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Arresto de 10 alcaldes dispara críticas en campaña electoral

27 de mayo de 2009
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El arresto de diez alcaldes y 18 funcionarios por sus presuntos nexos con el cartel de La Familia en México reabrió este miércoles en plena campaña electoral el debate sobre la relación del hampa con los políticos y cómo hacer frente al crimen organizado desde instancias locales, estatales y federales.

Aunque la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía) rechaza categóricamente que tras la operación lanzada en Michoacán haya algún móvil político, los partidos exigen al Gobierno imparcialidad en este tipo de operaciones.

El próximo 5 de julio los mexicanos acudirán a las urnas para renovar los 500 escaños de la Cámara de los Diputados, para elegir a cinco gobernadores, alcaldes y diputados locales en varios estados del país, entre los que no está Michoacán.

En la campaña, iniciada el 3 de mayo, el Partido Acción Nacional (PAN), del presidente Felipe Calderón, enarbola como bandera el combate frontal al crimen y criticado con dureza al Revolucionario Institucional (PRI), que gobernó México de forma ininterrumpida desde 1929 a 2000, por no afrontar este problema en el pasado.

Críticas de forma
En este contexto, y tras la importante operación del martes, el gobernador michoacano, Leonel Godoy, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), reprochó este miércoles que el Gobierno federal no le hubiera puesto al tanto de la misma.

El presidente de su partido, Jesús Ortega, lo respaldó y exigió "que las autoridades encargadas de perseguir a los delincuentes no tomen en cuenta militancias políticas o partidistas".

"¿Qué demandamos? Elemental coordinación y una actitud imparcial en la actuación de las policías e instituciones federales", añadió.

Lo cierto es que los diez alcaldes arrestados hasta el momento pertenecen al PRI (6), al PRD (2) y al PAN (2).

Este miércoles en la mañana legisladores del PRI apoyaron la operación en Michoacán contra la red que servía a La Familia, pero criticaron el modo en que se materializó.

"Creemos que es una lucha permanente entre los gobiernos estatales, de cualquiera partido que sea, con las autoridades federales y no puede hacer o tener un trato distinto", dijo a Efe la diputada Elizabeth Morales, portavoz del PRI en la Comisión Permanente.

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