parte de los grupos armados ilegales y, en especial, de los narcotraficantes.
En realidad, para un neófito en el tema o para un extranjero que poco conozca del país, cuando se habla de los millones de hectáreas que están en manos de estos grupos y se compara esta cantidad de tierra con el área agrícola disponible, queda la sensación de que una buena parte de la tierra en Colombia está en manos de los irregulares.
Nada más alejado de la realidad. La producción agropecuaria en Colombia es realizada de manera legítima y honrada por miles de productores dedicados a su oficio y los que se encuentran diseminados por su amplia geografía.
Ello no implica desconocer el hecho de que el país enfrenta un problema serio y delicado en cuanto a la propiedad irregular de un número importante de tierras en ciertas regiones del país, asunto que llama a una intervención del Estado.
La discusión acerca de lo que se conoce como la reforma agraria se debe mirar desde una óptica más contemporánea en la que se tengan en cuenta los fracasos que a nivel mundial ha habido con este tipo de reformas, la necesidad del acceso a la tierra por encima de la mera propiedad de la misma, la definición y la clarificación de los derechos de propiedad y, al final de todo, la importancia de desarrollar un mercado de la tierra.
Sin lugar a dudas, el factor más importante para el desarrollo de las actividades agrícolas continúa siendo la tierra, no obstante que una visión más contemporánea de la actividad relaciona otros factores como la gestión o el conocimiento.
De otra parte, los expertos reconocen que la tierra es la mejor opción que tienen los pobres rurales de salir de la pobreza.
Estos dos aspectos llevan a que las recomendaciones de política que se hacen desde diversas perspectivas realcen, como un asunto de gran relevancia, el acceso de los pobres rurales al recurso tierra.
Luego del fracaso de los diversos programas de reforma agraria puestos en marcha en el pasado por gran parte de los países en vía de desarrollo, en la actualidad a los programas masivos de reforma agraria no se les ve como una opción política realizable o, en el caso hipotético de adelantar los mismos, la magnitud de recursos fiscales requeridos para ello los hacen inviables.
Esto ha hecho que los estudiosos del tema planteen que antes que considerar una sola opción es mejor ver el problema desde una óptica más amplia y comprensiva donde se disponga de muy diversas opciones de acceder a la tierra, permitiendo así contar con esquemas más flexibles.
Lo que en general se considera fundamental es lograr el desarrollo y la profundización del mercado de tierras de tal forma que se consiga que el mismo opere eficientemente. Una operación eficiente del mercado de tierras implica, a su vez, una asignación eficiente del recurso tierra en los correspondientes procesos productivos.
En estas condiciones, lo deseable es lograr que el acceso a la tierra sea flexible y no implique altos costos de transacción. Con ello se alcanzan ganancias tanto de eficiencia como de bienestar y se asegura que los pobres no sólo accedan a la tierra sino que utilicen los diversos canales de acceso a este recurso.
Una discusión más provechosa acerca del problema de la tierra en Colombia debería incorporar visiones más contemporáneas y realistas del mismo.
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