Al Defensor del Pueblo le restan más de seis meses en su cargo, pero desde ya se debate si debe o no ser ternado para un periodo más. Lleva casi nueve años frente a esta entidad y por su largo mandato, hay muchos que, de manera sarcástica, lo llaman "defensor del puesto".
Vólmar Pérez llegó a la Defensoría en septiembre de 2003 y fue reelegido en marzo de 2004 y en agosto de 2008.
Quien ha liderado con más ahínco la idea de que Pérez debe dejar la Defensoría del Pueblo es el presidente de la Cámara de Representantes, el liberal Simón Gaviria.
"En los últimos nueve años, la Defensoría ha estado ausente de gran parte de los más importantes debates que se han dado en el país en temas tan sensibles como el de las víctimas, o la restitución de tierras, donde un Defensor no solo debe estar presente, sino liderando. Nuestra reflexión sería darle un nuevo rumbo a esa entidad", dice Gaviria, quien va más allá y cuestiona duramente la labor hecha por Pérez. "Ser el Defensor del Pueblo no es simplemente asistir a la oficina de 9 a.m. a 5 p.m".
No quiere seguir
Frente a estas críticas, Pérez es enfático al decir que no aspira a que se le terne para un nuevo período en la Defensoría. "Yo no intervengo en debates políticos", aclara.
Vólmar Pérez es claro que su ciclo en la institución ya está a punto de culminar.
"Creo que ya cumplí con una tarea responsable al frente de la Defensoría del Pueblo. Dejo una Defensoría fortalecida. De acuerdo con el estudio adelantado por la Universidad de Vanderbilt (E.U.), somos la quinta entidad en confianza institucional".
Sobre los cuestionamientos a la eficiencia de la entidad, Pérez señala: "Hoy estamos atendiendo entre el ochenta y el noventa por ciento de todas las diligencias judiciales del país en materia penal. Contamos con investigadores criminales, con técnicos en criminalística y cinco laboratorios de apoyo a la tarea que cumplen los defensores públicos".
Sus aliados
Para algunos dirigentes de organizaciones que trabajan por los derechos humanos en el país, el problema de la administración de la Defensoría del Pueblo no es su líder, sino la falta de apoyo a la entidad.
"La Defensoría tiene unas debilidades estructurales que no pueden ser atribuibles a uno u otro defensor, creo que tiene una debilidad financiera muy grande para cubrir todo el territorio, para acompañar a las víctimas. Aquí se requiere una decisión de Estado para que la Defensoría tenga la capacidad que debería tener para ejercer su función", señaló Marco Romero , presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes.
La falta de recursos y apoyo estatal para el funcionamiento de la entidad parece evidente. La Defensoría del Pueblo, según un balance reciente presentado ante la Corte Constitucional, indica que la entidad tiene presencia en 167 municipios con defensores comunitarios, pero las entidades de derechos humanos señalan que en el país son 300 los municipios que los necesitan.
Le faltó a la gestión
Para el exdefensor del Pueblo Jaime Córdoba Triviño , la administración de Pérez en la Defensoría ha tenido aciertos y desaciertos.
"Son destacables los informes específicos en materia del derecho a la salud, prisiones y defensoría pública penal, pero no fue muy clara su posición en debates muy neurálgicos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, especialmente por conductas imputables a agentes del Estado, como el caso de los falsos positivos".
Córdoba Triviño considera que su mayor pecado es, "su poca independencia y rigor frente a las acciones del gobierno anterior. Silencio en el tema de la violación al derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones y a la intimidad de magistrados, periodistas y líderes de la oposición".
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