Hace poco recibí dos noticias, una buena y una mala.
La buena: Que el juez tercero administrativo del circuito falló una acción popular a favor de la comunidad afectada por la Rumba Segura en El Poblado.
La mala: Que la Alcaldía apeló el fallo.
¿Por qué? Pregunta de los cien millones. ¿No se supone que la Alcaldía es garante de los derechos de todos los ciudadanos, en particular de los más débiles?
¿Qué intereses ocultos, políticos, económicos o de otra índole puede haber para que un fallo que beneficia a miles de ciudadanos sea apelado por la propia autoridad municipal? ¿Por qué se empeña en defender solamente a una de las partes, la más fuerte y con más poder?
El fallo declaró violados los derechos e intereses colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y a la salubridad públicas. No garantiza, por supuesto, que las miles de personas afectadas vuelvan a vivir tranquilas algún día, a no ser que emigren, pero por lo menos se les promete, así sea en el papel, que las entidades de control estarán pendientes de que los negocios nocturnos respetarán los horarios de funcionamiento y los niveles de ruido permitidos.
Igualmente ordenó considerar la propuesta sobre congelación para nuevos establecimientos abiertos al público con venta y consumo de licor y acogió algunas recomendaciones del comandante de la Estación de Policía de El Poblado en cuanto a seguridad.
Claro que "aquí se obedece pero no se cumple", como decían los criollos cuando de España llegaban más y más ordenanzas de tributos para el rey, en la época de la Corona.
Pese a que en el Plan de Ordenamiento Territorial se lee todo muy bonito, el problema de la rumba en sitios inapropiados crece sin control, extiende sus redes por toda la ciudad y atrapa los barrios residenciales en una telaraña de ruido y vandalismo.
Sólo en El Poblado hay más de 400 establecimientos entre cantinas, bares, licoreras, fondas, discotecas o como quiera que se llamen, y muchos de ellos están ubicados frente o al lado de iglesias, escuelas, colegios, universidades, clínicas, centros de salud y asilos de ancianos.
El parque de El Poblado, el parque Lleras, las calles 9, 10, 10 A, Provenza, Poblado Centro, Río Sur, La Strada, el barrio Colombia, algunos sectores de la 33, Castilla, la 70, la 80, San Juan, las Torres de Bomboná, algunos sectores del centro de Medellín y muchas otras zonas, se han "guayaquilizado", lo que ha obligado al desplazamiento masivo de familias por el ruido, el desorden, la incultura ciudadana y la inseguridad.
Y cuando hay una luz de esperanza, la alcaldía apela, como si se prefiriera el caos por encima de la tranquilidad, la salud, el descanso, la cultura, la sensatez, la dignidad humana y la decencia.
No es un secreto que muchas de nuestras entidades de control, amparadas en el debido proceso, le dan contentillo a la comunidad y acomodan las situaciones a conveniencia. Lastimosamente, qué pena decirlo, muchos de nuestros problemas se "arreglan" transando con billetes por debajo de la mesa.
En el caso de los sectores invivibles por uso equivocado del suelo parece haber un colectivo de la corrupción que afecta los intereses de miles y miles de ciudadanos del común, pero ahí sí, ¡apelación a los infiernos….
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