Casi un año después de su imputación, el juez Baltasar Garzón sigue peleando su inocencia.
El magistrado español más popular presentó una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo al considerar que la justicia española ha vulnerado sus derechos, informó este viernes su bufete de abogados.
El magistrado está procesado en España, y a la espera de juicio, por una presunta prevaricación -el delito de dictar a sabiendas una resolución injusta- por su fallida investigación de los crímenes de la guerra civil española y la posterior dictadura de Francisco Franco.
La demanda está dirigida contra el Tribunal Supremo español y fue remitida el jueves al Tribunal de Estrasburgo. Garzón argumenta que el proceso en su contra ataca o perjudica la independencia de los jueces, la libertad de interpretación de la ley y, por tanto, al estado de derecho al dejar indefensas a las víctimas.
El texto señala que las desapariciones y fusilamientos ejecutados por las tropas leales a Franco durante la guerra (1936-1939) y la posterior dictadura (1939-1975) son crímenes contra la humanidad. Es decir, se trata de delitos que no prescribieron al amparo de la ley de amnistía promulgada en 1977 tras la muerte del dictador.
Garzón está representado en el caso por el grupo Interights, con sede en Londres, especializado en litigios internacionales sobre casos de derechos humanos.
"Los jueces no pueden ser castigados por su interpretación de la ley. Es una seria amenaza a la independencia judicial", dijo Sarah Harrington, portavoz de Interights.
"El potencial efecto negativo sobre otros jueces cuando tengan que decidir sobre casos controvertidos es obvio y supone una grave amenaza para el estado de derecho", añadió.
Azote judicial del grupo separatista vasco Eta, famoso en todo el mundo por sus investigaciones de la dictadura militar argentina y del dictador chileno Augusto Pinochet, Garzón intentó en el 2008 abrir la primera gran causa sobre la guerra civil española y el régimen franquista.
Además, ordenó abrir una veintena de fosas comunes en las que se encuentran enterradas víctimas de la dictadura franquista y la guerra civil. Según dijo Garzón, hasta 114.000 personas permanecen desaparecidas o enterradas en fosas desde aquellos años.
Sin embargo, la fiscalía rebatió los argumentos del juez, asegurando que los delitos mencionados por Garzón prescribieron al amparo de la ley de amnistía promulgada para restañar las heridas de la dictadura en 1977, dos años después de la muerte de Franco.
Casi sin apoyos, el juez aceptó a regañadientes que no tenía competencia para seguir adelante y dejó el asunto de la exhumación de cadáveres y las fosas en manos de tribunales regionales.
En mayo de 2009, el Tribunal Supremo admitió a trámite una querella por prevaricación presentada por el sindicato conservador de funcionarios Manos Limpias por la causa contra el franquismo.
El magistrado testificó a puerta cerrada, negó mala praxis e intentó pedir el archivo del caso en sucesivos recursos que fracasaron uno tras otro.
Tras una larga instrucción, Garzón fue formalmente acusado de prevaricación y se ordenó la apertura de vista oral en abril de 2010. Como resultado, el juez fue apartado temporalmente de sus funciones a la esperar de la resolución del caso y actualmente trabaja como asesor para la fiscalía de la Corte Penal Internacional de La Haya.
Hasta el momento, el Supremo no ha fijado una fecha para el juicio contra Garzón. Su equipo defensor ha recusado por supuesta parcialidad a la mayoría de los siete magistrados del Tribunal que, en principio, presidirán la vista.
Mientras el caso sigue su curso en España, Harrington precisó que Estrasburgo tardará más de un año en adoptar una resolución, que será vinculante para el país ibérico.
Si Garzón es finalmente condenado en España, se enfrenta a un periodo de inhabilitación máximo de 20 años, lo que supondría el punto final a su rutilante carrera en la magistratura.
Pero una decisión a su favor en Estrasburgo obligaría al Supremo español a absolverlo.
