Las protestas de las últimas tres semanas de los campesinos del Catatumbo, que tienen ya varios muertos y amplias zonas de Norte de Santanderr paralizadas, dejó ver, de nuevo, las dificultades que afrontan, desde su comienzo, los programas de erradicación y sustitución de cultivos ilícitos.
La presencia de grupos armados ilegales, la falta de vías para sacar sus productos legales y el abandono estatal al que están sometidos los campesinos, hace que los proyectos productivos o alternativas para alejarse de la ilegalidad, no siempre tengan los resultados esperados. No obstante, hay regiones que están a punto de la erradicación total; un ejemplo es el programa Caldas sin coca.
El último reporte de medición de cultivos ilícitos en el país, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), señala un incremento de las hectáreas sembradas con coca al pasar de 62.000, en 2010, a 64.000, en 2011.
Según el reporte, se trata de un "leve" incremento en el área sembrada, pero hay disminución de los municipios afectados. Es más, se informó que en las poblaciones en las que históricamente se encontraron cultivos de coca como Marití-Paraná, en Amazonas; Puerto Colombia, en Guainía; Mesetas, en Meta; y Yaravaté, en Vaupés, en 2011 no registraban cultivos. El informe de 2012 está próximo a salir.
Se ha bajado la guardia
Alfredo Rangel, director del Observatorio Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, de Bogotá, asegura que es evidente que se ha bajado la guardia en el tema de erradicación de cultivos ilícitos, lo cual a su juicio tiene tres causas: la disminución de la ayuda del gobierno de Estados Unidos, los ataques de la guerrilla a los erradicadores manuales y el cambio del discurso en la lucha antidrogas en Colombia.
Y es que a la reducción de los aportes graduales de E.U. al Plan Colombia pactados desde su inicio (en los que Colombia debe comprar el glifosato para las fumigaciones) se suma la crisis económica que golpea a ese país.
La asignación de 332 millones de dólares para 2013 representó una disminución del 15 por ciento frente a 2011, según lo expresó el Gobierno. De esta suma, unos 142 millones de dólares se destinaron a la lucha contra el narcotráfico.
A la reducción de recursos se suman los ataques de la guerrilla contra los erradicadores manuales y a los miembros de la fuerza pública que se encargan de vigilarlos. "Ya no son solo las minas antipersonal sino los francotiradores", indicó Rangel.
Por último, y a su juicio, lo más grave, está en el discurso del presidente Juan Manuel Santos frente a la lucha antidrogas. "¿Cómo se les puede pedir a los militares y policías que se expongan en las zonas de erradicación y combatiendo a los narcotraficantes, si el Gobierno maneja un mensaje ambiguo porque al tiempo que habla de la despenalización dice que se va a continuar con la lucha contra las drogas", explicó Rangel.
Menos de 50.000 hectáreas
Para este año la meta del Gobierno es que la superficie sembrada con coca sea inferior a 50.000 hectáreas.
Para lograrlo, el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón anunció un cambio en la estrategia de erradicación de cultivos ilícitos que consistirá en focalizar los esfuerzos en cuatro departamentos (no especificó en cuáles ).
El cambio, según Pinzón, busca no solo hacer un control más efectivo en las zonas en las que se realiza la erradicación sino a la resiembra. Al final de 2013, se lograría establecer no sólo el número de hectáreas erradicadas manualmente y con fumigaciones sino verificar qué zonas del país se podrían declarar como libres de coca.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
