En la cabecera municipal de Ituango no se veía tanta muerte y destrucción desde el 6 de marzo de 1995.
A diferencia de lo ocurrido la noche del pasado jueves, esa vez lo que sacudió a ese municipio del Norte de Antioquia no fue la explosión de un artefacto, sino la incursión armada de guerrilleros de los frentes 5, 18, 34, 36, 57 y 58 de las Farc, en la cual murieron un policía y 5 civiles, y fueron destruidas las sedes de la Caja Agraria, el Banco Cafetero, la estación de Policía y parte de la Alcaldía.
Después de ese día, la cabecera municipal fue blanco de hostigamientos por parte de la guerrilla contra la Policía y el Ejército, fue temporalmente bloqueada o cercada por paramilitares y rebeldes, los cuales causaron muchas muertes en las zonas rurales y unos pocos en el casco urbano.
Los hostigamientos más recientes de las Farc en la cabecera municipal ocurrieron en marzo y noviembre de 2003, en los cuales se registraron tres muertes, uno en el primero y dos en el segundo.
Pero desde 2004, cuando se reforzó la presencia de las Fuerzas Militares y de la Policía y, un año después, con la llegada de la Brigada Móvil número 11, la seguridad en el casco urbano mejoró de tal manera que, desde entonces no se habían registrado acciones armadas o ataques terroristas dentro de él.
Zonas rurales
A diferencia de la cabecera, en algunas veredas de Ituango, la situación ha sido difícil, pues el frente 18 de las Farc mantiene presencia, sostiene combates y ha minado muchos caminos, para tratar de frenar la ofensiva de la Brigada Móvil 11.
Sólo por mencionar uno de los casos más recientes, en marzo pasado, alrededor de 700 habitantes del cañón de San Pablo de Riosucio, y de las veredas El Castillo, Leones, Alto de San Agustín y San Agustín de Leones, se desplazaron hacia la cabecera municipal para escapar de los combates entre militares y guerrilleros.
En esa ocasión, un joven que viajaba en una mula se salvó de la explosión de una mina, pues el impacto del artefacto dio contra el animal, que murió de inmediato.
El desplazamiento de los civiles fue atendido por la Alcaldía Municipal, el Departamento Administrativo de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard) de Antioquia y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ayudaron en el alojamiento, atención en salud y alimentación, mientras pasaba la emergencia.
Pocas semanas después, cuando los enfrentamientos amainaron, los labriegos aceptaron retornar a sus parcelas, pese a las amenazas que representaban las minas instaladas por las Farc.
En otro hecho reciente, campesinos cultivadores de hoja de coca del corregimiento de Santa Rita fueron presionados por las Farc para que se unieran a las protestas que se registraron en Valdivia y Tarazá, por la campaña de erradicación de cultivos ilícitos en el Norte y Bajo Cauca antioqueños.
Con la situación actual, la Fuerza Pública anunció que va aumentar su presencia en ese municipio, lo cual puede significar que los enfrentamientos con las Farc se incrementen en esa zona del departamento.
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